Canalizar el descontento ciudadano es una de las cuestiones imprescindibles en democracia. Tiene que haber cauces organizados para que los ciudadanos, bien de forma individual o agrupados en colectivos, puedan hacer llegar sus puntos de vista, sus propuestas, o sus quejas a quienes se supone representan la soberanía popular. Si no es posible canalizar el descontento ciudadano los ciudadanos tienen que expresar sus opiniones en la calle en primera instancia en lugar de hacerlo como último recurso. Y cuando solo existe el recurso de la calle, es fácil que minorías extremistas inciten a la violencia, de lo que hemos tenido muestra reciente.
Hace unos días una corresponsal alemana, Stefanie Claudia Müller, publicó un artículo que pretendía reflejar como nos ven los alemanes. El artículo refleja muchos de los problemas actuales y aporta datos que no se si son exagerados o no, pero incluye la siguiente afirmación que es rigurosamente cierta: «En España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista». En la actualidad ningún ciudadano sabe quien le representa, por lo que solo puede opinar votando cada cuatro años al partido «menos malo» o hacer uso del «derecho al pataleo» como único método para canalizar el descontento ciudadano.
Resulta bastante evidente que la situación actual requiere que los dos principales partidos nacionales se pongan de acuerdo para reformar el modelo de estado y que los ciudadanos sean consultados de forma continua y organizada para canalizar el descontento ciudadano y hacer llegar sus propuestas. La primera materia de consenso debería ser el cambio del sistema electoral, rectificando el mayor error cometido en la transición. Un sistema basado en circunscripciones uninominales devolvería la soberanía a los ciudadanos. Cada ciudadano tendría un representante, quien tendría que estar abierto a escuchar y debatir todo lo que opinen sus representados.
Este sistema, que es el de Francia, Alemania, Reino Unido, EEUU, y otros paises, proporcionaría la forma organizada de canalizar el descontento ciudadano día a día, con lo que la posición del representante en la circunscripción tendría que decantarse según opinen sus representados en lugar de plegarse a lo que indique el partido, arriesgando en ello su prestigio y comprometiendo su reelección o incluso su continuidad. Este sistema defiende por tanto día a día a las minorías en la medida en que tengan apoyo ciudadano. Proporciona además mayorías amplias a salvo de chantajes de minorías nacionalistas artificiales fabricadas con propaganda identitaria costeada con el dinero de los ciudadanos.
Hay una estrecha relación entre separatismo y ley electoral porque el sistema electoral favorece que haya que «comprar» votos a minorías oportunistas que viven de la propaganda identitaria. El sistema electoral de listas de partidos tiene la carencia fundamental de que el ciudadano no tiene representante político ni puede en consecuencia participar en el desarrollo legislativo, lo que hemos señalado en muchas ocasiones anteriores.
La reforma de la ley electoral tiene que incorporar tantas circunscripciones electorales como diputados a elegir, como en Francia, Alemania, EEUU, Reino Unido y otras democracias de occidente. De esta forma, cada ciudadano tiene un representante concreto con nombre y apellidos para participar en el desarrollo político tanto como desee. La ley electoral no debe limitarse a corregir la proporcionalidad entre votos y escaños de los partidos, o a las listas abiertas, porque no cambiaría la situación actual de que son los partidos y no los ciudadanos quienes están representados en el Parlamento.
La reforma del Estado del año 1978 la hicieron siete políticos que representaban dos partidos de derechas, dos partidos de izquierdas y un partido nacionalista. Aparte de poner al día muchas normas de convivencia, el núcleo fundamental de la reforma del Estado consistió en que la soberanía residiera de hecho en los partidos políticos y en que los tres poderes del Estado fueran controlados por la mayoría en el poder. Los siete «padres» hicieron este desaguisado a conciencia para asegurar que nacía una casta política con largos años de privilegios por delante, que se repartiría el poder con alternancia entre la derecha y la izquierda, dejando a la ciudadanía la única participación de votar cada cuatro años a un partido político.
La Presidenta de la Comunidad de Madrid comunicó ayer que se proponía reducir de 129 a 65 el número de diputados de la Asamblea de Madrid. Es sin duda una decisión acertada pero tendría que estar acompañada de otra forma de elegir a los diputados, concretamente en 65 circunscripciones. De esta forma cada ciudadano de la Comunidad de Madrid sabría que diputado le representa y podría dirigirse a él cuantas veces considere oportuno.
Grecia tiene un sistema electoral en el que se eligen 238 escaños en 56 circunscripciones (48 de ellas plurinominales) con distribución proporcional, con distribución de restos también proporcional. Otros 12 escaños se distribuyen proporcionalmente a escala nacional y otros 50 escaños se otorgan al partido que obtenga mayor número de votos. El voto es obligatorio para los ciudadanos mayores de edad hasta los 70 años.
Indignación es lo que lleva a la calle a los ciudadanos como única forma de protesta que prevé nuestro sistema político. La participación política del ciudadano se reduce a delegar en un partido político votando cada cuatro años y a manifestarse de cuando en cuando para desahogarse. No existe forma de canalizar sistemáticamente ideas y propuestas para su debida consideración porque los ciudadanos no tienen representante a quien dirigirse.
Nadie vota promesas electorales. Los medios de comunicación y los partidos de la oposición están continuamente machacando sobre si las decisiones de gobierno están o no están de acuerdo con los programas y promesas electorales como si la tarea de gobierno fuera ajustarse a un plan rígido preconcebido de cuatro años de duración. Es decir un programa de gobierno estático de «piñón fijo» que no tuviera en cuenta los nuevos hechos que acontecen.
El año pasado, cuando el anterior gobierno ya sabía que no podía gobernar en la siguiente legislatura, convocó elecciones el mes de junio para el 20 de noviembre con 5 meses de antelación. De esta forma, con 5 meses de interinidad y de derroche, la situación económica se deterioraría hasta límites insostenibles con el agravante de comenzar el ejercicio económico sin presupuestos. A esto hay que añadir el mes largo que se demora la formación del nuevo gobierno, que nadie entiende que sea tan lento.
s como en las de Asturias debe gobernar la mayoría, pero está a punto de cometerse el sinsentido de que el partido más votado no sea el que gobierne. Si en Asturias el partido mayoritario es el socialista, debería gobernar, igual que en Andalucía debería gobernar el parido popular. Las coaliciones electorales deberían ser previas a las votaciones para que los ciudadanos tengan claro el programa que votan y no suceda que un partido que no es el más votado gobierne con las imposiciones extremas de un grupo minoritario que solo tiene un 11% de apoyo popular como es el caso de Andalucía, o que como sucede en Asturias coexistan dos partidos conservadores mas o menos iguales solo para disputarse cual de las dos facciones lidera la coalición.