democracia Archivos - Página 3 de 3

La llave de la regeneración democrática

En los meses previos a las pasadas elecciones generales se ha hablado mucho de la reforma de la ley electoral y de la regeneración democrática. Los partidos políticos minoritarios planteaban la proporcionalidad de votos y escaños e incluso la circunscripción única, sin duda porque conseguirían mas diputados. Los partidos mayoritarios no han mostrado entusiasmo por cambiar el sistema electoral, aunque algunos de sus representantes indicaban, vagamente, que los ciudadanos deben de estar más cerca de sus administradores, con referencia a la posible ampliación del número de circunscripciones electorales. Evidentemente les interesa dejar las cosas como están.

La visión de la clase política se reduce a que los ciudadanos nos limitemos a votar a un partido cada cuatro años, es decir que deleguemos la soberanía popular en los partidos políticos. A ningún político le preocupa que no haya representación democrática de los ciudadanos y que en consecuencia no puedan participar. De nada sirven las opiniones de los ciudadanos, ni de las asociaciones de ciudadanos, si no existen cauces para someterlas a consideración para ser democráticamente adoptadas o rechazadas.

En una verdadera democracia la ley electoral tiene que garantizar algo tan simple como que cada ciudadano tenga un representante concreto a quien dirigirse, tanto a título individual como a través de asociaciones ciudadanas. Esto abriría el canal de la participación ciudadana hoy inexistente. La reforma de la ley electoral introduciendo las circunscripciones uninominales es la llave de la regeneración democrática y sin esta llave no se puede abrir la puerta del progreso. Es lo que hay en Alemania, Reino Unido, Francia, EEUU y otros países, pero nuestros políticos de la transición prefirieron “inventar la pólvora” antes de copiar los sistemas que tienen éxito en el mundo.

Debería de ser posible el consenso sobre esta orientación de la ley electoral, porque no hay argumentos razonables para rechazar este principio básico de representación y participación. La única oportunidad de conseguirlo es que el esfuerzo ciudadano de opinar en los medios y en las demás tribunas al alcance, se concentrara en clamar por esta reforma. Y si los partidos políticos no se ponen de acuerdo en articular la representación y la participación ciudadana, menos aún lo harán sobre otras opiniones de reformas que tienen colores políticos.

Los que ejercen el poder

En las épocas antiguas el dinero y los que ejercen el poder caminaban juntos. Los señores feudales cobraban sus impuestos y manejaban las finanzas a su antojo y conveniencia. De paso ayudaban algo a los intereses del pueblo, pero solo lo estrictamente necesario para que los súbditos no se les sublevaran demasiado o para que los recursos que dedicaban a reprimir el descontento social no fueran desproporcionados.

El proletariado estaba desarticulado y desperdigado por los campos y no había factores determinantes que pudieran aglutinarlo. Pero la sociedad occidental fue evolucionando entre guerra y guerra y el pueblo fue aumentando su presión sobre la clase dirigente, que no tuvo mas remedio que ir construyendo instituciones que fueran asumiendo una parte importante del poder y del dinero de los señores feudales.

Entonces surgió la democracia como forma de gobierno, curiosamente rescatada de épocas antiguas que habían sido olvidadas. Después, la revolución industrial propició concentraciones proletarias que adquirieron algún poder de coacción, de donde surgieron impulsos revolucionarios en busca de la justicia social.

Las ideas de reparto de la riqueza, de justicia social, de que la soberanía reside en el pueblo, o de asumir el Estado en mayor o menor medida los medios de producción, han impulsado importantes desarrollos sociales, pero el poder sigue siendo ejercido por personas concretas que tienen los mismos impulsos y motivaciones que los señores feudales de antaño.

Hoy en día los que mandan quizás no cometan los excesos de épocas pasadas. Ya no son señores de horca y cuchillo, al menos en el mundo occidental, pero es porque no pueden y no porque les falten ganas. Hoy cometen otro tipo de excesos más modernos y de mayor alcance que antes no existían.

