Quimera catalana

quimera catalanaTarradellas pensó que se trataba de una quimera catalana la invitación que le hizo el Sr. Casinello, enviado del presidente Suarez, para regresar a Cataluña como presidente de la Generalitat. Incluso cuando llegó el avión que le iba a trasladar a España, todavía pensaba que era una quimera catalana.

Llegó al Palacio de la Moncloa a encontrarse con Suarez y, ya despierto del sueño de la quimera catalana, le pidió una reunión «a solas» en la que le indicó que tenían que permanecer aislados cuatro horas porque tenía que dar la imagen de que estaba negociando. Suarez me comentó que durante ese tiempo le estuvo contando toda su vida y que no pudo evitar dar cabezadas. La primera declaración de Tarradellas al salir de la reunión fue que había sido la «negociación» más difícil de su vida.

Tarradellas asumió dignamente como realidad lo que hasta entonces le parecía una quimera catalana. No llenó su cabeza de mayores fantasías, porque no era un hombre entrometido, bullicioso y de poco provecho, es decir, no era un mequetrefe, y conocía perfectamente hasta donde podía llegar.

Unos treinta y cinco años después, viene el actual presidente de la Generalitat al mismo Palacio de la Moncloa a «negociar», supongo que también «a solas», la nueva quimera catalana. Puestos a imaginar, pienso que puede ser una larga presentación cuya breve síntesis metafórica podría ser:

Si quieres que te la meta – a estilo de Cataluña – abre la boca sin dientes

– que ahí te va el dedo sin uña.

La respuesta no la puedo ni imaginar a pesar de haber vivido cuatro años en Galicia.

Separatismo y ley electoral

separatismo y ley electoralHay una estrecha relación entre separatismo y ley electoral porque el sistema electoral favorece que haya que «comprar» votos a minorías oportunistas que viven de la propaganda identitaria. El sistema electoral de listas de partidos tiene la carencia fundamental de que el ciudadano no tiene representante político ni puede en consecuencia participar en el desarrollo legislativo, lo que hemos señalado en muchas ocasiones anteriores.

Este sistema tiene además la nefasta consecuencia de que produce resultados precarios que raramente permiten un gobierno de mayoría absoluta. El partido mayoritario se ve obligado a «comprar» votos para completar su mayoría y de aquí la relación entre separatismo y ley electoral, pues la dinámica de «compra» otorga poder y dinero a pequeñas minorías oportunistas que emplean su poder y siembran a su vez dinero para extender la identidad separatista y el odio al «opresor» y naturalmente incrementar sus patrimonios personales.

El sistema electoral vigente en las principales democracias electorales, en el que hay tantas circunscripciones electorales como diputados a elegir, además de proporcionar la autentica representación y participación política, suele proporcionar amplias mayorías, lo que impide la funesta relación entre separatismo y ley electoral que se produce en España. Esto no quiere decir que las minorías auténticas quedaran desatendidas pues dicho sistema es precisamente el que mas protege a las minorías autenticas ley a ley, semana a semana, a través del entramado de la representación y participación política. Lo que no facilita, es la defensa de intereses de minorías fabricadas por el uso oportunista de la sinergia entre separatismo y ley electoral.

Reforma del Estado

reforma del estadoLa reforma del Estado del año 1978 la hicieron siete políticos que representaban dos partidos de derechas, dos partidos de izquierdas y un partido nacionalista. Aparte de poner al día muchas normas de convivencia, el núcleo fundamental de la reforma del Estado consistió en que la soberanía residiera de hecho en los partidos políticos y en que los tres poderes del Estado fueran controlados por la mayoría en el poder. Los siete «padres» hicieron este desaguisado a conciencia para asegurar que nacía una casta política con largos años de privilegios por delante, que se repartiría el poder con alternancia entre la derecha y la izquierda, dejando a la ciudadanía la única participación de votar cada cuatro años a un partido político.

Si hubieran sido honestos, hubieran adoptado la esencia del sistema electoral que está vigente en las principales democracias: Francia, Alemania, EEUU, Reino Unido…etc, en las que el ciudadano no vota a un partido sino a un candidato concreto, aunque éste pueda pertenecer a un partido. Es decir, un solo candidato por circunscripción electoral, de forma que el diputado elegido en cada circunscripción es el representante de todos los ciudadanos de dicha circunscripción y a él pueden dirigirse individualmente o en grupo para opinar, cuestionar, proponer, censurar, …etc, lo que en la actualidad no puede hacerse. Si esto hubiera existido en España, el clamor popular se desesperación se hubiera canalizado estos años pasados a través de los representantes (hoy inexistentes), y el Parlamento hubiera servido para tratar los temas que en realidad interesan a la ciudadanía, en lugar de servir para pelearse los unos y los otros.

