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Debe gobernar la mayoría

Tanto en las elecciones andaluza la mayoria s como en las de Asturias debe gobernar la mayoría, pero está a punto de cometerse el sinsentido de que el partido más votado no sea el que gobierne. Si en Asturias el partido mayoritario es el socialista, debería gobernar, igual que en Andalucía debería gobernar el parido popular. Las coaliciones electorales deberían ser previas a las votaciones para que los ciudadanos tengan claro el programa que votan y no suceda que un partido que no es el más votado gobierne con las imposiciones extremas de un grupo minoritario que solo tiene un 11% de apoyo popular como es el caso de Andalucía, o que como sucede en Asturias coexistan dos partidos conservadores mas o menos iguales solo para disputarse cual de las dos facciones lidera la coalición.

No es aceptable que ideas comunistas ya obsoletas que solo apoyan un 11% de electores se impongan al partido socialista como pago a la coalición de izquierdas para que pueda gobernar. El partido socialista que a pesar de las veleidades de la última legislatura es una izquierda bastante centrada, se ve ahora en Andalucía obligado a considerar el «banco popular de tierras», la «implantación de la circunscripción electoral única» para Andalucía, la «economía democrática» planificada que hizo fracasar al comunismo, el «no a las bases de EEUU», el «proteccionismo agrícola», la «derogación de la ley antibotellón» y otras medidas que quizás permanezcan por el momento ocultas.

Este despropósito es consecuencia directa de la ley electoral que solo permite votar una lista de nombres previamente cocinados por un partido político, lo que equivale votar a un partido, es decir a una marca, y no votar a una persona que quieres que te represente, sea o no presentada por un partido. La circunscripción electoral uninominal es la que está vigente en las sociedades auténticamente progresistas y permite que cada ciudadano tenga su representante aun en el caso de que no sea a quien ha votado, detalle que el representante no tiene porqué conocer. Dicho representante canaliza las ideas e inquietudes de sus representados, los cuales tienen abierta una vía de participación que puede ser independiente de la militancia en un partido. En nuestro sistema, creado deliberadamente para repartirse el poder los dos grandes partidos, el ciudadano está obligado a delegar su soberanía a un partido político.

El partido comunista defiende la circunscripción única porque anula todavía más la representación y participación ciudadana y les da algunos escaños más para asegurar su posición de partido bisagra que impone políticas minoritarias. El sistema electoral con circunscripciones uninominales, que es el que debería implantarse en España, y que debió de haberlo sido en la transición, garantiza que gobierna el partido que ha alcanzado la mayoría de votos porque produce mayorías amplias que no tienen que comprar votos. Reflejan la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, pero a su vez el gobierno está permanentemente amenazado por la participación activa del pueblo a través de sus representantes que determinan la posición de éstos en las votaciones por encima de la disciplina de voto.

Transparencia del gasto público y de las subvenciones

Hay demasiadas muestras evidentes de obras innecesarias, subvenciones absurdas o interesadas, proliferación de coches oficiales, proliferación de asesores, incremento desproporcionado de funcionarios, corrupción, solape de competencias en las diversas administraciones, ….etc. Bienvenida sea la transparencia del gasto y de las cuentas públicas que está planteando el Gobierno que ya demandábamos el pasado 23 de agosto.

Una vez que las libertades individuales y la justicia social son objetivos ya asumidos por los ciudadanos y los partidos políticos, el mandato prioritario del poder ejecutivo es la honesta, austera y eficiente administración del bien común. Los ciudadanos poco podemos hacer al respecto porque nuestra intervención se limita a votar cada cuatro años, pero vemos que el dinero público se gasta con demasiada alegría, sin la prudencia con la que un padre de familia tiene que administrar su dinero.

