Contraste de ideas

Ahora que hay elecciones, los partidos políticos  proclaman que hay que hacer el cambio y lo explican con vagas proposiciones que son más bien orientaciones ideológicas que programas concretos de gobierno.

Hay mucho discurso del cambio, pero, salvo excepciones, no detallan las medidas a aplicar ni en su caso como se financian. Claro que después, el partido que gobierne hará los cambios que quiera y pueda con independencia de las propuestas electorales y los ciudadanos no podremos decir nada en los próximos cuatro años.

El PSOE insiste hasta la saciedad que hay que hacer el cambio, lo que parece que no ha conseguido hacer en los 21 años en que ha gobernado desde 1982, cuando precisamente llegó al poder en 1982 con el lema del cambio. El PP ha gobernado desde entonces 12 años que podían haber sido suficientes para implementar mucho de lo que ahora propone. Los otros dos partidos,  que hasta ahora no han gobernado, insisten todavía más en “el cambio”. 

Y es que el discurso del cambio es un espejismo para atraer a la ciudadanía. Los cambios más importantes que hicieron PSOE y PP en sus mandatos se produjeron por decisiones ajenas a las propuestas electorales. Decisiones importantes tales como la cesión a las Autonomías de la Sanidad y Educación, el abandono de la energía nuclear, la participación en la guerra de Irak,  subir el déficit hasta el 10%, “aceptar lo que venga de Cataluña”……etc., ni estaban en los programas ni había sido explicada suficientemente su incidencia.

Y es que parece que el verdadero significado del discurso del cambio es el clásico “quítate tu que me pongo yo”.

En España la soberanía popular está delegada a los partidos políticos. La única participación ciudadana consiste en depositar una papeleta en una urna cada cuatro años. Ningún ciudadano sabe que persona en concreto le representa porque no existe. Los diputados los elige el jefe de cada partido poniéndolos en la lista.

En los sistemas electorales de Francia, Alemania (para la mitad de la Cámara), Reino Unido, Japón, EEUU, Canadá o Nueva Zelanda, en cada circunscripción se elige solamente a un representante. El que resulta elegido representa a todos los ciudadanos de su circunscripción. Los ciudadanos de estos países pueden contactar con su representante tanto como deseen. Cada diputado tiene muy en cuenta lo que cree que votaría la mayoría de sus representados y por ello muchas veces rompen la disciplina de voto de su partido.

Esta cultura de representación política hace que, con el tiempo, el sentir ciudadano de las cuestiones que hay que legislar fluya al poder político y se legisle según le conviene al país. En España la inexistencia de representantes produce un distanciamiento entre el pueblo y los legisladores. El desarrollo legislativo se «cuece» en el partido político de turno que gobierna sin tener en cuenta la opinión de los ciudadanos.

Sería lógico, por ejemplo, cambiar el sistema electoral y elegir 500 diputados en 500 circunscripciones uninominales, es decir eligiendo a un representante en cada circunscripción. A cambio de este aumento de 350 a 500 el Senado se podría suprimir. Este sistema electoral se denomina también sistema mayoritario porque se elige a quien tiene la mayoría de votos en cada circunscripción.

En la práctica, este sistema produce mayorías absolutas y en consecuencia gobiernos estables que no dependen de concesiones a grupos minoritarios. Con este sistema los intereses minoritarios están mejor representados pues existe el canal de comunicación a través de los representantes que puede ser activado día a día.

Otro gran déficit democrático que hay en España es la falta de separación de poderes que se explica por sí sola y todos conocen.

Las discusiones interminables para formar el nuevo gobierno son un coñazo, término que la Real Academia de la Lengua define como cosa latosa, insoportable. Ello se debe al sistema electoral que nos endilgaron, que siendo proporcional (corregido por la ley D´Hont) no prevé una segunda vuelta entre los dos partidos más votados.

Si en vez del sistema de listas de candidatos elegidos por los líderes de los partidos hubieran optado por un sistema mayoritario, como en los países occidentales más relevantes, algún partido hubiera tenido la mayoría absoluta. Además cada diputado habría sido elegido por los ciudadanos de su circunscripción y habría una autentica democracia representativa. No ocurriría como ahora que el 90% de los diputados los eligen de hecho los líderes de los partidos y no los ciudadanos. Cada ciudadano sabría quien le representa y podría contactar con él cuanto deseara y por consiguiente las minorías estarían mejor representadas.

