La actividad política de los ciudadanos se reduce a echar una papeleta en una urna cada cuatro años para elegir un partido político y su lista de candidatos. A partir de entonces la soberanía popular está intervenida y reside en los partidos políticos. Además, el partido o coalición gobernante controla de una u otra forma los tres poderes del Estado. No existe por tanto ni representación ni participación política ni una justicia realmente independiente.
Si un ciudadano quiere intervenir, opinar, proponer, censurar, protestar, participar,….etc., no tiene a quien dirigirse ya que nadie le representa. Solo le queda salir a la calle a protestar, que es lo que está sucediendo de hecho a diario. Esto lo decidieron los representantes de las «derechas» y las «izquierdas» en la transición política, que optaron por que todo siguiera estando «atado y bien atado» aunque hubiera alternancia de poder.
El sistema electoral de los países democráticos más desarrollados tiene tantas circunscripciones electorales como representantes a elegir, con lo que cada ciudadano tiene un diputado electo que le representa al que puede dirigirse tanto como desee durante la legislatura. Es la fórmula que se aplica en Francia, en Estados Unidos, en Reino Unido y en Alemania, en este último caso para elegir a la mitad de la Cámara.
Votar a los partidos es en la práctica votar marcas, ya sea la marca “derechas” o “izquierdas” para darles el poder absoluto por cuatro años. Si la clase política realmente defendiera el interés común, debería replantearse el sistema electoral y ponerlo en línea con los países líderes en progreso, desarrollo y justicia social. Claro que si la soberanía popular no estuviera intervenida y las leyes se hicieran con participación ciudadana y la justicia fuera totalmente independiente, habría muchos menos políticos y muchos de ellos estarían en la cárcel.
No está nada claro lo que actualmente defiende el partido socialista aparte de tener la actitud radical negativa de oponerse a todo lo que haga el Gobierno y de apoyar todas las protestas callejeras. Su propuesta política actual considera que no hay que recortar prestaciones sociales para ajustar la economía, aunque lo hizo cuando gobernaba, y que se puede seguir viviendo con gastos que no se pueden pagar, con un déficit como el del 9,4% del pasado año. Es cierto que el Gobierno podría recortar con prioridad otros gastos de menor impacto social y es lamentable que no lo haga, pero muchos de ellos requieren que el partido socialista tenga una actitud positiva, o por lo menos la falta de esta actitud es una escusa para ignorarlos. Tampoco contribuye a la cooperación el recuerdo de que tampoco contaban en el pasado con la actitud positiva de la oposición cuando gobernaban.
La reforma de la ley electoral tiene que incorporar tantas circunscripciones electorales como diputados a elegir, como en Francia, Alemania, EEUU, Reino Unido y otras democracias de occidente. De esta forma, cada ciudadano tiene un representante concreto con nombre y apellidos para participar en el desarrollo político tanto como desee. La ley electoral no debe limitarse a corregir la proporcionalidad entre votos y escaños de los partidos, o a las listas abiertas, porque no cambiaría la situación actual de que son los partidos y no los ciudadanos quienes están representados en el Parlamento.
El modelo de estado fue diseñado en España por políticos de uno y otro bando a espaldas de los ciudadanos, que no pudimos opinar sino solamente decir si o no una vez que todo estuvo cocinado. Estos políticos cuidaron de que no hubiera democracia real con representación y participación y de que no hubiera separación de poderes, es decir, cuidaron en que todo estuviera «atado y bien atado». Pero lo más grave es que diseñaron un modelo de estado que era de partida excesivo en tamaño y con tendencia a crecer de forma incontrolada sin criterio de unidad.
En España funciona la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de asociación.…etc., pero el sistema político está diseñado con elementos autocráticos esenciales que lo convierten en una democracia autocrática no representativa. En estos elementos radica el núcleo de nuestros problemas.
La burbuja del gasto público es tan peligrosa o más que la del ladrillo. Un experto economista que opinaba hace un par de días en «El Confidencial «sobre la situación económica lamentándose del silencio respecto a los detalles de las relaciones inconfesables cajas/casta política/promotores corruptos. Parece evidente que estas «relaciones inconfesables» han impulsado al sector de la construcción mucho más lejos de lo razonable al amparo del ciclo de bonanza económica de los últimos años. Estos excesos son los que ahora, en las horas bajas de la economía, han provocado que las cajas tengan créditos incobrables por miles de millones de euros que de una u otra forma tiene que reponerlos la sociedad. Parece obvio que estas operaciones fallidas sean investigadas a fondo, pero no se ve progreso al respecto. Están sin aclarar incluso casos señalados como el de la construcción del aeropuerto que supuso el fin de la Caja Castilla-La Mancha.
La Presidenta de la Comunidad de Madrid comunicó ayer que se proponía reducir de 129 a 65 el número de diputados de la Asamblea de Madrid. Es sin duda una decisión acertada pero tendría que estar acompañada de otra forma de elegir a los diputados, concretamente en 65 circunscripciones. De esta forma cada ciudadano de la Comunidad de Madrid sabría que diputado le representa y podría dirigirse a él cuantas veces considere oportuno.
Indignación es lo que lleva a la calle a los ciudadanos como única forma de protesta que prevé nuestro sistema político. La participación política del ciudadano se reduce a delegar en un partido político votando cada cuatro años y a manifestarse de cuando en cuando para desahogarse. No existe forma de canalizar sistemáticamente ideas y propuestas para su debida consideración porque los ciudadanos no tienen representante a quien dirigirse.
El sistema electoral está blindado y el ciudadano no conoce quien es su representante político, sencillamente porque no lo tiene. Los diputados representan a quien les incluyó en la lista y están comprometidos con la disciplina de voto. Ningún ciudadano puede exponer sus puntos de vista ni hacer propuestas porque no tiene a quien dirigirse con el compromiso de ser atendido. Y si no hay representación no puede haber participación.
Hoy se cumple el treinta y un aniversario del 23-F y la información de lo que pasó sigue siendo materia reservada. Si lo que nos han contado del “veintitrés efe” es todo lo que hay, no se entiende porque no se hacen públicos todos los documentos relativos al caso ni porque los protagonistas del evento que todavía viven no cuentan llanamente su experiencia.