Las subvenciones a Bildu por los votos escrutados, por los representantes elegidos, por los sueldos, las recibidas directamente y las que se concedan ellos mismos en las instituciones que controlen, parece que son cuantiosas y ya lo han comprobado con la presencia en los ayuntamientos. Se presumen superiores a lo que recauda su entorno en clandestinidad, lo que quizás sea el principal ingrediente que ha presidido las supuestas negociaciones.
La decisión del Tribunal Constitucional sobre las listas electorales de la coalición Bildu que fueron previamente desautorizadas por el Tribunal Supremo se supone que fue una decisión política. El Tribunal Constitucional lo componen doce miembros, cuatro nombrados por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial. Dado que el poder ejecutivo domina también en las cámaras legislativas, la voluntad del Gobierno es decisiva.
El principal problema en esa Comunidad es que haya gente tan desalmada que apoye un programa político edificado sobre los crímenes del terrorismo. Se supone que conseguirán en torno al 20% de apoyo popular y que su principal empeño será a largo plazo la independencia.