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Transparencia del gasto

transparencia del gasto Antes de generalizarse el uso de la informática veíamos la escena del Ministro de Hacienda de turno llegando al Congreso con un cargamento de documentos para someter los presupuestos a aprobación. Ahora el ministro enseña simplemente un «pen-drive» en el se supone incluye toda la información. Si en efecto la contabilidad del Estado está totalmente computarizada, podría subirse a la nube y ponerla a disposición de los ciudadanos para que haya transparencia en el gasto público. Con ello los ciudadanos que así lo deseen estarían en condiciones de analizar los presupuestos y de conocer como se gastan el dinero los administradores del erario público.

Si se financian subvenciones como por ejemplo la de hacer excavaciones en Argentina para buscar huesos de dinosaurios, a la que se refirió el otro día un ministro, los ciudadanos podríamos por lo menos mostrar nuestra desaprobación. También podríamos reaccionar sobre el dinero que pagamos a los políticos y lo que nos cuestan organismos inútiles como el Senado, el Consejo de Estado, e incluso el Tribunal Constitucional, que ya tenemos un Tribunal Supremo. No tendríamos que conformarnos con las noticias del Tribunal de Cuentas con tres años de retraso. Tampoco tendríamos que ver con asombro una noticia de hoy de que los diputados se niegan a publicar cuanto les pagamos los ciudadanos.

Claro que aunque hubiera transparencia del gasto público y tuviéramos la información pertinente, no tenemos donde expresar nuestra opinión porque no hay representación política ni hay cauces de participación ciudadana diferentes de votar a un partido cada cuatro años o lanzarse a hacer algaradas en la calle. Además de transparencia del gasto público sería necesario adoptar un sistema electoral basado en circunscripciones uninominales como el que está vigente en las principales democracias occidentales.

Canalizar el descontento ciudadano

Canalizar el descontento ciudadano es una de las cuestiones imprescindibles en democracia. Tiene que haber cauces organizados para que los ciudadanos, bien de forma individual o agrupados en colectivos, puedan hacer llegar sus puntos de vista, sus propuestas, o sus quejas a quienes se supone representan la soberanía popular. Si no es posible canalizar el descontento ciudadano los ciudadanos tienen que expresar sus opiniones en la calle en primera instancia en lugar de hacerlo como último recurso. Y cuando solo existe el recurso de la calle, es fácil que minorías extremistas inciten a la violencia, de lo que hemos tenido muestra reciente.

Hace unos días una corresponsal alemana, Stefanie Claudia Müller, publicó un artículo que pretendía reflejar como nos ven los alemanes. El artículo refleja muchos de los problemas actuales y aporta datos que no se si son exagerados o no, pero incluye la siguiente afirmación que es rigurosamente cierta: «En España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista». En la actualidad ningún ciudadano sabe quien le representa, por lo que solo puede opinar votando cada cuatro años al partido «menos malo» o hacer uso del «derecho al pataleo» como único método para canalizar el descontento ciudadano.

Resulta bastante evidente que la situación actual requiere que los dos principales partidos nacionales se pongan de acuerdo para reformar el modelo de estado y que los ciudadanos sean consultados de forma continua y organizada para canalizar el descontento ciudadano y hacer llegar sus propuestas. La primera materia de consenso debería ser el cambio del sistema electoral, rectificando el mayor error cometido en la transición. Un sistema basado en circunscripciones uninominales devolvería la soberanía a los ciudadanos. Cada ciudadano tendría un representante, quien tendría que estar abierto a escuchar y debatir todo lo que opinen sus representados.

Este sistema, que es el de Francia, Alemania, Reino Unido, EEUU, y otros paises, proporcionaría la forma organizada de canalizar el descontento ciudadano día a día, con lo que la posición del representante en la circunscripción tendría que decantarse según opinen sus representados en lugar de plegarse a lo que indique el partido, arriesgando en ello su prestigio y comprometiendo su reelección o incluso su continuidad. Este sistema defiende por tanto día a día a las minorías en la medida en que tengan apoyo ciudadano. Proporciona además mayorías amplias a salvo de chantajes de minorías nacionalistas artificiales fabricadas con propaganda identitaria costeada con el dinero de los ciudadanos.

Diputados. Cuestan mucho para lo que representan.

Congreso de los Diputados Los Diputados tienen un sueldo medio bruto anual, incluyendo ayudas de alojamiento, manutención, desplazamientos, pertenencia a comisiones, ejercicio de cargos,…etc., que está en torno a 90.000 €, pero su sueldo neto anual está por los 75.000 €, ya que solo tributan por el sueldo base. El sueldo medio bruto efectivo es en realidad de unos 130.000 €, que es lo que cualquier ciudadano tiene que percibir para conseguir el mismo sueldo neto, y que es lo que cuesta en realidad al Estado. Los Diputados generan además costes importantes derivados de despachos, asistentes, medios informáticos en el despacho y en casa, jubilaciones privilegiadas, indemnizaciones…etc.

Todos estos costes estarían más que justificados si los Diputados representaran a los ciudadanos, es decir si cada uno de los Diputados tuviera que atender y representar a los ciudadanos de su circunscripción. Pero en España los Diputados solo representan al partido político que les puso en la lista y su misión principal es tan solo la de votar lo que les indique el «jefe de fila» de su partido. Es un sistema político demasiado caro que no se justifica mientras que el mapa político español no se organice con circunscripciones en las que se elija a un solo diputado.