Hoy toda la información está informatizada y puede estructurarse de forma que sea fácilmente consultarse a través de internet , pero la información tiene que publicarse sin demora para que su examen no sea una investigación “histórica” como sucede de hecho con los informes del tribunal de cuentas. Especial atención debería dedicarse a las subvenciones, incluyendo las subvenciones “en cascada” que a su vez otorgan los subvencionados. De momento, aun cuando se publiquen en la red los gastos generales del Estado y de las autonomías y ayuntamientos, pocas iniciativas podría tener un ciudadano dado que no tiene representante político, pero dispondremos de datos reales y no simplemente de rumores y con ello el gasto innecesario empezara poco a poco a caer por su propio peso.

El calendario electoral

calendario

La cultura funcionarial y su picaresca contamina el calendario electoral español que no entiende de urgencias en las convocatorias electorales ni en los relevos. Parece que predomina el interés de que los salientes queden colocados, pongan en “orden” sus papeles y decreten subvenciones. En las pasadas elecciones municipales hubo denuncias de destrucción de documentos, habiéndose llegado incluso a la intervención judicial para impedirlo.

Las elecciones del 20 de noviembre se convocaron en junio, con varios meses de antelación, dejando al país con un gobierno interino para afrontar situaciones de máxima gravedad. No contentos con esto, el decreto de disolución de las Cortes del 17 de septiembre fija otro periodo adicional de interinidad determinando que las nuevas Cortes se constituyan el 13 de diciembre, es decir 23 días después de conocerse el resultado de las elecciones.

En el Reino Unido, por ejemplo, las elecciones son casi inmediatas una vez que se disuelve el Parlamento y los candidatos electos toman posesión dos o tres días después. Aparte del margen para la manipulación, los largos periodos de interinidad adormecen a la Administración del Estado que sigue una inercia funcionarial de continuidad en la rutina como si no hubiera cosas que rectificar y como si el tiempo pudiera dilatarse eternamente.

Las elecciones generales y el túnel del tiempo

tunel del tiempo El planteamiento político del socialismo en este país está atrapado en el túnel del tiempo. Está todavía contaminado por doctrinas fracasadas de los estados socialistas y no tiene la flexibilidad suficiente para ofrecer estabilidad y competitividad en un entorno de libertad como es el de la Unión Europea. Los dirigentes socialistas son conscientes de esto pero están atrapados por su clientela y no se atreven a cambiar el rumbo de forma sensible.

Subyace en la doctrina socialista la idea de un estado paternalista que interviene excesivamente en la economía y en los usos y costumbres de los ciudadanos, con un sector público sobredimensionado y en continuo crecimiento, y con reglas proteccionistas que estimulan el aburguesamiento social y desincentivan las iniciativas emprendedoras. El país acumula ineficiencias, pierde competitividad y su economía se deteriora.

Si el país no formara parte de la Unión Europea y fuera un espacio de dictadura o un estado socialista, el planteamiento paternalista podría funcionar, aunque a costa de devaluar la moneda cada cierto tiempo y empobrecer a la ciudadanía. El sector público, lleno de “clientes” adictos a la causa, evitaría el descontento social con la propaganda de las virtudes de la protección social y el progresismo.

Lo malo es que hoy en día existe internet y la gente comienza a estar más informada. Pero es que, además, estamos integrados en un entorno que exige tener viabilidad económica, porque nuestra moneda es el euro y no cabe el recurso empobrecedor de la devaluación. La doctrina de gastar más de lo que se tiene y de incrementar irresponsablemente año a año los presupuestos del estado, conduce a unos niveles de déficit y endeudamiento que son insostenibles. Todavía los presupuestos contenían substanciales incrementos cuando ya caminábamos “cuesta abajo y sin frenos”.

Las elecciones generales de hoy 20-N dan una oportunidad al país de ser gobernado con rigor económico, abordando seriamente la reducción del déficit y del endeudamiento para impulsar la economía, manteniendo al mismo tiempo como prioridad la protección social. El punto de partida esta tan deteriorado que hará falta que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo en las cuestiones básicas para no depender de minorías oportunistas. Es una oportunidad también para que el partido socialista salga de una vez por todas del túnel del tiempo que le ancla al pasado.

