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Internet en zonas rurales

Disponer de un buen servicio de Internet en zonas rurales es imprescindible para evitar una nueva migración masiva a las ciudades, pero también es una oportunidad para facilitar el desarrollo rural con actividades económicas que no son posibles sin tener plena disponibilidad de conexión a Internet.

Hay negocios en los que Internet es un eje fundamental, que no son viables en las ciudades pero si lo son en áreas rurales, con costes más reducidos, pero no pueden llevarse a cabo por no ser fiable o no estar disponible la conexión a Internet.

Hace ocho o nueve años hubo un intento de desarrollar Internet en zonas rurales con un programa que pretendía garantizar que la calidad en cualquier punto de España fuera equiparable a la que constituía un estándar en los núcleos urbanos. Estaba basada en antenas parabólicas, pero desde entonces el ADSL en zonas urbanas ha progresado enormemente mientras que la solución de antenas parabólicas ha quedado obsoleta. Cuando se estropea una antena el operador se desentiende de su reparación, como he podido experimentar en casos concretos, y la calidad es muy precaria y el coste elevado.

Ahora la cobertura de Internet en zonas rurales debe de basarse en la red de telefonía móvil que se supone puede llegar más fácilmente a todos los rincones, con independencia de que la fibra óptica vaya extendiéndose. Ahora que se están planteando programas de ayuda a los emprendedores como parte necesaria para relanzar el crecimiento de la economía, el Gobierno debe de poner la atención en asegurar que haya Internet en zonas rurales porque es una contribución muy positiva para emprender nuevas actividades que no son posibles en las grandes ciudades.

Situación económica y augurios

situacion economica Situación económica y augurios no siempre van en la misma dirección. En el caso de España, no sabemos exactamente si cabe esperar pronto una mejoría de la situación económica, pero lo que si puede observarse es que hay cuatro augurios negativos.

El primero es que aumentar impuestos frena la economía y no garantiza los incrementos de recaudación previstos. En cualquier empresa en crisis se reducen gastos y no se confía en ingresar más incrementando precios y en el Estado habría que hacer lo mismo. Obviamente hay un largo camino a recorrer en la reducción drástica de gastos después de varios años de derroche irresponsable. El 60% de las medidas económicas que se están aprobando están colgadas de los impuestos cuando el 100% debería ser de reducción de gastos.

El segundo augurio es el pesimismo y la desconfianza que trasmiten algunos miembros del gobierno y los medios de comunicación en general. Se puede hablar con claridad pero hay que evitar transmitir pesimismo y tristeza. No se puede decir que hay que elegir entre lo malo y lo peor, ni se puede decir con dramatismo en sede parlamentaria que «no hay dinero». Se puede transmitir alegría incluso en situaciones límite. Recuerdo un ministro hace unos treinta años cuando dijo en tono positivo: «la situación es desesperada pero no grave».

El tercer augurio es la impresentable oposición, sobre todo el partido mayoritario, que aun siendo consciente de haber provocado el actual desaguisado en sus últimos cuatro años de gobierno, solo sabe oponerse a todo lo que plantea el gobierno sin decir a los ciudadanos que es lo que considera que hay que hacer. Su política es salir a la calle en defensa de los mineros, a pesar de que fueron ellos los que con acierto planificaron el cierre progresivo de las minas, o salir a la calle en defensa de los funcionarios, aun cuando es evidente que hay que reducir el tamaño de la administración y/o los sueldos aunque sea de lamentar, …etc. El propósito parece que es dar señales de desconfianza para acelerar la intervención y cambiar el gobierno.

El cuarto augurio es el desmadre político europeo y la interminable secuencia de reuniones de las múltiples instituciones europeas y nacionales para tomar decisiones de supervivencia, decisiones que en EEUU toman en veinticuatro horas. A esto hay que añadir las pocas ganas que tienen de ayudar a nuestro país, y las declaraciones puntuales negativas de personajes relevantes que parece escogen con cuidado y largan con la mayor inoportunidad.

Situación económica y augurios no siempre van en la misma dirección y esperemos que así sea.

Modelo de estado cambio radical

El modelo de estado fue diseñado en España por políticos de uno y otro bando a espaldas de los ciudadanos, que no pudimos opinar sino solamente decir si o no una vez que todo estuvo cocinado. Estos políticos cuidaron de que no hubiera democracia real con representación y participación y de que no hubiera separación de poderes, es decir, cuidaron en que todo estuviera «atado y bien atado». Pero lo más grave es que diseñaron un modelo de estado que era de partida excesivo en tamaño y con tendencia a crecer de forma incontrolada sin criterio de unidad.

