Hemos visto estos días a todos los partidos políticos elogiar la obra de Suarez como Presidente del Gobierno, pero nadie ha hecho referencia a Suarez en su etapa de ministro que se extendió durante seis meses desde su nombramiento, el 11 de diciembre de 1975 a propuesta de Fernández Miranda, hasta primeros de julio de 1976 cuando fue nombrado Presidente.
Durante esos seis meses pasó de ser el Ministro Secretario General del Movimiento (representante de la ortodoxia franquista residual) a ser el Presidente del Gobierno que promovió la democracia. Quizás fue clave la misión que le encomendaron de activar canales de enlace y dialogo con las figuras más representativas de la oposición, gestión de la que iba a reportar el 2 de abril de 1976 en el Consejo de Ministros que tuvo lugar en Sevilla y que fue presidido por el Rey.
Cuatro días antes, el 29 de marzo, fueron detenidos algunos representantes de Coordinación Democrática (Platajunta) bajo la acusación de atentar contra la forma del Estado, materia que seguramente Suarez trató con el Presidente del Congreso Sr. Fernández Miranda en la visita que le hizo ese mismo día de la que la prensa dio noticia reseñando que se ignoraba la materia tratada.
Suarez consideró que la detención de miembros de la Platajunta arruinaba la labor de dialogar con la oposición hasta entonces por él realizada y así lo denunció en el Consejo de Ministros del 2 de abril en los Reales Alcázares de Sevilla. El Presidente Arias ratificó la actuación del Vicepresidente Fraga y Suarez hizo al Rey un gesto señalando con la vista un cuadro que había en la pared de Salomé y la cabeza del Bautista sugiriendo la conveniencia de que cambiaran las dos cabezas, lo que sucedió a primeros de julio.
Un pacto PP PSOE sobre el sistema electoral parece posible y sería muy conveniente como eje fundamental de la regeneración democrática y de las reformas que necesita el país. Sería una oportunidad de que los ciudadanos estén legítimamente representados y que esa representación sea cierta, genuina y verdadera.
La pasada huelga general ha escenificado la realidad de unos sindicatos decadentes que pretenden retrotraernos al siglo XIX. Los sindicatos decadentes, llamados sindicatos de clase, tienen solamente una afiliación del 16% y por lo tanto escasa representatividad y las cuotas de sus afiliados no cubren ni el 10% de sus gastos, por lo que se financian con dinero público. Con tan escasa representatividad, los sindicatos decadentes convocaron la huelga con la absurda pretensión de que el Gobierno, que tiene mayoría absoluta, convocara un referendum sobre las reformas en curso.
Tarradellas pensó que se trataba de una quimera catalana la invitación que le hizo el Sr. Casinello, enviado del presidente Suarez, para regresar a Cataluña como presidente de la Generalitat. Incluso cuando llegó el avión que le iba a trasladar a España, todavía pensaba que era una quimera catalana.
La resistencia al cambio es en España habitual y es raro que dimita de su cargo un político por muy insostenible que sea su situación y por muy evidente que sea la voluntad popular de que lo haga. Son gente que disfruta de puestos de trabajo a salvo de despidos, restructuraciones o expedientes de regulación.
Que le pide el ciudadano al Gobierno es una pregunta fundamental que todo político debe hacerse, porque la política debe de servir al ciudadano. En política, es habitual que quien tiene algún poder haga uso de él a su conveniencia. El poder suele anteponer los intereses del partido y los de los que lo sustentan, sobre todo en un sistema que tiene mucho de autocracia.
Grecia tiene un sistema electoral en el que se eligen 238 escaños en 56 circunscripciones (48 de ellas plurinominales) con distribución proporcional, con distribución de restos también proporcional. Otros 12 escaños se distribuyen proporcionalmente a escala nacional y otros 50 escaños se otorgan al partido que obtenga mayor número de votos. El voto es obligatorio para los ciudadanos mayores de edad hasta los 70 años.
Indignación es lo que lleva a la calle a los ciudadanos como única forma de protesta que prevé nuestro sistema político. La participación política del ciudadano se reduce a delegar en un partido político votando cada cuatro años y a manifestarse de cuando en cuando para desahogarse. No existe forma de canalizar sistemáticamente ideas y propuestas para su debida consideración porque los ciudadanos no tienen representante a quien dirigirse.
El año pasado, cuando el anterior gobierno ya sabía que no podía gobernar en la siguiente legislatura, convocó elecciones el mes de junio para el 20 de noviembre con 5 meses de antelación. De esta forma, con 5 meses de interinidad y de derroche, la situación económica se deterioraría hasta límites insostenibles con el agravante de comenzar el ejercicio económico sin presupuestos. A esto hay que añadir el mes largo que se demora la formación del nuevo gobierno, que nadie entiende que sea tan lento.
Aunque parezca una ilusión las circunstancias actuales pueden conducir a un pacto de los dos grandes partidos políticos. No tiene sentido que los socialistas gobiernen en Andalucía con el ideario del partido comunista que solo obtuvo un 11% de los votos ni es lógico ni aceptable que en Asturias imponga condiciones un partido de un solo diputado.