Ministros y altos cargos por sorteo

El poder ejecutivo no está para hacer ideología, que para eso está el Parlamento, sino para administrar el bien común con austeridad, eficacia y eficiencia. Pero los ministros y altos cargos de la administración deben sus puestos al partido gobernante y toman sus decisiones de acuerdo a los intereses del partido por encima del criterio del equipo de profesionales de las instituciones que tienen a su cargo. Por esta razón tienen que rodearse de asesores de libre designación que pongan en sus manos los informes oportunos.

En realidad poco importa que el alto cargo sea un profesional del ramo porque casi todo lo que hay que hacer lo realiza el cuerpo de funcionarios. Lo que si es importante es que las decisiones a adoptar y las instrucciones a los profesionales sean objetivas y sirvan ante todo al bien común sin concesión alguna a la ideología. La defensa del interés común en materia de educación, sanidad o prestaciones sociales, requiere simplemente buena administración.

Cualquier ciudadano libre de incapacidad patológica puede ser ministro, siempre que no sea demasiado joven ni demasiado viejo y que no tenga contraindicaciones penales. Podrían elegirse los altos cargos más importantes de la Administración por un sistema de sorteo similar al utilizado para elegir un jurado. El ciudadano elegido tendría la opción de aceptar o rechazar el cargo y en caso de aceptarlo tendría que aparcar su patrimonio e intereses económicos en una teneduría independiente hasta pasado un tiempo del final de su mandato.

Los altos cargos elegidos por sorteo no tendrían demasiado tiempo para formar camarillas ni acoplarse a la voluntad del partido gobernante y en general atenderán a su cometido valorando las propuestas de los profesionales atendiendo al bien común. No es fácil que el grupo se coloree de ninguna ideología en concreto y en cualquier caso el Parlamento tendría la potestad de relevar a un titular de su cargo ante circunstancias notorias, como por ejemplo violar la ley de estabilidad presupuestaria.

El Jefe del Gobierno debatiría con los ministros las iniciativas a seguir en un clima de objetividad y se podría prever la recusación en casos extremos, para lo que mediaría el poder judicial. Al fin y al cabo la misión de un alto cargo del Gobierno no es muy diferente de la cualquier ciudadano que tenga que administrar sus intereses sin gastar de forma continuada más de lo que ingresa.

Mandamientos de gobierno

Si los ciudadanos tuviéramos que definir los mandamientos de gobierno, posiblemente llegaríamos a algo así:

Ocuparse prioritariamente de administrar con eficiencia y eficacia los bienes comunes.

Gobernar la economía con austeridad, sin malgastar el dinero del contribuyente, sin saldar las cuentas públicas con déficit y sin incurrir en altos endeudamientos..

Mantener la estructura del Estado lo más reducida posible y reducir los impuestos al mínimo.

Intervenir lo menos posible en las actividades de la sociedad civil.

No imponer preceptos ideológicos que no cuenten con apoyo popular de muy amplia mayoría.

Ponerse de acuerdo con la oposición mayoritaria para decidir las cuestiones más importantes.

Dar buen ejemplo a los ciudadanos. Sin privilegios, ni sueldos desproporcionados, ni coches, ni chóferes, ni guardaespaldas, ni despachos demasiado costosos, ni cuentas de libre disposición, ni gastos superfluos.

Reprimir la corrupción, el nepotismo, la malversación, el fraude y la administración irresponsable.

Dar prioridad a la educación y no contaminarla con doctrina ideológica.

Respetar las tradiciones, la historia y la cultura.

Reprimir la delincuencia y proporcionar paz y seguridad a los ciudadanos.

Impulsar el desarrollo económico y la justicia social.

Mantener buena relación con otros estados.

Evitar la demagogia, la prepotencia, la arrogancia y tener un perfil mediático limitado.

No estar demasiado tiempo gobernando.

Régimen de laxitud y decadencia

Cuando los que gobiernan ponen por delante una cortina ideológica para desviar la atención de la realidad, inevitablemente hay laxitud y decadencia y queda demasiado margen para el engaño, la corrupción y el clientelismo.