El diseño de modelo de estado fue tan desproporcionado que el país necesitaba crecer cada año por encima del 2% para generar empleo neto. Pero los políticos de turno en el poder hacían los presupuestos suponiendo que el país siempre crecería por encima de esa cifra y que las cuentas podían tener déficit amplios para lo que aumentaban cada año la deuda llegando en los tres últimos años a niveles gravemente irresponsables.

Ahora hemos tocado fondo y hay que hacer cambios radicales porque el plan recientemente anunciado no sirve. Hay que eliminar de raíz todo lo superfluo: asesores, empresas públicas prescindibles (más de 3000), coches oficiales (¿30.000?), televisiones públicas, embajadas, subvenciones a partidos, sindicatos y patronales,….etc., pero esto solo para empezar porque tampoco parece que basta. Habrá que revertir las competencias de comunidades autónomas que suponen el 60% del gasto total del Estado y que el mero hecho de fraccionarse en 17 partes arruina la ecuación económica.

El cambio de modelo de estado es urgente y si no se aborda inmediatamente, sucederá la temida intervención europea, aunque quizás no haya otro remedio y sea Bruselas quien nos impone el gobierno de coalición entre PP y PSOE que debió haber desde el primer momento y que no han sabido nuestros políticos poner en marcha. Si esto sirve para cambiar radicalmente el modelo de estado bien venido sea, pero habrá que encontrar un Monti español que no sea político, que conozca la administración y el mundo privado, que tenga prestigio y que pueda aglutinar voluntades y genere confianza, rara avis en nuestro altamente politizado país.

Si esto llegara a suceder, el nuevo modelo de estado tendría que incorporar tres ingredientes de orden político: La elección directa del jefe del poder ejecutivo, la independencia del poder judicial y una sola cámara legislativa elegida en circunscripciones uninominales, es decir en circunscripciones en las que se elija a un solo diputado. Con esto los ciudadanos estaríamos representados y podríamos participar y nunca más los ciudadanos tendríamos que contemplar como la situación política y económica se desboca sin poder hacer nada para impedirlo.

Recortes para salir de la crisis

Los recortes para salir de la crisis que el Gobierno está acometiendo parece que son necesarios dadas las circunstancias, pero todo se entendería mejor si por delante se suprimen gastos realmente innecesarios. Está claro que si la minería es deficitaria hay que ir eliminándola y que si las cuentas del Estado tienen alto déficit, los funcionarios tendrán que reducirse, en número y/o en sueldo, como los empleados de cualquier empresa con pérdidas. La cuestión es que antes habría que empezar por recortar el desmadre económico derivado de iniciativas superfluas e irresponsables.

Cualquier ciudadano tiene buen cuidado de administrar prudentemente la parte que le queda del sueldo una vez que paga sus impuestos, pero ve con horror, sin poder hacer nada para evitarlo, que los políticos dilapidan alegremente la otra parte de su sueldo. Ven como en cuanto algún político tiene poder en una zona de España, construye un aeropuerto, promociona un parque temático, crea dos televisiones públicas, construye un museo, crea decenas de empresas públicas innecesarias, inaugura embajadas por el mundo, riega de subvenciones a su entorno de amiguetes, pone en la quiebra a la caja de ahorros con inversiones deficitarias, y ….etc, gastando lo que no tiene y endeudándose sin freno. Los gastos corrientes derivados de estas iniciativas deberían ser los primeros recortes para salir de la crisis, aunque solo sea para mantener la moral ciudadana.

Las televisiones públicas son innecesarias en una sociedad moderna y solo sirven para acumular déficit, subvencionar producciones de amiguetes, colocar a los afines y hacer propaganda ideológica. Muchas subvenciones son prescindibles y especialmente podría prescindirse de las que perciben partidos políticos, sindicatos y patronales. Algunas además de prescindibles son escandalosas. Puestos a suprimir podría prescindirse de Senado, que no sirve para nada útil a los ciudadanos. Y sería bien visto por éstos suprimir radicalmente coches oficiales, cuentas de libre disposición, asesores superfluos, chóferes, guardaespaldas y demás privilegios que en gran medida constituyen pagos en especie libres de impuestos. No son éstos últimos, recortes para salir de la crisis que por si solos resuelvan mucho, pero tienen el gran valor de ser ejemplares para que la ciudadanía pueda tener confianza en quienes gobiernan.

