La transparencia del gasto público ayuda a que los dirigentes del poder ejecutivo den prioridad a la honesta, austera y eficiente administración del bien común. En un país como el nuestro, en el que las libertades individuales y la justicia social son objetivos que se supone asumen los ciudadanos y todos los partidos políticos, el primer mandamiento que deben cumplir los dirigentes del poder ejecutivo es administrar el bien común de forma intachable.
Los presupuestos generales del Estado siempre son sospechosos de incluir gastos e inversiones innecesarios. La administración del dinero público deja mucho que desear a tenor de los datos que de cuando en cuando se dan a conocer en los medios y sobre todo por las muestras evidentes que observamos los ciudadanos: obras innecesarias, subvenciones absurdas o interesadas, proliferación de coches oficiales, proliferación de asesores, incremento desproporcionado de funcionarios, corrupción, solape de competencias en las diversas administraciones, ….etc.
Frente al despilfarro del gasto público poco podemos hacer los ciudadanos porque nuestra intervención se limita a votar cada cuatro años para que siga el poder en manos del partido gobernante o para que sea el partido de la oposición el que gobierne. Sea uno u otro, el poder ejecutivo resultante seguirá haciendo los presupuestos al margen de los ciudadanos, gastando dinero público con demasiada alegría, sin la prudencia con la que un padre de familia tiene que administrar su dinero.
Hace tan sólo unos años el ministro de Economía llevaba al Parlamento todo un cargamento de carpetas en las que se reflejaban los presupuestos que se sometían a aprobación, pero ahora solo acude con un disco de ordenador. Es decir que toda la información está informatizada y puede ser accedida por los diputados, aunque dudo mucho de que éstos la consulten o hagan con ella otra cosa que votar lo que su jefe de filas ordene.
Hoy la técnica permite dar un paso más y estructurar los presupuestos de forma que puedan consultarse a través de internet, igual que se supone los consultan en una red privada los gestores responsables de su gasto. Abrir la posibilidad de consultar los presupuestos a todos los ciudadanos es algo lógico y natural porque se trata de su dinero. No hay en principio zonas presupuestarias que requieran secreto u obscuridad, pero si en algunas hubiera duda bastaría con limitar sus desgloses, porque las cuentas públicas en su inmensa mayoría tienen que resistir la prueba de transparencia.
De momento, aun cuando se publicaran en la red los presupuestos generales del Estado y los de las autonomías y ayuntamientos, pocas iniciativas ciudadanas podrían llevarse a cabo porque carecemos de representación política, pero estaríamos ante un ejercicio de transparencia en el que tendríamos datos reales y no simplemente rumores y con ello el gasto innecesario empezaría poco a poco a caer por su propio peso.