A los españoles nos cuesta de por vida la luz el doble que a los franceses. Es una de las nefastas consecuencias de que políticos incompetentes lleguen a tener poder por no tener un sistema electoral como el de las principales democracias occidentales. La falta de representación y participación política hace que los ciudadanos no podamos cuestionar decisiones que afectan muy negativamente a nuestra economía doméstica y que sarcásticamente nos presentan como conquistas ideológicas.
Un caso paradigmático es la política energética, que ya se torció en la época del presidente González con el abandono de la energía eléctrica de origen nuclear, energía que es la más barata con diferencia, con la excepción de la energía hidráulica. Los socialistas vinieron a considerar que la energía nuclear es de derechas, sin advertir que Francia, nuestro país vecino, produce el 85% de su electricidad con energía nuclear sin complejos ideológicos. Tampoco repararon en que el hipotético problema de seguridad ya está creado con las más de 50 centrales nucleares francesas próximas. Además de condenar a los ciudadanos españoles a tener energía más cara de forma recurrente, les condenó también a pagar, a través de los recibos de la luz, la denominada moratoria nuclear cuyo nombre es por cierto equívoco ya que, según la Academia de la Lengua, una moratoria es el plazo que se otorga para pagar una deuda vencida, deuda que no contrajeron los ciudadanos y que más que deuda es una inversión que fue a fondo perdido por decisión política.
Años después en la época del presidente Aznar se abrió el melón del déficit de tarifa, en aquella ocasión para evitar el impacto de la cantidad de dicho déficit en el índice de precios de consumo, y ya se sabe lo que pasa cuando se abre un melón. Los años de gobierno del presidente Zapatero fueron especialmente nefastos para el recibo de la luz que subió en torno a un 64% a causa de nuevos supuestos impulsos ideológicos. Decidieron impulsar a tope las energías renovables con subvenciones millonarias a una industria fotovoltaica inmadura que producía paneles diez veces más caros que los precios actuales y algo parecido sucedió con la energía eólica. El llamado déficit de tarifa llegó a los niveles actuales y de una u otra forma lo tendremos que pagar los ciudadanos.
El resultado es que a los españoles nos cuesta de por vida la luz el doble que a los franceses, que tiene narices que sea por supuestos motivos ideológicos. El sistema electoral que tenemos, hecho a medida de los intereses de los partidos políticos, produce que conquisten poder políticos incompetentes que no entienden que hay que separar la ideología de la economía igual que hay que separar los tres poderes del Estado.
Antes de generalizarse el uso de la informática veíamos la escena del Ministro de Hacienda de turno llegando al Congreso con un cargamento de documentos para someter los presupuestos a aprobación. Ahora el ministro enseña simplemente un «pen-drive» en el se supone incluye toda la información. Si en efecto la contabilidad del Estado está totalmente computarizada, podría subirse a la nube y ponerla a disposición de los ciudadanos para que haya transparencia en el gasto público. Con ello los ciudadanos que así lo deseen estarían en condiciones de analizar los presupuestos y de conocer como se gastan el dinero los administradores del erario público.
Economía, ideología y separatismo son prioridades que al parecer son irreconciliables.
Los recortes para salir de la crisis que el Gobierno está acometiendo parece que son necesarios dadas las circunstancias, pero todo se entendería mejor si por delante se suprimen gastos realmente innecesarios. Está claro que si la minería es deficitaria hay que ir eliminándola y que si las cuentas del Estado tienen alto déficit, los funcionarios tendrán que reducirse, en número y/o en sueldo, como los empleados de cualquier empresa con pérdidas. La cuestión es que antes habría que empezar por recortar el desmadre económico derivado de iniciativas superfluas e irresponsables.
Hay demasiadas muestras evidentes de obras innecesarias, subvenciones absurdas o interesadas, proliferación de coches oficiales, proliferación de asesores, incremento desproporcionado de funcionarios, corrupción, solape de competencias en las diversas administraciones, ….etc. Bienvenida sea la transparencia del gasto y de las cuentas públicas que está planteando el Gobierno que ya demandábamos el pasado 23 de agosto.
El cine español ha producido películas de gran interés, pero son por desgracia una minoría. El hecho de que en nuestro país seamos mediocres haciendo cine no sería relevante si las películas las hicieran los empresarios a su riesgo y ventura. Allá cada cual con su dinero. Pero este no es el caso, porque las películas españolas las pagamos en su mayor parte todos los contribuyentes. Es el momento de eliminar estas subvenciones.