Entre la peseta y el euro

Peseta El Gobierno afirma que la financiación de la deuda española es insostenible con los intereses que estamos pagando, lo que quiere decir que o bien se reducen pronto dichos intereses o se rompe la situación de forma drástica por algún lado. Según la información en los medios, el Tesoro ha emitido ya el 70% de la deuda que necesita emitir para todo el año, lo que supongo quiere decir que la liquidez llega por lo menos hasta mediados de septiembre. No sabemos por cuanto tiempo podrá el país seguir emitiendo deuda a estos intereses tan elevados pero está claro que si no hay cambios radicales de la situación llegaremos pronto al limite de decidir entre la Peseta y el Euro.

Dicen los políticos de uno y otro bando que la solución es «más Europa», es decir que se produzcan decisiones a nivel europeo que puedan relajar la desconfianza y abaraten la financiación. Lo que pasa es que ni en España se producen reformas suficientemente drásticas para merecer más confianza ni en Europa parece que están por la labor de aplicar decisiones rápidas y contundentes por el hecho de que España tenga problemas. Parece que les importa poco que nos movamos en el filo de la navaja entre la Peseta y el Euro.

En España parece imposible que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo para tomar decisiones conjuntas de alcance, pues las que el Gobierno puede tomar, aún con la mayoría absoluta, son al parecer insuficientes. Los políticos se ocupan en discutir los unos con los otros y sobre todo en conservar sus privilegios y los ciudadanos poco podemos influir porque no sabemos quien es la persona concreta que a cada uno nos representa. Por el lado de las reformas en marcha es obvio que avanzaremos, pero no parece que «el mercado» restablezca la confianza al ritmo necesario para evitar llegar al punto de decisión entre la Peseta y el Euro.

Por otro lado, no está nada claro que Europa nos solucione el problema. La Unión Europea es una maquinaria lenta y pesada que está llena de controversia. Un día alcanza un acuerdo precario a altas horas de la mañana y la Bolsa sube un ocho por ciento, pero a la semana siguiente diversos responsables políticos de varios países cuestionan el acuerdo alcanzado y volvemos al punto de partida. Una simple declaración del Gobernador del Banco Central Europeo hace bajar la Bolsa un cinco por ciento para regocijo de las posiciones cortas. No parece que la estabilidad venga porque vayan a inventar los Eurobonos ni porque el BCE tenga un mandato más orientado a como opera la Reserva Federal.

No tengo ni idea de que significa volver a la peseta, salvo que nos haría a todos mas pobres y tendríamos graves problemas de relación con Europa, pero tampoco parece que lo sepan en detalle los expertos. Los políticos desde luego ni idea, pues son por lo general gente de escasa formación. No estaría mal que los que conocen la materia nos den una idea sobre el asunto, sobre todo porque si llegara a producirse sería una noticia de la noche a la mañana que nos cogerá de improviso.

Las agencias de calificación

Las agencias de calificación valoran todo lo que les pongan por delante, ya sean países, bancos, empresas, activos, fondos de inversión, productos derivados….etc., y sus calificaciones suelen ser noticia de primera plana mas cuando rebajan un rating que cuando lo elevan, sobre todo cuando lo rebajan en tres escalones. Esta autoridad de decir lo que es bueno y lo que es malo no proviene de su ciencia infusa ni de disponer de información suficientemente extensa y relevante, sino que se edifica sobre las disposiciones legales que desautorizan a los fondos de pensiones invertir en activos de baja calificación.

No es fácil de entender porque este rol de calificar está reservado a tres agencias privadas, dos de ellas de raíz norteamericana con una cuota de mercado del 90%. Es evidente que las calificaciones que otorgan no pueden estar basadas en un conocimiento exhaustivo de la realidad de lo que valoran porque para ello tendrían que disponer de verdaderos ejércitos de agentes del máximo nivel lo que no es el caso. A la vista está el fiasco de la alta calificación de los productos estructurados que tumbaron hace cuatro años a un famoso banco de inversión estadounidense, calificación que pondría en duda cualquiera que tenga suficiente información al respecto y un poco de criterio.

