No es fácil de entender porque los dirigentes políticos acostumbran a administrar el dinero de los ciudadanos gastando más de lo que ingresan, es decir gastando lo que no se tiene. Esta práctica lleva a un endeudamiento creciente que encarece cada vez más la financiación y puede llegar a hacerla insostenible.
Tampoco se entiende que haya políticos, sobre todo los de izquierdas, que defiendan tener déficit porque lo identifican como la base del llamado estado de bienestar. Precisamente el déficit presupuestario continuado acaba empobreciendo a los ciudadanos por un encarecimiento general de los productos y servicios y a través de subidas de impuestos y obligados recortes de prestaciones.
Llevar a la Constitución la obligación de déficit cero es ahora necesario porque a pesar de ser un principio elemental no será nunca respetado si no lo impone la carta magna. Y para imponer este principio no hay que hacer ningún referéndum, más bien habría que haberlo hecho para que los ciudadanos autorizaran eventualmente violar este principio natural de no gastar lo que no se tiene.
La flexibilidad que propone el partido en el gobierno de que no figuren límites de déficit en la Constitución y que se fijen por ley significa seguir igual que estamos porque las leyes las “arregla” el gobierno de turno mientras que modificar la Constitución requiere mayorías cualificadas.
Más bien, una vez incorporada a la Constitución la obligación de déficit cero, habría que complementarla con una ley de estabilidad presupuestaria que exigiera responsabilidades a los responsables políticos que generen déficit en las cuentas públicas. Creo que algo de esto se legisló en Brasil y acabaron con el problema.