Todos los que razonan un poco sobre la situación económica actual entienden que para que aumente el empleo tiene que haber crecimiento económico y que para que haya crecimiento económico tienen que aumentar las iniciativas empresariales y las inversiones. No hay que ser muy listo para entender que el crecimiento económico no es posible si no somos capaces de hacer reformas que generen credibilidad y confianza en el futuro económico.
Partiendo de un déficit que llegó a escalar al 11% y de una deuda total con el exterior en torno al 300% del PIB, empleando el 4% del PIB en aumentar año a año la plantilla del Estado y desplomándose la construcción que suponía el 12% del PIB, es evidente que hay que hacer reformas. Nadie en su sano juicio puede argumentar en contra y de hecho nadie lo hace.
Otra cuestión es qué reformas hay que hacer y quién las hace. Quién las hace está muy claro que tiene que ser el Gobierno que los ciudadanos han elegido por mayoría absoluta. Qué reformas deben hacerse tendrá que ser también el Gobierno y el Parlamento quien las decida, a ser posible con amplia mayoría, después de asesorarse y de escuchar las propuestas de los ciudadanos, aunque esto último no es posible debido a que la soberanía popular está intervenida por los partidos políticos.
Por desgracia los ciudadanos estamos al margen y no podemos opinar. No tenemos otra opción que dejar hacer las reformas al Gobierno que hemos elegido. Desde luego es mejor opción que hacer caso a todos los mequetrefes, chisgarabís, zascandiles y calandracos que se lanzan a la calle para tratar de imponer otra voluntad que la que dieron las urnas. Otra cosa sería si en la calle se pidiera hacer la madre de todas las reformas, base de todas las demás, un sistema electoral con circunscripciones uninominales para articular la representación y participación popular.