Reforma de la ley electoral

Cualquier movimiento ciudadano que pretenda que haya auténtica democracia, tiene que comenzar por demandar una reforma electoral para que los ciudadanos tengan una representación legítima que sea legal, cierta, genuina y verdadera, condiciones que actualmente no se cumplen.

Si lo que realmente reivindica un movimiento ciudadano es que haya una democracia real y no solo aparente, tendría que concentrar su demanda básica y toda la energía desplegada al tema único de reforma de la ley electoral, porque la reforma de la ley electoral es previa a cualquier otra propuesta de ley que pretenda estar legítimamente respaldada.

La propuesta de nueva ley electoral no debe caer en la trampa de limitarse a corregir la proporcionalidad entre votos y escaños de los partidos, o hacer las listas abiertas, porque estas dos reformas mantendrían la situación actual en la que son los partidos y no los ciudadanos quienes están representados en el Parlamento. La reforma tiene que corregir la marginación actual del ciudadano que no tiene otra participación que votar cada cuatro años. El ciudadano tiene que tener un cauce de participación que esté abierto permanentemente y ello sólo es posible si cada ciudadano tiene un representante concreto con nombre y apellidos.

No hay que inventar nada, porque es lo que está vigente en Francia, Alemania, EEUU, Reino Unido y otras democracias avanzadas del mundo occidental. Basta con definir tantas circunscripciones electorales como diputados a elegir, de forma que en cada una de ellas resulte elegido un representante. Los partidos siguen operando, pero queda articulada la participación ciudadana y los diputados representan en primer lugar a los electores de su circunscripción y solo en segundo lugar a su partido, con lo que se rompe la disciplina de voto.

De esta forma los ciudadanos pueden influir en cada una de las leyes concretas y no como ahora que solo pueden dar su voto al paquete global del programa del partido que incluye tanto propuestas aceptables como inaceptables. Con esta representación cada ciudadano puede libremente participar sin tener que ser necesariamente militante de un partido y depender de su dinámica interna. Estando asegurada la representación legítima y los cauces de participación ciudadana, las leyes podrán orientarse de acuerdo con la voluntad popular. La separación de poderes sería una de las primeras metas que un Parlamento genuinamente representativo se plantearía.

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