Si hubieran sido honestos, la reforma del Estado hubiera incorporado la separación de poderes, cuestión elemental que no hay que ser un genio para entenderlo, y entonces hoy en día hubiéramos tenido un poder judicial independiente. Si hoy tuviéramos un poder judicial independiente y una leyes elaboradas con la participación ciudadana, muchos políticos deshonestos, corruptos, o simplemente irresponsables, estarían en la cárcel en lugar de seguir disfrutando de privilegios a costa del dinero público.

La reforma del Estado que ahora hay que hacer debe de incluir este núcleo fundamental, además de la elección directa del Jefe del Gobierno y muchas otras cosas como eliminar la mayor parte del tinglado autonómico. Lo malo es que no sabemos quien puede hacerlo sin que corra la sangre. Los mismos políticos (o mejor dicho sus sucesores) que un día se pusieron de acuerdo para hacer la reforma del Estado a su conveniencia no parecen dispuestos a ello. Si el actual Jefe del Gobierno estuviera por la labor podría empezar por intervenir las autonomías inviables sustituyendo sus órganos de gobierno y recuperando las principales transferencias de servicios. Aunque algo parecido debería suceder a nivel del Estado si se produce la intervención europea.

Con un Monti o sin un Monti, es urgente plantearse la reforma del Estado con criterios de separación de poderes, de representación y participación ciudadana, de máxima eficiencia económica y de máxima simplicidad administrativa, elementos indispensables para recuperar la confianza de los inversores.

Modelo de estado cambio radical

modelo de estadoEl modelo de estado fue diseñado en España por políticos de uno y otro bando a espaldas de los ciudadanos, que no pudimos opinar sino solamente decir si o no una vez que todo estuvo cocinado. Estos políticos cuidaron de que no hubiera democracia real con representación y participación y de que no hubiera separación de poderes, es decir, cuidaron en que todo estuviera «atado y bien atado». Pero lo más grave es que diseñaron un modelo de estado que era de partida excesivo en tamaño y con tendencia a crecer de forma incontrolada sin criterio de unidad.

El diseño de modelo de estado fue tan desproporcionado que el país necesitaba crecer cada año por encima del 2% para generar empleo neto. Pero los políticos de turno en el poder hacían los presupuestos suponiendo que el país siempre crecería por encima de esa cifra y que las cuentas podían tener déficit amplios para lo que aumentaban cada año la deuda llegando en los tres últimos años a niveles gravemente irresponsables.

Ahora hemos tocado fondo y hay que hacer cambios radicales porque el plan recientemente anunciado no sirve. Hay que eliminar de raíz todo lo superfluo: asesores, empresas públicas prescindibles (más de 3000), coches oficiales (¿30.000?), televisiones públicas, embajadas, subvenciones a partidos, sindicatos y patronales,….etc., pero esto solo para empezar porque tampoco parece que basta. Habrá que revertir las competencias de comunidades autónomas que suponen el 60% del gasto total del Estado y que el mero hecho de fraccionarse en 17 partes arruina la ecuación económica.

El cambio de modelo de estado es urgente y si no se aborda inmediatamente, sucederá la temida intervención europea, aunque quizás no haya otro remedio y sea Bruselas quien nos impone el gobierno de coalición entre PP y PSOE que debió haber desde el primer momento y que no han sabido nuestros políticos poner en marcha. Si esto sirve para cambiar radicalmente el modelo de estado bien venido sea, pero habrá que encontrar un Monti español que no sea político, que conozca la administración y el mundo privado, que tenga prestigio y que pueda aglutinar voluntades y genere confianza, rara avis en nuestro altamente politizado país.

Si esto llegara a suceder, el nuevo modelo de estado tendría que incorporar tres ingredientes de orden político: La elección directa del jefe del poder ejecutivo, la independencia del poder judicial y una sola cámara legislativa elegida en circunscripciones uninominales, es decir en circunscripciones en las que se elija a un solo diputado. Con esto los ciudadanos estaríamos representados y podríamos participar y nunca más los ciudadanos tendríamos que contemplar como la situación política y económica se desboca sin poder hacer nada para impedirlo.

Democracia autocrática no representativa

democracia representativaEn España funciona la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de asociación.…etc., pero el sistema político está diseñado con elementos autocráticos esenciales que lo convierten en una democracia autocrática no representativa. En estos elementos radica el núcleo de nuestros problemas.

Para empezar, no hay separación de poderes. El partido que gobierna controla también el poder legislativo y dispone de influencia suficiente para alinear el poder judicial en las decisiones más importantes, ya que domina la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, tribunal que tiene el poder de desautorizar al Tribunal Supremo.

