La cultura funcionarial y su picaresca contamina el calendario electoral español que no entiende de urgencias en las convocatorias electorales ni en los relevos. Parece que predomina el interés de que los salientes queden colocados, pongan en “orden” sus papeles y decreten subvenciones. En las pasadas elecciones municipales hubo denuncias de destrucción de documentos, habiéndose llegado incluso a la intervención judicial para impedirlo.
Las elecciones del 20 de noviembre se convocaron en junio, con varios meses de antelación, dejando al país con un gobierno interino para afrontar situaciones de máxima gravedad. No contentos con esto, el decreto de disolución de las Cortes del 17 de septiembre fija otro periodo adicional de interinidad determinando que las nuevas Cortes se constituyan el 13 de diciembre, es decir 23 días después de conocerse el resultado de las elecciones.
En el Reino Unido, por ejemplo, las elecciones son casi inmediatas una vez que se disuelve el Parlamento y los candidatos electos toman posesión dos o tres días después. Aparte del margen para la manipulación, los largos periodos de interinidad adormecen a la Administración del Estado que sigue una inercia funcionarial de continuidad en la rutina como si no hubiera cosas que rectificar y como si el tiempo pudiera dilatarse eternamente.