Pacto nacional de progreso

pacto Hay muchos ciudadanos, posiblemente una mayoría, que apoyan la idea de que los dos grandes partidos acuerden un pacto nacional en un programa para la recuperación económica y la regeneración política.

Soluciones económicas de austeridad y transparencia en el gasto público, reducción sensible de la administración y las empresas públicas, presupuestos con déficit cero, eliminar subvenciones no imprescindibles, garantizar la unidad de mercado, reforma laboral profunda, leyes penales severas contra la corrupción,….etc. Soluciones básicas del modelo energético, la educación, el sistema de pensiones, el sistema sanitario, ….etc.

Soluciones políticas de revisión profunda de las autonomías, de reforma de la ley electoral con circunscripciones en las que se elija a un solo diputado, de reforma de la Constitución planteando un poder judicial totalmente independiente, ….etc. En realidad, es muy difícil un pacto con este contenido. Éstas reformas requerirían más bien un gobierno de coalición al estilo alemán, del que a la vista está su eficacia.

Si los ciudadanos tuviéramos “nuestro diputado”, con un sistema electoral de circunscripción uninominal, como tienen las democracias auténticas, seguramente sería un clamor la petición de que los dos partidos busquen soluciones conjuntamente y dejen de escenificar peleas “callejeras”. El presidente Zapatero lo puso muy difícil desde el principio con su política de victimizar y marginar al partido de la oposición, pactando incluso esta marginación con las minorías nacionalistas. La oposición cayó también en la trampa del “cuerpo a cuerpo” y no tiene fácil el acercamiento.

Muchas de las soluciones se pueden imponer con la mayoría absoluta, pero hay reformas necesarias que requieren mayorías cualificadas. Y desde luego la iniciativa tiene que partir del ganador de las elecciones. Merece la pena que lo intenten, pero el proceso de reformas no debe de esperar a que haya acuerdos. Puesto en marcha el proceso de reformas los demás grupos políticos podrían incorporarse en la medida en que consideren que es la mejor forma de defender desde dentro los intereses que representan aunque tengan que estar necesariamente supeditados al interés general.

Democracia legítima con representación y participación

Vamos a votar el 20-N unos candidatos en su mayoría desconocidos que solo representarán a quienes les incluyeron en la lista, es decir a los jefes de sus partidos políticos. A partir de ahí nada podemos hacer hasta dentro de cuatro años porque los ciudadanos no tenemos cauces de representación y participación. El poder se concentra en uno de los dos partidos mayoritarios y tienen carta blanca durante cuatro años para hacer lo que les de la gana, como cuando el régimen era una dictadura. Solo ha cambiado la libertad individual, siempre que no “le toques las narices” a gente con poder político.

Casi todos los partidos plantean reformar la ley electoral, y le llaman reforma a tener listas abiertas o a establecer la proporcionalidad directa de votos y escaños en las listas, lo que no cambia la situación actual aunque mejore los intereses de los partidos minoritarios. Con la proporcionalidad siguen estando representados solo los partidos y no los ciudadanos. Las listas abiertas no solucionan casi nada y ya fracasaron en la segunda república.

La única reforma de la ley electoral que es imprescindible para la regeneración democrática es la que se basa en circunscripciones uninominales en las que se elige a un solo representante. Con este sistema, cada ciudadano tiene un diputado concreto que le representa y a él puede dirigir sus opiniones y propuestas en cada materia que desee, lo que sirve al diputado para valorar lo que sus representados esperan de su acción política y decantar su voto en el Parlamento por encima de la disciplina partidista. Las principales democracias occidentales tienen este sistema.

Esta participación incrementa su eficacia si los ciudadanos se agrupan y expresan sus voluntades a sus representantes. Los ciudadanos que quisieran delegar su soberanía en los partidos, simplemente votarían cada cuatro años y se inhibirían en las decisiones y materias debatidas en la legislatura, pero quienes consideren que no hay ningún partido que les representa al cien por cien en todas y cada una de las materias, tendrían abierto el cauce de participación tanto individual como a través de los colectivos sociales en los que quisiera integrarse.