Tampoco hay representación política de los ciudadanos, porque la soberanía la tienen los partidos políticos que son quienes deciden las listas de diputados. El ciudadano no tiene un representante en el Parlamento y su participación se reduce a votar a un partido político cada cuatro años. La ley electoral está diseñada de forma que los diputados sólo representan a quien los incluyó en las listas y votan en el Parlamento con rigurosa disciplina de voto. El partido político dominante puede legislar durante cuatro años al margen de los ciudadanos, imponiendo las leyes que le interesa sin pulsar caso por caso la voluntad del pueblo. Es decir con autoritarismo y sin participación.

La democracia autocrática no representativa fue impuesta por los dos partidos políticos dominantes (la derecha y la izquierda) al diseñar la concentración de poderes y el sistema electoral con largas listas, renunciando a inspirarse en lo que hacen los países más avanzados. Hay quienes todavía dicen que la concentración de poder fue diseñada para evitar los riesgos derivados de la falta de cultura democrática, pero en realidad el diseño responde al interés de la clase política de aprovechar la oportunidad histórica de tener el poder absoluto, como el que existía en la Dictadura, aunque tuvieran que aceptar de vez en cuando alternarse.

Suprimir el Senado

el SenadoParece que hay bastante consenso político en que hay que reformar el Senado y dado lo inusual de que haya consenso en algo, no cabe duda de que en él no se hace nada de lo que no se pueda prescindir, es decir que no sirve para nada y se podría suprimir el Senado sin mayor problema.

Sin embargo, no parece que los políticos de uno u otro bando quieran suprimir el Senado, seguramente porque proporciona destinos para afiliados distinguidos y amplia las perspectivas de futuro para los “funcionarios” de la política. Dicen entonces que habría que reconvertirlo en Cámara territorial no se sabe para qué, quizás para construir la torre de babel de las lenguas regionales, de lo que el pasado año ya tuvimos la primera muestra con la traducción simultánea del catalán.

Que sólo tengamos noticia del Senado cuando surgen anécdotas como la del idioma es indicio de que sirve para muy poco. En la práctica, ninguna ley aprobada por el Congreso de los Diputados puede cambiarse substancialmente en el Senado. Aun en el caso hipotético de que no hubiera disciplina de voto y el Senado fuera independiente y representara de forma cierta, genuina y verdadera a los ciudadanos, seguiría siendo inútil. Podemos prescindir de él porque no sirve para nada.

Democracia española, autocracia latente

Los políticos suelen referirse a menudo a “la democracia que nos hemos dado” y debe de tratarse de un “nos” mayestático, ya que los ciudadanos no hemos tenido participación alguna en la elaboración del texto constitucional sometido a plebiscito en 1978. Los dirigentes de los partidos políticos que establecieron las reglas del juego, pensaron sobre todo en dejar bien organizado y blindado el corporativismo y supremacía de la clase política. Todo atado y bien atado.

Hoy en día los ciudadanos españoles tenemos libertades individuales, derechos humanos, y otras garantías sociales de contorno propias de los estados occidentales del siglo XXI. Sin embargo estamos totalmente apartados del núcleo duro de la política y de los poderes del Estado, coto reservado a los partidos políticos dominantes, ya que los ciudadanos no estamos representados ni por tanto podemos participar y no hay otra soberanía que la de los partidos políticos.

Pero lo peor es que las leyes fundamentales hacen posible que los poderes básicos del Estado se concentren en la cúpula del partido gobernante y ésta dirija al país de forma autocrática sin contrapeso alguno. El partido que gobierna tiene mayoría en el Congreso donde hay disciplina de voto y donde en caso necesario se asegura votaciones con las concesiones que hagan falta a grupos parlamentarios minoritarios, aunque sean corrosivas para los intereses nacionales.

El Tribunal Constitucional, poder judicial que en la práctica está por encima del Tribunal Supremo, está compuesto por cuatro miembros que nombra el Congreso, cuatro que nombra el Senado, dos que nombra el Consejo General del Poder Judicial y dos que nombra el Gobierno. Es decir, está controlado de forma latente por el Gobierno, como en la práctica se deduce de las sentencias más decisivas.

Pero hay también otros organismos que regulan importantes decisiones de país y que se suponen independientes que sin embargo están también controlados de forma latente por el Gobierno. Un ejemplo es la Comisión Nacional de la Energía, formado por un presidente y seis miembros nombrados por real decreto a propuesta del ministro de economía tras debate parlamentario, es decir con el control de la cúpula del Gobierno. Los nueve miembros de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se nombran también de esta forma, a propuesta conjunta de los ministerios de Industria y Economía. El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales le ocurre lo mismo aunque en este caso se requiera de una mayoría parlamentaria de tres quintos. Y podríamos seguir.

