Subvenciones escandalosas

El PSOE y el PP recibieron 70 millones € de subvención en 2010, pero esta cantidad se incrementará este año un 33% hasta 131 millones € debido a los 26,5 millones € asignados a los gastos de propaganda electoral de las pasadas elecciones de mayo, y otro porcentaje similar por las elecciones del próximo noviembre.

El contribuyente paga 276,86 € por cada concejal electo, 0,55 € por cada voto municipal, 0,83 € por cada voto en las elecciones generales, 21,633,33 por cada escaño y 0,22 € por cada elector para las elecciones municipales y 0,22 € por elector para las generales. A cambio de estas elevadas cifras de gasto electoral el contribuyente recibirá muy poco. No está pagando una representación política, pues nada puede opinar ni hacer llegar a su inexistente representante político en los próximos cuatro años. Un alto precio para una adhesión incondicional.

Dado que no se eligen personas sino partidos políticos, la propaganda electoral es la venta de la marca, sea PSOE, PP u otras, y poco o nada importa el programa electoral porque es un paquete que hay que aceptar en su conjunto y desentenderse de él los próximos cuatro años en los que los partidos lo aplicarán o lo ignorarán según les convenga en cada momento sin que los ciudadanos puedan influir.

Para vender la marca, el precio a pagar por una campaña de dos semanas es demasiado. Los mítines son reuniones internas de partidarios y no sirven para nada útil. Los viajes, carteles, buzoneos y mailings generan gastos que son innecesarios y poco hacen para mejorar el perfil de las marcas. Bastarían los debates electorales que las televisiones pueden ofrecer sin gasto adicional para el contribuyente. La convocatoria electoral no es la fiesta de la democracia como dicen muchos políticos cursis. Sería en todo caso la fiesta de la partitocracia y para eso lo razonable es que la paguen ellos, es decir sus afiliados.

Si tuviéramos una democracia representativa y cada grupo de ciudadanos eligiera a la persona que quieren que les represente, no haría falta gastar dinero público en vender la marca. La promoción sería una cuestión local de cada circunscripción electoral y no habría que hacerla una vez cada cuatro años sino que sería un proceso continuo derivado de la relación de los electores de cada circunscripción con su representante y con los aspirantes a serlo en el futuro.