La reforma del Estado del año 1978 la hicieron siete políticos que representaban dos partidos de derechas, dos partidos de izquierdas y un partido nacionalista. Aparte de poner al día muchas normas de convivencia, el núcleo fundamental de la reforma del Estado consistió en que la soberanía residiera de hecho en los partidos políticos y en que los tres poderes del Estado fueran controlados por la mayoría en el poder. Los siete «padres» hicieron este desaguisado a conciencia para asegurar que nacía una casta política con largos años de privilegios por delante, que se repartiría el poder con alternancia entre la derecha y la izquierda, dejando a la ciudadanía la única participación de votar cada cuatro años a un partido político.
Si hubieran sido honestos, hubieran adoptado la esencia del sistema electoral que está vigente en las principales democracias: Francia, Alemania, EEUU, Reino Unido…etc, en las que el ciudadano no vota a un partido sino a un candidato concreto, aunque éste pueda pertenecer a un partido. Es decir, un solo candidato por circunscripción electoral, de forma que el diputado elegido en cada circunscripción es el representante de todos los ciudadanos de dicha circunscripción y a él pueden dirigirse individualmente o en grupo para opinar, cuestionar, proponer, censurar, …etc, lo que en la actualidad no puede hacerse. Si esto hubiera existido en España, el clamor popular se desesperación se hubiera canalizado estos años pasados a través de los representantes (hoy inexistentes), y el Parlamento hubiera servido para tratar los temas que en realidad interesan a la ciudadanía, en lugar de servir para pelearse los unos y los otros.
Si hubieran sido honestos, la reforma del Estado hubiera incorporado la separación de poderes, cuestión elemental que no hay que ser un genio para entenderlo, y entonces hoy en día hubiéramos tenido un poder judicial independiente. Si hoy tuviéramos un poder judicial independiente y una leyes elaboradas con la participación ciudadana, muchos políticos deshonestos, corruptos, o simplemente irresponsables, estarían en la cárcel en lugar de seguir disfrutando de privilegios a costa del dinero público.
La reforma del Estado que ahora hay que hacer debe de incluir este núcleo fundamental, además de la elección directa del Jefe del Gobierno y muchas otras cosas como eliminar la mayor parte del tinglado autonómico. Lo malo es que no sabemos quien puede hacerlo sin que corra la sangre. Los mismos políticos (o mejor dicho sus sucesores) que un día se pusieron de acuerdo para hacer la reforma del Estado a su conveniencia no parecen dispuestos a ello. Si el actual Jefe del Gobierno estuviera por la labor podría empezar por intervenir las autonomías inviables sustituyendo sus órganos de gobierno y recuperando las principales transferencias de servicios. Aunque algo parecido debería suceder a nivel del Estado si se produce la intervención europea.
Con un Monti o sin un Monti, es urgente plantearse la reforma del Estado con criterios de separación de poderes, de representación y participación ciudadana, de máxima eficiencia económica y de máxima simplicidad administrativa, elementos indispensables para recuperar la confianza de los inversores.
Situación económica y augurios no siempre van en la misma dirección. En el caso de España, no sabemos exactamente si cabe esperar pronto una mejoría de la situación económica, pero lo que si puede observarse es que hay cuatro augurios negativos.
El modelo de estado fue diseñado en España por políticos de uno y otro bando a espaldas de los ciudadanos, que no pudimos opinar sino solamente decir si o no una vez que todo estuvo cocinado. Estos políticos cuidaron de que no hubiera democracia real con representación y participación y de que no hubiera separación de poderes, es decir, cuidaron en que todo estuviera «atado y bien atado». Pero lo más grave es que diseñaron un modelo de estado que era de partida excesivo en tamaño y con tendencia a crecer de forma incontrolada sin criterio de unidad.
Los recortes para salir de la crisis que el Gobierno está acometiendo parece que son necesarios dadas las circunstancias, pero todo se entendería mejor si por delante se suprimen gastos realmente innecesarios. Está claro que si la minería es deficitaria hay que ir eliminándola y que si las cuentas del Estado tienen alto déficit, los funcionarios tendrán que reducirse, en número y/o en sueldo, como los empleados de cualquier empresa con pérdidas. La cuestión es que antes habría que empezar por recortar el desmadre económico derivado de iniciativas superfluas e irresponsables.
Que le pide el ciudadano al Gobierno es una pregunta fundamental que todo político debe hacerse, porque la política debe de servir al ciudadano. En política, es habitual que quien tiene algún poder haga uso de él a su conveniencia. El poder suele anteponer los intereses del partido y los de los que lo sustentan, sobre todo en un sistema que tiene mucho de autocracia.
En España funciona la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de asociación.…etc., pero el sistema político está diseñado con elementos autocráticos esenciales que lo convierten en una democracia autocrática no representativa. En estos elementos radica el núcleo de nuestros problemas.
El Gobierno afirma que la financiación de la deuda española es insostenible con los intereses que estamos pagando, lo que quiere decir que o bien se reducen pronto dichos intereses o se rompe la situación de forma drástica por algún lado. Según la información en los medios, el Tesoro ha emitido ya el 70% de la deuda que necesita emitir para todo el año, lo que supongo quiere decir que la liquidez llega por lo menos hasta mediados de septiembre. No sabemos por cuanto tiempo podrá el país seguir emitiendo deuda a estos intereses tan elevados pero está claro que si no hay cambios radicales de la situación llegaremos pronto al limite de decidir 