Democracia española, autocracia latente

Los políticos suelen referirse a menudo a “la democracia que nos hemos dado” y debe de tratarse de un “nos” mayestático, ya que los ciudadanos no hemos tenido participación alguna en la elaboración del texto constitucional sometido a plebiscito en 1978. Los dirigentes de los partidos políticos que establecieron las reglas del juego, pensaron sobre todo en dejar bien organizado y blindado el corporativismo y supremacía de la clase política. Todo atado y bien atado.

Hoy en día los ciudadanos españoles tenemos libertades individuales, derechos humanos, y otras garantías sociales de contorno propias de los estados occidentales del siglo XXI. Sin embargo estamos totalmente apartados del núcleo duro de la política y de los poderes del Estado, coto reservado a los partidos políticos dominantes, ya que los ciudadanos no estamos representados ni por tanto podemos participar y no hay otra soberanía que la de los partidos políticos.

Pero lo peor es que las leyes fundamentales hacen posible que los poderes básicos del Estado se concentren en la cúpula del partido gobernante y ésta dirija al país de forma autocrática sin contrapeso alguno. El partido que gobierna tiene mayoría en el Congreso donde hay disciplina de voto y donde en caso necesario se asegura votaciones con las concesiones que hagan falta a grupos parlamentarios minoritarios, aunque sean corrosivas para los intereses nacionales.

El Tribunal Constitucional, poder judicial que en la práctica está por encima del Tribunal Supremo, está compuesto por cuatro miembros que nombra el Congreso, cuatro que nombra el Senado, dos que nombra el Consejo General del Poder Judicial y dos que nombra el Gobierno. Es decir, está controlado de forma latente por el Gobierno, como en la práctica se deduce de las sentencias más decisivas.

Pero hay también otros organismos que regulan importantes decisiones de país y que se suponen independientes que sin embargo están también controlados de forma latente por el Gobierno. Un ejemplo es la Comisión Nacional de la Energía, formado por un presidente y seis miembros nombrados por real decreto a propuesta del ministro de economía tras debate parlamentario, es decir con el control de la cúpula del Gobierno. Los nueve miembros de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se nombran también de esta forma, a propuesta conjunta de los ministerios de Industria y Economía. El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales le ocurre lo mismo aunque en este caso se requiera de una mayoría parlamentaria de tres quintos. Y podríamos seguir.

Este poder autocrático latente está sólo amenazado por el tiempo, cada cuatro años, pero esa caducidad sólo sirve para que eventualmente gobierne otro partido con el mismo funcionamiento. Nada de lo que ocurra, por muy desastroso que sea, puede desafiar al poder, sin que los ciudadanos podamos defender los intereses que mayoritariamente consideremos oportunos, como por ejemplo un cambio de gobierno.

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