Las subvenciones innecesarias son un cáncer económico que ahoga poco a poco a la sociedad civil. Cuando las cuentas del estado están equilibradas las subvenciones innecesarias no comprometen el balance económico pero son cuestionables porque encarecen la economía del contribuyente. Y cuando, como ahora, el Estado gasta más de lo que ingresa y el déficit de sus cuentas llega a ser de 11,2% como lo fue en 2009, las subvenciones que no son imprescindibles hay que eliminarlas de forma radical e inmediata.
Empezando por los partidos políticos, en 2010 se subvencionó al PP con 36 m€ y con 34 m€ al PSOE. Aparte de que como principio los partidos políticos deberían financiarse por sí mismos, bastaría con que sus 200.000 miembros, como es el caso del PSOE, abonaran una cuota anual de 170 € que representa mucho menos que el incremento del recibo de la luz. Y si así fuera ya se encargarían los militantes en que no se dilapide el dinero.
Para subvencionar los sindicatos en el año 2010 se presupuestaron 193 m€ para repartirse entre UGT y CCOO, a lo que hay que sumar el gasto de 7574 m€ que el Ministerio de Trabajo presupuestó para el fomento de la inserción y estabilidad laboral, que no es otra cosa que la celebración de cursos para parados normalmente gestionados por los sindicatos con eficacia casi nula según los expertos. Además, parece ser que los sindicatos perciben una comisión del montante de los expedientes de regulación de empleo, al menos en Andalucía. En contraste, en Alemania los sindicatos se financian con las cuotas de sus afiliados.
Las subvenciones que presupuesta el Ministerio de Cultura ascienden a 414 m€, la mitad para el cine y el teatro, entre ceja y ceja. Las subvenciones de cooperación al desarrollo ascienden a 2808 m€ incluyendo millonarias ayudas públicas muy cuestionables. Y lo que resulta escandaloso es que haya una partida presupuestaria de 2094 m€ para imprevistos y funciones no clasificadas, montante un 35% superior al de congelación de las pensiones.
El Ministerio de Industria reparte 4425 m€ en subvenciones, muchas de ellas necesarias, aunque otras cuestionables, como es el caso del sostenimiento de la minería del carbón que no es competitiva y es altamente contaminante, por un valor de 750 m€, además de las partidas dedicadas a desarrollos alternativos e infraestructuras. El Ministerio de Fomento administra 908 m€ de subvenciones en su mayor parte al transporte terrestre.
La falta de transparencia impide al ciudadano normal conocer el detalle del gasto en subvenciones y cuando se discute en los medios sobre alguna subvención en concreto suelen afirmar los responsables que se trata “del chocolate del loro” y que no se arregla nada eliminándola, argumento que no se ha aplicado para la miserable cuantía congelada a cada pensionista.
Es importante y urgente que los ciudadanos conozcamos cuanto y a quién se subvenciona. Es una información que existe y está debidamente digitalizada, por lo que se puede dar a conocer en una publicación ad-hoc, o más simplemente a través de internet. Solo requiere la voluntad política de cumplir con la obligación de informar a los ciudadanos en que se gasta su dinero.