La ley electoral
es la piedra angular de la democracia y debe de servir para determinar quién es el representante político de cada ciudadano. El sistema electoral que han adoptado los países democráticos más desarrollados se basa en la circunscripción uninominal, es decir en la división del territorio en tantas circunscripciones electorales como representantes a elegir. Es la fórmula que se aplica en Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Japón y Alemania.
Con este sistema cada elector tiene su representante, que es quien ha sido elegido democráticamente en su circunscripción electoral para representar los intereses e inquietudes de la mayoría de sus electores por encima de los compromisos de su partido. Los ciudadanos pueden trasmitir sus inquietudes o proponer iniciativas concretas a sus representantes cada día de la legislatura. Sin embargo en España esto no es posible ya que el ciudadano español no elige a su representante político sino que vota la lista de un partido cuyos miembros solo representan a quien la hizo.
Votar a los partidos es en la práctica votar marcas, ya sea “derechas”, “izquierdas” o «independencia». La marca ganadora gobierna durante cuatro años sabiendo que los ciudadanos no tienen ninguna posibilidad de intervenir aparte de eventuales algaradas callejeras. Los partidos políticos mientras tanto disfrutan de dinero público para ser cada vez más poderosos y desarrollar sociedades y fundaciones para colocar a sus fieles. Es lamentable que en la transición política nos hayan endosado un sistema electoral radicalmente diferente al de las democracias más establecidas y mejor desarrolladas y hayan decretado que el ciudadano solo pueda en realidad elegir cada cuatro años entre “derechas”, “izquierdas” o «independencia».
La clase política, si verdaderamente defiende el interés común, debería replantearse el sistema electoral y ponerlo en línea con los países líderes en progreso, desarrollo y justicia social.