Entiendo que las calificaciones que otorgan las agencias se consideran meras opiniones, que está muy claro que lo son, pero no entiendo porque una meras opiniones son tan determinantes para el orden económico mundial ni porque los gobiernos asumen este rol de las agencias de calificación y no revisan la legislación que les concede esta autoridad.

Burbuja del gasto público

gasto publico La burbuja del gasto público es tan peligrosa o más que la del ladrillo. Un experto economista que opinaba hace un par de días en «El Confidencial «sobre la situación económica lamentándose del silencio respecto a los detalles de las relaciones inconfesables cajas/casta política/promotores corruptos. Parece evidente que estas «relaciones inconfesables» han impulsado al sector de la construcción mucho más lejos de lo razonable al amparo del ciclo de bonanza económica de los últimos años. Estos excesos son los que ahora, en las horas bajas de la economía, han provocado que las cajas tengan créditos incobrables por miles de millones de euros que de una u otra forma tiene que reponerlos la sociedad. Parece obvio que estas operaciones fallidas sean investigadas a fondo, pero no se ve progreso al respecto. Están sin aclarar incluso casos señalados como el de la construcción del aeropuerto que supuso el fin de la Caja Castilla-La Mancha.

La burbuja del ladrillo ha explotado y de una u otra forma la tenemos que pagar los ciudadanos. Sin embargo la burbuja del gasto público no parece que pueda explotar porque depende de los propios políticos y no parece que estén por la labor. La administración está sobredimensionada con autonomías, diputaciones, ayuntamientos, con duplicidades, solapamientos e ineficiencias por falta de unidad, asesores, subvenciones innecesarias e incluso escandalosas, coches oficiales, guardaespaldas, …etc., que es un conjunto insostenible a largo plazo.

La burbuja del gasto público solo puede explotar si deciden hacerlo los propios políticos porque los ciudadanos no podemos hacer nada aparte de votar cada cuatro años para que gobierne uno de los dos partidos mayoritarios. Otra cosa sería si en nuestro país tuviéramos el sistema electoral vigente en los países desarrollados, reforma que es la primera que hay que hacer porque es la llave de todas las demás.

De todas formas si la burbuja del gasto público no explota, la harán explotar los europeos a través del mecanismo de la intervención, o bien volveremos a la antigua divisa y nos empobreceremos todavía más.

Protestas callejeras

Protestas callejeras inútiles tienen lugar después de que hace unos meses elegimos en España un gobierno que tiene el respaldo ciudadano de una mayoría absoluta. Esta por ver si fue una buena elección o si esa mayoría se equivocó, pero entretanto es el gobierno que tiene que dirigir el país y administrar el bien común. El sistema electoral da un margen de cuatro años para que los ciudadanos voten otra vez y decidan mantener el gobierno o cambiarlo.

Ejerciendo la tarea de administrar el bien común, el gobierno está tomando medidas restrictivas para taponar la hemorragia de una deuda creciente generada por gastar bastante más de lo que se recauda. No se cuan buenas son las medidas, pero es evidente que hay que cerrar la herida porque las «transfusiones» son cada vez más caras y existe la amenaza de que se acaben. No es agradable para nadie que haya recortes pero si alguien tiene que decidir evidentemente es el gobierno y en él habrá que confiar. Entretanto, es lamentable que haya tanto «cabecilla» incitando a la gente en los medios de comunicación para que salga a la calle a manifestarse protestando por todo sin tener ni suficiente información ni criterio contrastado de como administrar las cuentas del país. Predican contra las reformas y a favor de seguir gastando más de lo que se tiene, como si el dinero lloviera del cielo.

Pero no solo hay mucho indocumentado opinando de economía sino también gente mal intencionada que vive de subvenciones del Estado y pretende que quien administra el bien común haga lo que a ellos les interesa. Es evidente que no pueden gobernar desde la calle y que lo que están defendiendo son sus privilegios. Van además mucho más allá de protestar las medidas del gobierno pues no puede interpretarse de otra forma la proliferación de banderas nostálgicas de la segunda república que parecen pedir volver a la España de la alpargata.