Cuando un partido político tiene un poder casi absoluto durante cuatro años sin la amenaza de perderlo, inevitablemente hace uso de él anteponiendo sus propios intereses al de los ciudadanos.

Cuando un partido político se nutre de funcionarios de la política, en la que “nacen, se desarrollan y mueren”, inevitablemente hay mucha ignorancia de cómo hay que gobernar, muchos intereses bastardos y un excesivo peso muerto que tienen que pagar los ciudadanos.

Cuando los ciudadanos no saben ni pueden influir en cómo se gasta el dinero público, inevitablemente florecen las subvenciones, los gastos superfluos, los comisionistas y la corrupción.

Cuando se aparca la ética y los dirigentes no dan ejemplo de integridad de valores y principios, inevitablemente la política se convierte en una escuela de laxitud en la que se tiende a rehuir compromisos y a convivir con una moral relajada que desincentiva las iniciativas emprendedoras.

Cuando los nombramientos están basados en el amiguismo y el clientelismo, inevitablemente se viene abajo la confianza y se deteriora gravemente el ambiente social.

Cuando los ciudadanos no tienen su representante político con nombre y apellidos, inevitablemente la distancia entre la sociedad y los políticos se hace cada vez mayor.

Cuando los dirigentes políticos basan su discurso en insultar y descalificar y no dan síntoma de centrarse en resolver los problemas más importantes del estado, inevitablemente se genera desesperanza y crece el odio a la clase política.

Y cuando, además, los que gobiernan sólo velan realmente por continuar en el poder mientras el pueblo continúa empobreciéndose, inevitablemente el mensaje de desconfianza se universaliza y huyen los inversores.

Gobierno de concentración

En las circunstancias actuales las cuestiones ideológicas pasan a segundo plano y lo que hace falta es un gobierno de concentración porque lo que está planteado es la supervivencia. Las decisiones de gobierno tienen que ser necesariamente drásticas y la forma más eficaz de ejecutarlas es con el respaldo de una amplia mayoría, la que solo puede alcanzarse con un gobierno de concentración. La eliminación del déficit, el crecimiento de la economía y el sistema electoral serían las cuestiones más urgentes.

La eliminación del déficit tiene que abordarse con el criterio de no gastar más de lo que se ingresa, no solo legislando en consecuencia sino también recortando lo que haga falta los presupuestos del Estado. No se puede conseguir el objetivo con medidas parciales de simple efecto mediático o con medidas destinadas a dar confianza a los mercados. Es preciso cortar gastos de forma efectiva y contundente para eliminar el déficit con urgencia.

El crecimiento de la economía puede verse comprometido por las medidas de reducción del gasto, por lo que hay que adoptar también medidas urgentes para relanzar las actividades productivas y mercantiles. Un flexibilización total del mercado laboral, aunque de momento fuera por un determinado periodo de tiempo, facilitaría que se emprendieran nuevos negocios.

La disponibilidad de internet con ADSL en todas las zonas rurales facilitaría también el emprendimiento de nuevos negocios que en zonas urbanas no son viables y contendría una nueva ola de migración de gente que no puede prescindir de esta infraestructura. Quizás podría imponerse como medida regulatoria a los concesionarios de servicios telefónicos, en lugar de endosarles cargas ajenas como es la compensación a la televisión estatal por la pérdida de ingresos publicitarios.

La reforma del sistema electoral es un paso previo necesario para la regeneración democrática del sistema político. Un sistema basado en circunscripciones uninominales, que es el que tienen las principales democracias, permitiría que hubiera representación política y participación de los ciudadanos. Proporcionaría además amplias mayorías de gobierno sin que por ello deje de estar el gobierno vigilado e incluso amenazado por los ciudadanos. También es el sistema que mejor garantiza la defensa de los intereses minoritarios.

Estando representados los ciudadanos y existiendo un cauce de participación, las demás reformas legislativas vendrán por añadidura como fruto de la voluntad ciudadana y no como imposiciones del gobierno de turno.