Pero este sistema que no determina quien debe gobernar ni prevé una segunda vuelta es lo que tenemos y todo depende de la voluntad de los partidos políticos y de sus líderes. El más votado parece lógico que sea el que gobierne pues aventaja al segundo en 51 diputados. Pero el segundo dice que no, a pesar de haber cosechado los peores resultados de su historia después de haber gobernado más de veinte años en los últimos treinta.

El tercero es muy radical y también dice que no, y el cuarto es muy minoritario y en la práctica también dice que no. Su posición es surrealista, es decir irracional o absurda: cuestiona al líder más votado, dice no a hacer un pacto, votará no a la investidura y solo admite la abstención en la segunda votación de investidura, lo que no resuelve.

Lo que puede pasar es que haya unas terceras elecciones, que sustituyan de hecho a la segunda vuelta, siendo los ciudadanos quienes decidan si quieren seguir con el mismo coñazo o se decantan por votar a quien tiene que gobernar. No sería una sorpresa que los partidos minoritarios siguieran perdiendo apoyo popular y que el partido mayoritario llegara a obtener la mayoría absoluta.

Los diputados ya están elegidos al 90% antes del 26 de junio porque por las encuestas ya se sabe casi con certeza cuantos diputados de cada lista van a ser elegidos en cada circunscripción.

En estos días, cuando los líderes de los partidos confeccionan las listas de candidatos, lo que realmente están haciendo es elegir a sus diputados. Por ejemplo, si el PSOE sabe que en Madrid lo más probable es que tenga seis diputados, el líder del partido cuenta con que puede elegir a seis diputados, quienes le deberán el favor. Esos seis diputados no los eligen por lo tanto los ciudadanos sino el líder de su partido. El diputado numero siete no está seguro y por eso el líder sitúa en la lista a alguien que tiene que darle alguna probabilidad pero no cuenta demasiado con él.

En el caso de la alianza en ciernes entre Izquierda Unida y Podemos la cosa es más descarada pues tienen que repartir las designaciones de diputados entre dos partidos diferentes. Cada uno de ellos sabe casi con certeza cuantos candidatos pasarán «el corte» en cada lista y están discutiendo cuantas sillas le corresponde ocupar a los favorecidos de cada uno de los dos partido.

El Partido popular tiene también muy claro que al hacer la lista está designando quienes van a ser diputados con una certeza próxima al 100% y es por lo tanto su líder quien elige. Y lo mismo puede decirse del restos de partidos políticos.

Lo que queda claro es que los diputados no son elegidos por los ciudadanos sino por los líderes de sus partidos. Los ciudadanos solo influyen para hacer «el corte» en cada lista, lo que a estas alturas «del partido» está ya bastante determinado.

Creo que el PSOE tiene tres puntos débiles que pueden influir negativamente en sus posibles votantes. El primero de ellos es el tono agresivo de las intervenciones del líder gritando «cabreado» en sus apariciones en la campaña electoral. Esos gritos provocan rechazo porque son una llamada de alarma directa al subconsciente.

El segundo punto débil es la insistencia en derogar leyes que se aprobaron con gobiernos del PP. Cualquier persona que piense un poco comprenderá que las leyes pueden mejorarse pero no hasta el punto de eliminarlas por completo, máxime si fueron aprobadas por la representación de la mayoría de los ciudadanos. Derogar leyes es como concepto un «tejer y destejer» que intranquiliza a cualquiera que piense en ello, sobre todo teniendo en cuenta que el PSOE ha gobernado 21 de los últimos 33 años.

El tercer punto débil es la continua, agresiva e innecesaria descalificación de los miembros del PP y de sus decisiones, lo que resalta su líder mucho mas extensamente que la descripción de su plan de gobierno. Es un punto débil por dos motivos. Primero porque habiendo gobernado el PSOE en 21 de los últimos 33 años, se le debe suponer con la experiencia suficiente para que su plan de gobierno convenza a los posibles votantes sin necesidad de basarlos en la descalificación e incluso los insultos a sus adversarios políticos.

El segundo motivo por el que la descalificación y los insultos constituyen una debilidad para el PSOE, es que hacen extremadamente difícil que a partir del 20 de diciembre próximo pueda haber una alianza entre el PP y el PSOE al estilo del gobierno de coalición en Alemania. Una alianza entre los dos partidos que tienen experiencia de gobierno, y tienen ya «situados» a los de sus entornos, sería muy eficiente para consolidar el desarrollo español en los próximos años. Sería también una solución contundente para resolver la incertidumbre política actual y evitar un gobierno precario que esté continuamente amenazado y pueda ser efímero como ha sucedido en Portugal.