El poder ejecutivo no está para hacer ideología, que para eso está el Parlamento, sino para administrar el bien común con austeridad, eficacia y eficiencia. Pero los ministros y altos cargos de la administración deben sus puestos al partido gobernante y toman sus decisiones de acuerdo a los intereses del partido por encima del criterio del equipo de profesionales de las instituciones que tienen a su cargo. Por esta razón tienen que rodearse de asesores de libre designación que pongan en sus manos los informes oportunos.
En realidad poco importa que el alto cargo sea un profesional del ramo porque casi todo lo que hay que hacer lo realiza el cuerpo de funcionarios. Lo que si es importante es que las decisiones a adoptar y las instrucciones a los profesionales sean objetivas y sirvan ante todo al bien común sin concesión alguna a la ideología. La defensa del interés común en materia de educación, sanidad o prestaciones sociales, requiere simplemente buena administración.
Cualquier ciudadano libre de incapacidad patológica puede ser ministro, siempre que no sea demasiado joven ni demasiado viejo y que no tenga contraindicaciones penales. Podrían elegirse los altos cargos más importantes de la Administración por un sistema de sorteo similar al utilizado para elegir un jurado. El ciudadano elegido tendría la opción de aceptar o rechazar el cargo y en caso de aceptarlo tendría que aparcar su patrimonio e intereses económicos en una teneduría independiente hasta pasado un tiempo del final de su mandato.
Los altos cargos elegidos por sorteo no tendrían demasiado tiempo para formar camarillas ni acoplarse a la voluntad del partido gobernante y en general atenderán a su cometido valorando las propuestas de los profesionales atendiendo al bien común. No es fácil que el grupo se coloree de ninguna ideología en concreto y en cualquier caso el Parlamento tendría la potestad de relevar a un titular de su cargo ante circunstancias notorias, como por ejemplo violar la ley de estabilidad presupuestaria.
El Jefe del Gobierno debatiría con los ministros las iniciativas a seguir en un clima de objetividad y se podría prever la recusación en casos extremos, para lo que mediaría el poder judicial. Al fin y al cabo la misión de un alto cargo del Gobierno no es muy diferente de la cualquier ciudadano que tenga que administrar sus intereses sin gastar de forma continuada más de lo que ingresa.