Sea Monarquía o sea República, el ordenamiento del Estado hay que hacerlo en el Parlamento con amplia mayoría y no en la calle con algaradas populistas ni plebiscitos callejeros. No obstante, hay un fondo de razón en hacer protestas callejeras porque los ciudadanos carecemos de representante político y no podemos protestar ni proponer nada a través de él. Si quienes protestan en la calle se centraran en proponer un sistema electoral que garantizara que cada ciudadano tiene su representante y puede a través de él participar (sistema con circunscripciones uninominales), entonces la presión callejera podría entenderse como un clamor popular que hay que someter a análisis. El simple pataleo por medidas de administración económica es un espectáculo inútil que solo consigue hacer mucho daño al país.

Energía nuclear sin ideología

En un país como el nuestro en el que la dependencia energética del exterior es casi total y el recibo de la luz crece viene creciendo estos últimos años más de dos dígitos, el uso de la energía nuclear tiene más ventajas que inconvenientes. Se abandonó por los problemas de terrorismo en la central de Lemóniz, aunque el abandono se justificase como cuestión ideológica.

Sin embargo, los mismos políticos que condenaron a la energía nuclear no dudaron en comprar dicha energía a Francia, país que produce el 85% de su electricidad en centrales nucleares. España ha venido importando energía eléctrica de Francia desde hace muchos años hasta el año 2010 en el que la producción de electricidad de las centrales hidroeléctricas fue excepcionalmente alta. Francia tiene unos 80 reactores nucleares, todos ellos tan cercanos a nuestro país que a los efectos de posibles accidentes es como si estuvieran en España.

En realidad, la energía nuclear no forma parte de la política energética porque se tarda más de 10 años en construir una central nuclear y mientras tanto el partido en el poder tiene que cargar con la impopularidad de la decisión, cosa que los propios políticos han generado. Electoralmente se sale del calendario y no interesa. Mientras, los ciudadanos pagamos cada vez más cara la luz cuando la energía nuclear es mucho más barata y además tenemos reservas de uranio.

La excesiva dependencia energética del exterior, el precio creciente del petróleo y la insuficiencia y el elevado precio de las energías renovables, cuyas subvenciones representan el 22% del recibo de la luz, aconsejan reabrir el debate de la energía nuclear. La economía del país y de los ciudadanos se podrían beneficiar en el futuro de una energía más barata y más independiente.

El negocio del sindicalismo confederal

Los dos sindicatos mayoritarios, siempre de la mano, han acordado una estrategia para que la movilización en las calles tenga continuidad. Señalan textualmente en el documento elaborado al efecto que “es necesario gobernar la estrategia de rechazo a la reforma desde el sindicalismo confederal”, lo que delata la preocupación de los dirigentes sindicales y de los que viven del sindicalismo de perder una parte substancial del negocio que tienen entre manos.

Estos días pasados podíamos leer en los medios de comunicación que los sindicatos tienen una red de empresas que generan millones de euros de beneficios, aparte de las subvenciones que reciben del Estado y de las partidas presupuestarias que reciben para cursos de formación. Parece una contradicción dar subvenciones con el dinero de los ciudadanos a entidades que tienen negocios paralelos que generan importantes beneficios. Como también es contradictorio que los subvencionados den a su vez subvenciones.

La reforma laboral en curso es un torpedo en la línea de flotación del negocio del sindicalismo confederal. En las tres reformas laborales de los dos últimos años, los sindicatos “torearon” a su “pareja de baile”, es decir al Gobierno, y lograron mantener la prevalencia de los convenios sectoriales. Mientras tanto, el Banco de España ha señalado que la descentralización de la negociación colectiva supondría reducir en cuatro puntos la tasa de desempleo, es decir dar trabajo a un millón de personas.

Los sindicatos están sin embargo orgullosos de haber acordado tres reformas sindicales que han continuado generando paro los dos últimos años. También, de haber acordado el contrato temporal eternamente renovable, a partir de cuya existencia casi se extinguieron en la práctica los contratos con clausula de 45 días de indemnización por despido. Parece evidente que los sindicatos defienden con prioridad el negocio que tienen entre manos y pretenden que el pueblo salga mayoritariamente a la calle a apoyarles.

No hay nada que objetar a que los ciudadanos expresen su opinión en la calle o donde quieran. Lo que es objetable es que quienes promueven la agitación social lo hagan para defender sus propios intereses. Si éstos sindicatos se financiaran exclusivamente de las aportaciones de sus afiliados, cualquier posicionamiento sería altamente respetable, porque sería la pura expresión de la voluntad de los representados.