Sistema electoral y soberanía popular

soberania popular Sistema electoral y soberanía popular están íntimamente ligados. Salvo cuando se convoca un referéndum, el ciudadano solo puede participar en las decisiones políticas a través de un representante y precisamente para articular esa representación es para lo que se hacen elecciones. Y para que la representación sea legítima, aparte de ser legal, tiene que ser cierta, genuina y verdadera, y si la ley electoral no lo asegura, no hay democracia.

El sistema electoral que han adoptado los países democráticos más desarrollados se basa en la división del territorio en tantas circunscripciones electorales como representantes a elegir. Es la fórmula que se aplica en Francia, en Estados Unidos, en Reino Unido y en Alemania, en este último caso para elegir a la mitad de la Cámara.

Con este sistema cada elector tiene su representante, que es el que ha resultado elegido en su circunscripción. El representante elegido defiende los intereses e inquietudes de la mayoría de sus representados por encima de los compromisos de su partido. Los ciudadanos pueden hacer que su representante lleve al Parlamento iniciativas concretas o simplemente haga públicas en él sus inquietudes.

En España nada de esto es posible porque el ciudadano no vota a un representante sino a un partido. Votar a los partidos es como votar marcas, principalmente “derechas” o “izquierdas”, lo que solo sirve para hacer demagogia. Los programas de los partidos son paquetes “todo incluido” y el ciudadano no puede si lo desea hacer llegar su opinión sobre cada una de las iniciativas, lo que solo puede hacerse si tiene un representante político con nombre y apellidos.

Es lamentable que en la transición política se haya optado por llevar la contraria a las democracias más establecidas y mejor desarrolladas y se haya decretado que el ciudadano solo pueda en realidad elegir entre “derechas” o “izquierdas”. Si la clase política defiende verdaderamente el interés común debería replantearse el sistema electoral y ponerlo en línea con los países líderes en progreso, desarrollo y justicia social.

Listas electorales al margen de la sociedad civil

listas electorales Estos días los partidos políticos, al margen de la sociedad civil, están componiendo las listas de candidatos para las elecciones del 20-N y lo hacen calculando con las encuestas el número de diputados que pueden conseguir de cada lista. De los nombres que ponen en la lista, unos saldrán elegidos con casi total seguridad, otros serán dudosos y los demás van de relleno sin ninguna oportunidad.

Todo esto se «cuece» al margen de la sociedad civil, es decir al margen de los ciudadanos a los que se supone han de representar. Cuando un elector vota una lista elige un grupo de candidatos ya «precocinado» que no le van a representar porque representan únicamente a su partido. La elección de diputados la hacen en realidad los dirigentes de los partidos políticos y a los ciudadanos solo les corresponde decidir por donde se corta la lista de cada partido.

El sistema que tienen las democracias occidentales de mayor éxito es basa en circunscripciones donde se elige a un solo diputado. En ellas el candidato lo propone cada partido sabiendo que la votación va a ser un plebiscito sobre el candidato y que si sale elegido va a representar a sus electores y a canalizar sus propuestas y opiniones. Si se adoptara este sistema pondríamos la primera piedra para transformar el régimen autocrático actual en una democracia occidental.

Es increíble que nadie defienda esta reforma que debería ser la prioridad política de la sociedad civil. Solo se alzan algunas voces pidiendo listas abiertas, que no cambian la situación, o reparto proporcional de escaños, que todavía la deterioran más. Quizás tengamos el sistema electoral que nos merecemos.

Democracia española, autocracia latente

Los políticos suelen referirse a menudo a “la democracia que nos hemos dado” y debe de tratarse de un “nos” mayestático, ya que los ciudadanos no hemos tenido participación alguna en la elaboración del texto constitucional sometido a plebiscito en 1978. Los dirigentes de los partidos políticos que establecieron las reglas del juego, pensaron sobre todo en dejar bien organizado y blindado el corporativismo y supremacía de la clase política. Todo atado y bien atado.

