Dos mayorías imposibles

mayorias imposiblesEn Cataluña han quedado las cosas mas o menos igual con dos mayorías imposibles. Por un lado hay una mayoría de derechas que suma 78 diputados que se rompe porque 50 de ellos son separatistas. Por otro lado hay una mayoría separatista que suma 87 diputados que se rompe porque están divididos en 50 de derechas y 37 de izquierdas.

Este balance es mas o menos el que había antes de las elecciones y no cabía prever que cambiara. Solo el Presidente Más creía que se podía formar una mayoría separatista y a la vez de derechas. Cabría preguntarse si no ha sido el Sr. Pujol el que ha encandilado al Sr. Más en el separatismo urgente y radical para que se queme y pudiera ser reemplazado por su hijo, quien además de promocionar se quitaría de en medio la presión de las investigaciones sobre la concesión de las ITV´s. Él mismo eludió otras cuando ascendió a Presidente.

Si CIU pacta con ERC será para la convocatoria separatista a cambio de concesiones económicamente imposibles, ambas cosas con oposición frontal del Gobierno central. Mas bien parece posible el pacto ce CIU con el PSC, lo que requeriría disfrazar la convocatoria separatista de federalismo ambiguo, es decir la congelación a la que se refería el hijo del Sr. Pujol. A cambio CIU podría gobernar, aunque con la presión del PSC para continuar gastando mas de lo posible, pero con menor intransigencia del Gobierno central.

Sindicatos decadentes

SINDICATOS decadentesLa pasada huelga general ha escenificado la realidad de unos sindicatos decadentes que pretenden retrotraernos al siglo XIX. Los sindicatos decadentes, llamados sindicatos de clase, tienen solamente una afiliación del 16% y por lo tanto escasa representatividad y las cuotas de sus afiliados no cubren ni el 10% de sus gastos, por lo que se financian con dinero público. Con tan escasa representatividad, los sindicatos decadentes convocaron la huelga con la absurda pretensión de que el Gobierno, que tiene mayoría absoluta, convocara un referendum sobre las reformas en curso.

El espectáculo de los piquetes intimidando a los trabajadores y al comercio para que se sumaran a la huelga y los discursos decimonónicos de los líderes, orgullosos de parecernos a Grecia, denotan que la preocupación de estos sindicatos decadentes es la propia supervivencia que ven amenazada por la inevitable reducción progresiva de las subvenciones públicas. A pesar del  descontento popular con la situación económica, los ciudadanos no han considerado que la huelga aporte soluciones sino más problemas.

A la gente no se le escapa que estos sindicatos decadentes sintonizaban con el anterior gobierno y tienen por tanto su parte de responsabilidad en el deterioro económico, ni tampoco se le escapa que participaban en la gestión de las Cajas, ni que están aplicando con rigor las normas laborales que cuestionan para reducir sus plantillas. Hay el sentimiento de que los sindicatos tienen que modernizarse y centrarse en la defensa de los trabajadores en lugar de dedicarse a la acción política. Para ello nada mejor que vivir de las cuotas de sus afiliados, como en muchos países europeos.

Ayudaría mucho que se desarrollara la ley de huelgas que se recoge en la Constitución y que está pendiente de desarrollar. Aclararía mucho en que condiciones puede convocarse una huelga general, si es que se estima conveniente que pueda convocarse en alguna. Aclararía también que los convocados a una huelga son libres de sumarse a ella o de ejercer su derecho al trabajo, y también podría resolver los problemas añadidos de grupos violentos oportunistas que «pescan en río revuelto». Y desde luego ayudaría a transformar los actuales sindicatos decadentes en sindicatos modernos orientados a defender realmente los intereses de los trabajadores de participar en el valor añadido con que contribuyen al desarrollo de la economía.

La madre de todas las reformas

la madre de todas las reformasTodos los que razonan un poco sobre la situación económica actual entienden que para que aumente el empleo tiene que haber crecimiento económico y que para que haya crecimiento económico tienen que aumentar las iniciativas empresariales y las inversiones. No hay que ser muy listo para entender que el crecimiento económico no es posible si no somos capaces de hacer reformas que generen credibilidad y confianza en el futuro económico.

Partiendo de un déficit que llegó a escalar al 11% y de una deuda total con el exterior en torno al 300% del PIB, empleando el 4% del PIB en aumentar año a año la plantilla del Estado y desplomándose la construcción que suponía el 12% del PIB, es evidente que hay que hacer reformas. Nadie en su sano juicio puede argumentar en contra y de hecho nadie lo hace.

Otra cuestión es qué reformas hay que hacer y quién las hace. Quién las hace está muy claro que tiene que ser el Gobierno que los ciudadanos han elegido por mayoría absoluta. Qué reformas deben hacerse tendrá que ser también el Gobierno y el Parlamento quien las decida, a ser posible con amplia mayoría, después de asesorarse y de escuchar las propuestas de los ciudadanos, aunque esto último no es posible debido a que la soberanía popular está intervenida por los partidos políticos.

Por desgracia los ciudadanos estamos al margen y no podemos opinar. No tenemos otra opción que dejar hacer las reformas al Gobierno que hemos elegido. Desde luego es mejor opción que hacer caso a todos los mequetrefes, chisgarabís, zascandiles y calandracos que se lanzan a la calle para tratar de imponer otra voluntad que la que dieron las urnas. Otra cosa sería si en la calle se pidiera hacer la madre de todas las reformas, base de todas las demás, un sistema electoral con circunscripciones uninominales para articular la representación y participación popular.

La soberanía popular está intervenida

soberania popularLa actividad política de los ciudadanos se reduce a echar una papeleta en una urna cada cuatro años para elegir un partido político y su lista de candidatos. A partir de entonces la soberanía popular está intervenida y reside en los partidos políticos. Además, el partido o coalición gobernante controla de una u otra forma los tres poderes del Estado. No existe por tanto ni representación ni participación política ni una justicia realmente independiente.

Si un ciudadano quiere intervenir, opinar, proponer, censurar, protestar, participar,….etc., no tiene a quien dirigirse ya que nadie le representa. Solo le queda salir a la calle a protestar, que es lo que está sucediendo de hecho a diario. Esto lo decidieron los representantes de las «derechas» y las «izquierdas» en la transición política, que optaron por que todo siguiera estando «atado y bien atado» aunque hubiera alternancia de poder.

El sistema electoral de los países democráticos más desarrollados tiene tantas circunscripciones electorales como representantes a elegir, con lo que cada ciudadano tiene un diputado electo que le representa al que puede dirigirse tanto como desee durante la legislatura. Es la fórmula que se aplica en Francia, en Estados Unidos, en Reino Unido y en Alemania, en este último caso para elegir a la mitad de la Cámara.

Votar a los partidos es en la práctica votar marcas, ya sea la marca “derechas” o “izquierdas” para darles el poder absoluto por cuatro años. Si la clase política realmente defendiera el interés común, debería replantearse el sistema electoral y ponerlo en línea con los países líderes en progreso, desarrollo y justicia social. Claro que si la soberanía popular no estuviera intervenida y las leyes se hicieran con participación ciudadana y la justicia fuera totalmente independiente, habría muchos menos políticos y muchos de ellos estarían en la cárcel.