Ciertas ayudas y subvenciones del Estado son necesarias y si se sometieran a aprobación popular contarían con apoyo mayoritario, pero hay muchas otras que son innecesarias porque no añaden nada al bien común y son una carga improductiva para el contribuyente.
Las subvenciones a los partidos políticos son particularmente nocivas. Con el sistema partidista vigente, los ciudadanos tienen que delegar su soberanía en los partidos políticos y además pagarles todos sus gastos. Y lo peor es que no sabemos en qué se gastan el dinero público, porque no hay transparencia y porque los partidos conceden a su vez subvenciones y ayudas en cadena a grupos y asociaciones afines. Es inaceptable que los subvencionados concedan a su vez subvenciones con dinero ajeno, encubriendo además los fines, quizás porque son inconfesables.
Las subvenciones y ayudas a sindicatos y patronales son también prescindibles. No se entiende porque en Alemania los sindicatos se financian con las cuotas de sus miembros y en España los tiene que financiar al 90% el contribuyente. Así los sindicatos, en vez de ser meros representantes de sus afiliados, son básicamente “correas de transmisión” de intereses políticos.
Las subvenciones al cine son prescindibles y desproporcionadas. Tienen su razón de ser en que es un sector controlado por personas afines al gobierno, al que hacen propaganda política. Las ayudas concedidas y las películas producidas crecen mientras que los espectadores y la recaudación disminuye, despropósito que pagamos todos los ciudadanos, nos gusten o no nos gusten las películas que producen.
Las subvenciones no se detallan claramente en los programas de los partidos sino que son materia presupuestaria de cada año que pasa desapercibida para el ciudadano, sobre lo que nada puede hacer. Si cada ciudadano tuviera un representante político concreto (como sucede por ejemplo en Alemania, Francia, EEUU o el Reino Unido), habría un canal permanente de participación política por el que pedir explicaciones y hacer propuestas.