Hoy en día los ciudadanos españoles tenemos libertades individuales, derechos humanos, y otras garantías sociales de contorno propias de los estados occidentales del siglo XXI. Sin embargo estamos totalmente apartados del núcleo duro de la política y de los poderes del Estado, coto reservado a los partidos políticos dominantes, ya que los ciudadanos no estamos representados ni por tanto podemos participar y no hay otra soberanía que la de los partidos políticos.

Pero lo peor es que las leyes fundamentales hacen posible que los poderes básicos del Estado se concentren en la cúpula del partido gobernante y ésta dirija al país de forma autocrática sin contrapeso alguno. El partido que gobierna tiene mayoría en el Congreso donde hay disciplina de voto y donde en caso necesario se asegura votaciones con las concesiones que hagan falta a grupos parlamentarios minoritarios, aunque sean corrosivas para los intereses nacionales.

El Tribunal Constitucional, poder judicial que en la práctica está por encima del Tribunal Supremo, está compuesto por cuatro miembros que nombra el Congreso, cuatro que nombra el Senado, dos que nombra el Consejo General del Poder Judicial y dos que nombra el Gobierno. Es decir, está controlado de forma latente por el Gobierno, como en la práctica se deduce de las sentencias más decisivas.

Pero hay también otros organismos que regulan importantes decisiones de país y que se suponen independientes que sin embargo están también controlados de forma latente por el Gobierno. Un ejemplo es la Comisión Nacional de la Energía, formado por un presidente y seis miembros nombrados por real decreto a propuesta del ministro de economía tras debate parlamentario, es decir con el control de la cúpula del Gobierno. Los nueve miembros de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se nombran también de esta forma, a propuesta conjunta de los ministerios de Industria y Economía. El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales le ocurre lo mismo aunque en este caso se requiera de una mayoría parlamentaria de tres quintos. Y podríamos seguir.

Este poder autocrático latente está sólo amenazado por el tiempo, cada cuatro años, pero esa caducidad sólo sirve para que eventualmente gobierne otro partido con el mismo funcionamiento. Nada de lo que ocurra, por muy desastroso que sea, puede desafiar al poder, sin que los ciudadanos podamos defender los intereses que mayoritariamente consideremos oportunos, como por ejemplo un cambio de gobierno.

Reforma de la ley electoral

Cualquier movimiento ciudadano que pretenda que haya auténtica democracia, tiene que comenzar por demandar una reforma electoral para que los ciudadanos tengan una representación legítima que sea legal, cierta, genuina y verdadera, condiciones que actualmente no se cumplen.

Si lo que realmente reivindica un movimiento ciudadano es que haya una democracia real y no solo aparente, tendría que concentrar su demanda básica y toda la energía desplegada al tema único de reforma de la ley electoral, porque la reforma de la ley electoral es previa a cualquier otra propuesta de ley que pretenda estar legítimamente respaldada.

La propuesta de nueva ley electoral no debe caer en la trampa de limitarse a corregir la proporcionalidad entre votos y escaños de los partidos, o hacer las listas abiertas, porque estas dos reformas mantendrían la situación actual en la que son los partidos y no los ciudadanos quienes están representados en el Parlamento. La reforma tiene que corregir la marginación actual del ciudadano que no tiene otra participación que votar cada cuatro años. El ciudadano tiene que tener un cauce de participación que esté abierto permanentemente y ello sólo es posible si cada ciudadano tiene un representante concreto con nombre y apellidos.

No hay que inventar nada, porque es lo que está vigente en Francia, Alemania, EEUU, Reino Unido y otras democracias avanzadas del mundo occidental. Basta con definir tantas circunscripciones electorales como diputados a elegir, de forma que en cada una de ellas resulte elegido un representante. Los partidos siguen operando, pero queda articulada la participación ciudadana y los diputados representan en primer lugar a los electores de su circunscripción y solo en segundo lugar a su partido, con lo que se rompe la disciplina de voto.

