Hay líderes políticos y sindicales que califican las medidas de ajuste económico como política de derechas, mezclando intencionadamente las cuestiones económicas con las ideológicas. Defienden el gasto excesivo, como si los déficits se disolvieran con el tiempo como si fueran simples recuerdos y cuestionan la buena administración porque dicen que es de derechas.
Ignoran, o niegan, que un déficit alto es malo para cualquier posición ideológica porque implica mayor endeudamiento, desconfianza, encarecimiento del dinero, paro,…etc., que acaba por lastar el crecimiento, incrementar la presión fiscal y deteriorar la calidad de vida, presiones que afectan principalmente a los más desfavorecidos, que son a los que parece que dirigen sus palabras.
El Gobierno va haciendo ajustes con cuentagotas porque no quiere defraudar más de la cuenta a todas esas personas e instituciones que ha estado alimentando de declaraciones y medidas demagógicas en los años recientes. Los sindicatos, que siguen estando subvencionados desde la dictadura, tienen un ejército de liberados preparados para salir a la calle cuando se lo ordenen, lo que hace difícil que el Gobierno se atreva a hacer la reforma laboral que necesita la economía y desde luego los parados.
También resulta difícil contener el gasto innecesario que se propaga a lo ancho de las autonomías y del aparato del estado y de las empresas públicas, que han crecido en las tres pasadas décadas hasta el punto de multiplicar por cuatro o cinco el número de funcionarios. Para estos ajustes lo mejor sería que los dos principales partidos se pusieran de acuerdo y actuaran conjuntamente. Son programas de ajuste que en la vida de cualquier empresa tienen lugar cada cierto tiempo.
El problema para que se pongan de acuerdo es que no han parado de insultarse durante siete años. El reciente entendimiento para incluir el equilibrio presupuestario como precepto constitucional abre una puerta a la esperanza de que se entiendan. El país lo necesita para racionalizar la administración del conjunto del Estado y poner freno a los intereses bastardos disfrazados de reivindicaciones nacionalistas.
Un pacto de reforma de la ley electoral dividiendo el país en tantas circunscripciones como diputados, es decir eligiendo un diputado en cada una de ellas, abriría un nuevo periodo de gobiernos con amplias mayorías sin tener que comprar votos a partidos minoritarios oportunistas y sin que por ellos las minorías ciudadanas dejaran de estar amparadas. Sería además una nueva era de participación ciudadana en las tareas políticas, hoy tan imposible como lo era en la dictadura.