La reforma del Estado del año 1978 la hicieron siete políticos que representaban dos partidos de derechas, dos partidos de izquierdas y un partido nacionalista. Aparte de poner al día muchas normas de convivencia, el núcleo fundamental de la reforma del Estado consistió en que la soberanía residiera de hecho en los partidos políticos y en que los tres poderes del Estado fueran controlados por la mayoría en el poder. Los siete «padres» hicieron este desaguisado a conciencia para asegurar que nacía una casta política con largos años de privilegios por delante, que se repartiría el poder con alternancia entre la derecha y la izquierda, dejando a la ciudadanía la única participación de votar cada cuatro años a un partido político.
Si hubieran sido honestos, hubieran adoptado la esencia del sistema electoral que está vigente en las principales democracias: Francia, Alemania, EEUU, Reino Unido…etc, en las que el ciudadano no vota a un partido sino a un candidato concreto, aunque éste pueda pertenecer a un partido. Es decir, un solo candidato por circunscripción electoral, de forma que el diputado elegido en cada circunscripción es el representante de todos los ciudadanos de dicha circunscripción y a él pueden dirigirse individualmente o en grupo para opinar, cuestionar, proponer, censurar, …etc, lo que en la actualidad no puede hacerse. Si esto hubiera existido en España, el clamor popular se desesperación se hubiera canalizado estos años pasados a través de los representantes (hoy inexistentes), y el Parlamento hubiera servido para tratar los temas que en realidad interesan a la ciudadanía, en lugar de servir para pelearse los unos y los otros.
Si hubieran sido honestos, la reforma del Estado hubiera incorporado la separación de poderes, cuestión elemental que no hay que ser un genio para entenderlo, y entonces hoy en día hubiéramos tenido un poder judicial independiente. Si hoy tuviéramos un poder judicial independiente y una leyes elaboradas con la participación ciudadana, muchos políticos deshonestos, corruptos, o simplemente irresponsables, estarían en la cárcel en lugar de seguir disfrutando de privilegios a costa del dinero público.
La reforma del Estado que ahora hay que hacer debe de incluir este núcleo fundamental, además de la elección directa del Jefe del Gobierno y muchas otras cosas como eliminar la mayor parte del tinglado autonómico. Lo malo es que no sabemos quien puede hacerlo sin que corra la sangre. Los mismos políticos (o mejor dicho sus sucesores) que un día se pusieron de acuerdo para hacer la reforma del Estado a su conveniencia no parecen dispuestos a ello. Si el actual Jefe del Gobierno estuviera por la labor podría empezar por intervenir las autonomías inviables sustituyendo sus órganos de gobierno y recuperando las principales transferencias de servicios. Aunque algo parecido debería suceder a nivel del Estado si se produce la intervención europea.
Con un Monti o sin un Monti, es urgente plantearse la reforma del Estado con criterios de separación de poderes, de representación y participación ciudadana, de máxima eficiencia económica y de máxima simplicidad administrativa, elementos indispensables para recuperar la confianza de los inversores.