De esta forma los ciudadanos pueden influir en cada una de las leyes concretas y no como ahora que solo pueden dar su voto al paquete global del programa del partido que incluye tanto propuestas aceptables como inaceptables. Con esta representación cada ciudadano puede libremente participar sin tener que ser necesariamente militante de un partido y depender de su dinámica interna. Estando asegurada la representación legítima y los cauces de participación ciudadana, las leyes podrán orientarse de acuerdo con la voluntad popular. La separación de poderes sería una de las primeras metas que un Parlamento genuinamente representativo se plantearía.

Equilibrio presupuestario

Es una vergüenza que se tenga que reformar la Constitución para que en España haya equilibrio presupuestario. Mas vergüenza todavía es que los partidos regionalistas, los de Izquierda comunista, los sindicatos, los indignados y otros grupos marginales, consideren que lo normal
es gastar más de lo que se puede y que para tener equilibrio presupuestario tiene que aprobarse en referéndum.

El referéndum lo tenían que haber convocado en su día para que los ciudadanos aprobaran gastar más de lo que se puede y acumular tanto déficit y tanta deuda.

Los dos sindicatos más importantes están en contra de la reforma constitucional , seguramente porque barruntan que el ajuste presupuestario les pueda recortar las generosas subvenciones que reciben. Critican que sea Alemania el promotor de la reforma, quizás porque pueden llegar a pedir que los sindicatos españoles sean como los alemanes, que se financian exclusivamente con las cuotas de sus miembros.

Tanto los sindicatos como lo partidos de izquierda comunista señalan que el equilibrio presupuestario es ideología de derechas, cuando el alto déficit y la deuda elevada conducen al encarecimiento del crédito, al paro, a subidas de impuestos y a recortes sociales, todo ello afectando a los sectores más débiles de la sociedad como hemos podido comprobar. El equilibrio no tiene ideología, como tampoco la tiene la ley de la gravedad o el ángulo recto.

Vergüenza dan también los partidos nacionalistas que consideran que no hay que hacer la reforma pero están dispuestos a considerarla positiva si se la compran. Los canarios quieren un régimen especial, los catalanes decidir ellos el déficit y limitar la solidaridad entre comunidades autónomas, los vascos autodeterminación. No les importa que sea bueno o malo para España y sus ciudadanos.

Menos mal que por una vez se han puesto de acuerdo los dos partidos mayoritarios. A España le conviene tener gobiernos mayoritarios y todo cambiaría en esa dirección si el sistema electoral estuviera basado en circunscripciones uninominales. Además estaría garantizada la representación y participación de los ciudadanos y los intereses minoritarios estarían mucho mejor defendidos. Aquí sí que tendría que haber un referéndum para dar la oportunidad a los ciudadanos de aprobar este sistema electoral.

Regeneración política

La regeneración política tiene que empezar en la raíz de los problemas:

Separación de poderes. El Partido dominante en el Parlamento ejerce también el poder ejecutivo. La Constitución declara la independencia de los jueces y magistrados pero no define a un poder judicial independiente. Las cámaras y el Gobierno nombran los miembros del Tribunal Constitucional y a buena parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Esta concentración de poder conduce a abusos, despilfarro, privilegios, corrupción….etc.

Representación política cierta, genuina y verdadera. El ciudadano no tiene un diputado que le represente. Un diputado solo representa a quien le puso en la lista. La consecuencia es que los ciudadanos no pueden participar y que los diputados votan lo que dicta el partido.

Autonomías. Gasto público excesivo, déficit alto, deuda creciente, aumento desproporcionado de funcionarios, proliferación de empresas públicas, duplicación de funciones, insolidaridad, privilegios, desigualdad….etc.

Soluciones:

Circunscripción electoral unipersonal (como en Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos). El diputado o concejal elegido representa a todos los electores de su circunscripción.

Elección directa del Presidente del Gobierno.

Una sola cámara. El Senado es innecesario.

Estado único sin autonomías y con menos ayuntamientos aunque reforzados (como instituciones más próximas al ciudadano). Alguna forma de autonomía solo en Cataluña y País Vasco.