Este poder autocrático latente está sólo amenazado por el tiempo, cada cuatro años, pero esa caducidad sólo sirve para que eventualmente gobierne otro partido con el mismo funcionamiento. Nada de lo que ocurra, por muy desastroso que sea, puede desafiar al poder, sin que los ciudadanos podamos defender los intereses que mayoritariamente consideremos oportunos, como por ejemplo un cambio de gobierno.

Indicios autocráticos

Los dos elementos principales de una democracia representativa es la separación de poderes y la representación política de los ciudadanos, elementos que en realidad no existen en nuestro país, donde hay indicios autocráticos.

El ciudadano no tiene un representante en el Parlamento, por lo que no puede tener otra participación que votar a un partido cada cuatro años con lo que la soberanía no reside en los ciudadanos sino en los partidos políticos. La ley electoral está diseñada de forma que los diputados sólo representan a su partido y más concretamente a quien los incluyó en las listas. Deciden en bloque, con rigurosa disciplina de voto, a pesar de que el mandato imperativo este descartado por la Constitución.

El partido político dominante y de sus dirigentes pueden legislar durante cuatro años al margen de los ciudadanos, imponiendo las leyes que les interesa sin pulsar caso por caso la voluntad del pueblo. En estas condiciones, el autoritarismo resulta privilegiado y la participación menospreciada, concentrándose el poder en la cúpula del partido gobernante.

Lo malo de esa concentración de poder es que no tiene contrapeso porque no existe una separación de poderes efectiva. El partido gobernante controla también el poder legislativo y el Parlamento en su conjunto representa de hecho al partido gobernante y no a los ciudadanos. La cúpula del poder judicial también está controlada por el partido que gobierna, ya que domina la designación de los candidatos para formar parte del Tribunal Constitucional, tribunal que tiene el poder de desautorizar al Tribunal Supremo, lo que no sucede a la inversa.

En España funciona la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de asociación…etc., pero hay indicios autocráticos. Los elementos autocráticos fueron impuestos al diseñar la reforma política, apartándose de los usos y costumbres de los países más avanzados. Hay quienes piensan que la concentración de poder fue diseñada para evitar supuestos riesgos derivados de la falta de cultura democrática, pero en realidad fue el éxito de la clase política de instalarse en el poder por décadas y gobernar y legislar a su criterio y conveniencia.

Equilibrio presupuestario

Es una vergüenza que se tenga que reformar la Constitución para que en España haya equilibrio presupuestario. Mas vergüenza todavía es que los partidos regionalistas, los de Izquierda comunista, los sindicatos, los indignados y otros grupos marginales, consideren que lo normal
es gastar más de lo que se puede y que para tener equilibrio presupuestario tiene que aprobarse en referéndum.

El referéndum lo tenían que haber convocado en su día para que los ciudadanos aprobaran gastar más de lo que se puede y acumular tanto déficit y tanta deuda.

Los dos sindicatos más importantes están en contra de la reforma constitucional , seguramente porque barruntan que el ajuste presupuestario les pueda recortar las generosas subvenciones que reciben. Critican que sea Alemania el promotor de la reforma, quizás porque pueden llegar a pedir que los sindicatos españoles sean como los alemanes, que se financian exclusivamente con las cuotas de sus miembros.

Tanto los sindicatos como lo partidos de izquierda comunista señalan que el equilibrio presupuestario es ideología de derechas, cuando el alto déficit y la deuda elevada conducen al encarecimiento del crédito, al paro, a subidas de impuestos y a recortes sociales, todo ello afectando a los sectores más débiles de la sociedad como hemos podido comprobar. El equilibrio no tiene ideología, como tampoco la tiene la ley de la gravedad o el ángulo recto.

Vergüenza dan también los partidos nacionalistas que consideran que no hay que hacer la reforma pero están dispuestos a considerarla positiva si se la compran. Los canarios quieren un régimen especial, los catalanes decidir ellos el déficit y limitar la solidaridad entre comunidades autónomas, los vascos autodeterminación. No les importa que sea bueno o malo para España y sus ciudadanos.

Menos mal que por una vez se han puesto de acuerdo los dos partidos mayoritarios. A España le conviene tener gobiernos mayoritarios y todo cambiaría en esa dirección si el sistema electoral estuviera basado en circunscripciones uninominales. Además estaría garantizada la representación y participación de los ciudadanos y los intereses minoritarios estarían mucho mejor defendidos. Aquí sí que tendría que haber un referéndum para dar la oportunidad a los ciudadanos de aprobar este sistema electoral.