Reducir gasto público es una necesidad en la que gran número de economistas están de acuerdo porque la presión fiscal es excesiva y sigue habiendo déficit, habiendo llegado la deuda a ser casi igual al PIB. Reducir gasto público permitiría también reducir el IRPF a la «golpeada» clase media, lo que se trasladaría a incrementar el consumo y los ingresos de IVA. Por el momento los ciudadanos no percibimos que se haya profundizado demasiado en reducir gasto público, aparte de las reducciones que dice la oposición se han producido en servicios básicos de sanidad y educación. La estructura del Estado sigue siendo excesiva, las empresas públicas innecesarias creadas en los últimos años siguen existiendo, las subvenciones que casi nadie haría con su dinero siguen prodigándose y sigue habiendo privilegios innecesarios.
Reducir gasto público es ciertamente necesario pero, aparte de los signos externos que llegan al conocimiento popular, el entendimiento de las reducciones concretas de gasto que pueden hacerse es materia complicada que solo pueden entender unos pocos expertos. La ley 22/2013 del pasado 23 de diciembre, que determina los presupuestos del Estado para el presente año, ocupa 528 páginas del Boletín Oficial y es un arcano para los muy iniciados. En el preámbulo indica que está dirigida «a todos los que la presente vieren y entendieren«, es decir a un muy reducido grupo de personas. Indica también que dicha ley ha sido aprobada por el Congreso y cabe preguntarse hasta que punto todos los diputados la «vieron y entendieron» habida cuenta de su complejidad y de que al fin y al cabo votan según les indique el jefe de fila. Los ciudadanos no pueden opinar porque no tienen un representante con nombre y apellidos a quien dirigirse. Y como todo queda a la voluntad del partido en el gobierno, no hay ningún esfuerzo para dar a conocer los presupuestos de forma que sea entendible para que los ciudadanos puedan «ver«, intenten «entender» y en su caso opinar.
Aparte del objetivo de reducir gasto público, el entendimiento de las cuentas del Estado y la participación ciudadana contribuiría a extremar el control que a tenor de las noticias que vemos a diario no parece que sea suficiente para prevenir malversaciones y excesos relevantes.