Economía, ideología y separatismo son prioridades que al parecer son irreconciliables.
La derecha gobernante tiene como prioridad la economía, es decir, equilibrar los presupuestos y reducir el déficit y la deuda, para recuperar la credibilidad y volver al crecimiento, aunque sea a costa de severas restricciones en el gasto social y de que se produzcan continuas movilizaciones ciudadanas.
La izquierda en la oposición tiene como prioridad la ideología, es decir, gastar todo lo necesario para mantener los beneficios sociales y oponerse a todo lo que haga la derecha promoviendo movilizaciones ciudadanas, aunque no esté claro de dónde puede salir el dinero necesario ni como escapar de la agobiante espiral de la deuda.
Los separatistas tienen como prioridad explotar la cuestión identitaria de separase del Estado para incrementar su poder económico local en beneficio propio, aunque sea a costa de estar en continuo enfrentamiento con el Estado y empobrecer a los ciudadanos.
Los políticos se muestran incapaces de conciliar estas tres tendencias y de atender en primer lugar al bien común, y el ciudadano, que se supone es «el cliente», no puede expresar sus deseos porque no tiene representante político a quien dirigirse.
En Cataluña han quedado las cosas mas o menos igual con dos mayorías imposibles. Por un lado hay una mayoría de derechas que suma 78 diputados que se rompe porque 50 de ellos son separatistas. Por otro lado hay una mayoría separatista que suma 87 diputados que se rompe porque están divididos en 50 de derechas y 37 de izquierdas.
La pasada huelga general ha escenificado la realidad de unos sindicatos decadentes que pretenden retrotraernos al siglo XIX. Los sindicatos decadentes, llamados sindicatos de clase, tienen solamente una afiliación del 16% y por lo tanto escasa representatividad y las cuotas de sus afiliados no cubren ni el 10% de sus gastos, por lo que se financian con dinero público. Con tan escasa representatividad, los sindicatos decadentes convocaron la huelga con la absurda pretensión de que el Gobierno, que tiene mayoría absoluta, convocara un referendum sobre las reformas en curso.
Todos los que razonan un poco sobre la situación económica actual entienden que para que aumente el empleo tiene que haber crecimiento económico y que para que haya crecimiento económico tienen que aumentar las iniciativas empresariales y las inversiones. No hay que ser muy listo para entender que el crecimiento económico no es posible si no somos capaces de hacer reformas que generen credibilidad y confianza en el futuro económico.
La actividad política de los ciudadanos se reduce a echar una papeleta en una urna cada cuatro años para elegir un partido político y su lista de candidatos. A partir de entonces la soberanía popular está intervenida y reside en los partidos políticos. Además, el partido o coalición gobernante controla de una u otra forma los tres poderes del Estado. No existe por tanto ni representación ni participación política ni una justicia realmente independiente.
Los medios de comunicación difunden el pesimismo nacional, las protestas de los profesionales, los funcionarios, los autónomos, los asalariados, los parados, los empresarios, los sindicatos…etc. Parece que todo es negro y que estamos condenados al fracaso. Casi todo es pensamiento negativo y el pensamiento positivo en general brilla por su ausencia. A todos los que protestan les transportaría al tiempo de sus abuelos a vivir como vivían ellos y a meditar sobre lo poco que han contribuido ellos al bienestar actual y sobre el país «de alpargata» que teníamos en tiempos no muy lejanos. Y no digamos si hubieran nacido en ciertos países subdesarrollados.
No está nada claro lo que actualmente defiende el partido socialista aparte de tener la actitud radical negativa de oponerse a todo lo que haga el Gobierno y de apoyar todas las protestas callejeras. Su propuesta política actual considera que no hay que recortar prestaciones sociales para ajustar la economía, aunque lo hizo cuando gobernaba, y que se puede seguir viviendo con gastos que no se pueden pagar, con un déficit como el del 9,4% del pasado año. Es cierto que el Gobierno podría recortar con prioridad otros gastos de menor impacto social y es lamentable que no lo haga, pero muchos de ellos requieren que el partido socialista tenga una actitud positiva, o por lo menos la falta de esta actitud es una escusa para ignorarlos. Tampoco contribuye a la cooperación el recuerdo de que tampoco contaban en el pasado con la actitud positiva de la oposición cuando gobernaban.
Continúan con la cuestión identitaria catalana, porque si se salieran con la suya, la cúpula del poder «levantaría» un negocio del que vivirían holgadamente todas sus sucesivas generaciones. Tenían una pista de que la cuestión identitaria catalana podría embelesar a los más jóvenes, aparte de a los «clientes» aborregados de poco juicio que se apuntan sin reflexionar a todo lo que sea protestar o manifestarse. Pero fue en la época de Aznar cuando «vieron el cielo abierto» con la transferencia de las competencias de educación y sanidad. Entonces empezaron a manejar ingentes cantidades de dinero sin pasar por el rigor del control establecido durante muchas décadas en el gobierno central. El entreguismo de Zapatero aceptando «todo lo que venga de Cataluña» resultó decisivo para trazar planes más ambiciosos.
Hay diferentes clases de líderes políticos según su forma de actuar para llevar a cabo las actividades y proyectos. Los líderes autoritarios anteponen el principio de autoridad y suelen generar tensión y estrés. Los líderes pragmáticos se centran en los objetivos que pretenden alcanzar y procuran guiarse por la razón. Los líderes idealistas se guían más por las ideas que por las razones y tienden a desconectarse de la realidad. Los líderes utópicos se suelen guiar por meras conjeturas y se esfuerzan en objetivos imposibles.
Canalizar el descontento ciudadano es una de las cuestiones imprescindibles en democracia. Tiene que haber cauces organizados para que los ciudadanos, bien de forma individual o agrupados en colectivos, puedan hacer llegar sus puntos de vista, sus propuestas, o sus quejas a quienes se supone representan la soberanía popular. Si no es posible canalizar el descontento ciudadano los ciudadanos tienen que expresar sus opiniones en la calle en primera instancia en lugar de hacerlo como último recurso. Y cuando solo existe el recurso de la calle, es fácil que minorías extremistas inciten a la violencia, de lo que hemos tenido muestra reciente.