El modelo de estado fue diseñado en España por políticos de uno y otro bando a espaldas de los ciudadanos, que no pudimos opinar sino solamente decir si o no una vez que todo estuvo cocinado. Estos políticos cuidaron de que no hubiera democracia real con representación y participación y de que no hubiera separación de poderes, es decir, cuidaron en que todo estuviera «atado y bien atado». Pero lo más grave es que diseñaron un modelo de estado que era de partida excesivo en tamaño y con tendencia a crecer de forma incontrolada sin criterio de unidad.
El diseño de modelo de estado fue tan desproporcionado que el país necesitaba crecer cada año por encima del 2% para generar empleo neto. Pero los políticos de turno en el poder hacían los presupuestos suponiendo que el país siempre crecería por encima de esa cifra y que las cuentas podían tener déficit amplios para lo que aumentaban cada año la deuda llegando en los tres últimos años a niveles gravemente irresponsables.
Ahora hemos tocado fondo y hay que hacer cambios radicales porque el plan recientemente anunciado no sirve. Hay que eliminar de raíz todo lo superfluo: asesores, empresas públicas prescindibles (más de 3000), coches oficiales (¿30.000?), televisiones públicas, embajadas, subvenciones a partidos, sindicatos y patronales,….etc., pero esto solo para empezar porque tampoco parece que basta. Habrá que revertir las competencias de comunidades autónomas que suponen el 60% del gasto total del Estado y que el mero hecho de fraccionarse en 17 partes arruina la ecuación económica.
El cambio de modelo de estado es urgente y si no se aborda inmediatamente, sucederá la temida intervención europea, aunque quizás no haya otro remedio y sea Bruselas quien nos impone el gobierno de coalición entre PP y PSOE que debió haber desde el primer momento y que no han sabido nuestros políticos poner en marcha. Si esto sirve para cambiar radicalmente el modelo de estado bien venido sea, pero habrá que encontrar un Monti español que no sea político, que conozca la administración y el mundo privado, que tenga prestigio y que pueda aglutinar voluntades y genere confianza, rara avis en nuestro altamente politizado país.
Si esto llegara a suceder, el nuevo modelo de estado tendría que incorporar tres ingredientes de orden político: La elección directa del jefe del poder ejecutivo, la independencia del poder judicial y una sola cámara legislativa elegida en circunscripciones uninominales, es decir en circunscripciones en las que se elija a un solo diputado. Con esto los ciudadanos estaríamos representados y podríamos participar y nunca más los ciudadanos tendríamos que contemplar como la situación política y económica se desboca sin poder hacer nada para impedirlo.
Los recortes para salir de la crisis que el Gobierno está acometiendo parece que son necesarios dadas las circunstancias, pero todo se entendería mejor si por delante se suprimen gastos realmente innecesarios. Está claro que si la minería es deficitaria hay que ir eliminándola y que si las cuentas del Estado tienen alto déficit, los funcionarios tendrán que reducirse, en número y/o en sueldo, como los empleados de cualquier empresa con pérdidas. La cuestión es que antes habría que empezar por recortar el desmadre económico derivado de iniciativas superfluas e irresponsables.
Que le pide el ciudadano al Gobierno es una pregunta fundamental que todo político debe hacerse, porque la política debe de servir al ciudadano. En política, es habitual que quien tiene algún poder haga uso de él a su conveniencia. El poder suele anteponer los intereses del partido y los de los que lo sustentan, sobre todo en un sistema que tiene mucho de autocracia.
En España funciona la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de asociación.…etc., pero el sistema político está diseñado con elementos autocráticos esenciales que lo convierten en una democracia autocrática no representativa. En estos elementos radica el núcleo de nuestros problemas.
El Gobierno afirma que la financiación de la deuda española es insostenible con los intereses que estamos pagando, lo que quiere decir que o bien se reducen pronto dichos intereses o se rompe la situación de forma drástica por algún lado. Según la información en los medios, el Tesoro ha emitido ya el 70% de la deuda que necesita emitir para todo el año, lo que supongo quiere decir que la liquidez llega por lo menos hasta mediados de septiembre. No sabemos por cuanto tiempo podrá el país seguir emitiendo deuda a estos intereses tan elevados pero está claro que si no hay cambios radicales de la situación llegaremos pronto al limite de decidir 
Los Diputados tienen un 
Se entiende porque no quieren llamarle rescate al programa de ayuda a los bancos, si examinamos las cinco acepciones de la palabra rescatar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua:
Las agencias de calificación valoran todo lo que les pongan por delante, ya sean países, bancos, empresas, activos, fondos de inversión, productos derivados….etc., y sus calificaciones suelen ser noticia de primera plana mas cuando rebajan un rating que cuando lo elevan, sobre todo cuando lo rebajan en tres escalones. Esta autoridad de decir lo que es bueno y lo que es malo no proviene de su ciencia infusa ni de disponer de información suficientemente extensa y relevante, sino que se edifica sobre las disposiciones legales que desautorizan a los fondos de pensiones invertir en activos de baja calificación.
La burbuja del gasto público es tan peligrosa o más que la del ladrillo. Un experto economista que opinaba hace un par de días en «El Confidencial «sobre la situación económica lamentándose del silencio respecto a los detalles de las relaciones inconfesables cajas/casta política/promotores corruptos. Parece evidente que estas «relaciones inconfesables» han impulsado al sector de la construcción mucho más lejos de lo razonable al amparo del ciclo de bonanza económica de los últimos años. Estos excesos son los que ahora, en las horas bajas de la economía, han provocado que las cajas tengan créditos incobrables por miles de millones de euros que de una u otra forma tiene que reponerlos la sociedad. Parece obvio que estas operaciones fallidas sean investigadas a fondo, pero no se ve progreso al respecto. Están sin aclarar incluso casos señalados como el de la construcción del aeropuerto que supuso el fin de la Caja Castilla-La Mancha.