Grecia y su sistema electoral

grecia elecciones Grecia tiene un sistema electoral en el que se eligen 238 escaños en 56 circunscripciones (48 de ellas plurinominales) con distribución proporcional, con distribución de restos también proporcional. Otros 12 escaños se distribuyen proporcionalmente a escala nacional y otros 50 escaños se otorgan al partido que obtenga mayor número de votos. El voto es obligatorio para los ciudadanos mayores de edad hasta los 70 años.

Grecia adoptó la proporcionalidad entre votos y escaños sabiendo que con ello habría un excesivo fraccionamiento de partidos y para evitar el vacío de poder legisló la concesión de 40 escaños adicionales al partido mas votado, cifra que posteriormente elevaron a 50. A pesar de estos 50 escaños adicionales «gratuitos» que desautorizan la pretendida proporcionalidad, el partido más votado (Nueva Democracia) no alcanzó en las últimas elecciones nada mas que 108 escaños. Incluso en coalición con el segundo partido más votado (Izquierda democrática), o con el tercero (Pasok), no ha podido alcanzar la mayoría para gobernar.

En Grecia, igual que en España, los políticos se han preocupado más de que la soberanía resida en los partidos políticos y se repartan entre ellos el poder, que en asegurar que haya gobiernos mayoritarios que administren el bien común con la permanente vigilancia ciudadana. En un país occidental la justicia social y la buena administración la quiere todo el mundo y el margen para las ideologías es muy reducido y en todo caso de segunda prioridad.

En los países de mayor progreso social y económico, cada ciudadano puede votar a la persona que desea que le represente y le sirva de enlace para participar si lo desea en las decisiones políticas. Es el principio que asegura que hay gobiernos fuertes, que hay un control efectivo, que los intereses minoritarios están debidamente representados y que hay cauces de comunicación entre los ciudadanos y los políticos sin que haga falta hacer el ridículo en la calle para nada.

Protestas callejeras

Protestas callejeras inútiles tienen lugar después de que hace unos meses elegimos en España un gobierno que tiene el respaldo ciudadano de una mayoría absoluta. Esta por ver si fue una buena elección o si esa mayoría se equivocó, pero entretanto es el gobierno que tiene que dirigir el país y administrar el bien común. El sistema electoral da un margen de cuatro años para que los ciudadanos voten otra vez y decidan mantener el gobierno o cambiarlo.

Ejerciendo la tarea de administrar el bien común, el gobierno está tomando medidas restrictivas para taponar la hemorragia de una deuda creciente generada por gastar bastante más de lo que se recauda. No se cuan buenas son las medidas, pero es evidente que hay que cerrar la herida porque las «transfusiones» son cada vez más caras y existe la amenaza de que se acaben. No es agradable para nadie que haya recortes pero si alguien tiene que decidir evidentemente es el gobierno y en él habrá que confiar. Entretanto, es lamentable que haya tanto «cabecilla» incitando a la gente en los medios de comunicación para que salga a la calle a manifestarse protestando por todo sin tener ni suficiente información ni criterio contrastado de como administrar las cuentas del país. Predican contra las reformas y a favor de seguir gastando más de lo que se tiene, como si el dinero lloviera del cielo.

Pero no solo hay mucho indocumentado opinando de economía sino también gente mal intencionada que vive de subvenciones del Estado y pretende que quien administra el bien común haga lo que a ellos les interesa. Es evidente que no pueden gobernar desde la calle y que lo que están defendiendo son sus privilegios. Van además mucho más allá de protestar las medidas del gobierno pues no puede interpretarse de otra forma la proliferación de banderas nostálgicas de la segunda república que parecen pedir volver a la España de la alpargata.

Sea Monarquía o sea República, el ordenamiento del Estado hay que hacerlo en el Parlamento con amplia mayoría y no en la calle con algaradas populistas ni plebiscitos callejeros. No obstante, hay un fondo de razón en hacer protestas callejeras porque los ciudadanos carecemos de representante político y no podemos protestar ni proponer nada a través de él. Si quienes protestan en la calle se centraran en proponer un sistema electoral que garantizara que cada ciudadano tiene su representante y puede a través de él participar (sistema con circunscripciones uninominales), entonces la presión callejera podría entenderse como un clamor popular que hay que someter a análisis. El simple pataleo por medidas de administración económica es un espectáculo inútil que solo consigue hacer mucho daño al país.

Dividir Madrid en circunscripciones electorales

madrid circunscripciones La Presidenta de la Comunidad de Madrid habló el pasado 14 de junio de regeneración democrática y dijo que hay que acercar los ciudadanos a sus “representantes” políticos para lo que propuso dividir Madrid en 43 circunscripciones electorales. Ayer 29 de noviembre concretó la idea de dividir Madrid en 43 circunscripciones electorales para elegir 43 diputados de la Asamblea, aunque los restantes hasta 129 serían elegidos en una circunscripción única como actualmente.

La idea se basa en el sistema alemán, donde la mitad de la Cámara representa a los ciudadanos y se elige en circunscripciones uninominales y la otra mitad representa a los Estados federados. En el caso de Madrid, donde no hay regiones, la reforma podría ampliarse a la totalidad de la Cámara y elegir los 129 representantes en circunscripciones uninominales, o también podría aprovechar la reforma para reducir su número.

Acercar los diputados a quienes se supone que representan no sólo es una buena idea sino que es una reparación urgente que hay que hacer para que el sistema electoral no condicione la soberanía popular y haya una representación efectiva y los ciudadanos puedan participar en la actividad política cuando lo deseen y no sólo votando a un partido cada cuatro años avalando por dicho periodo de tiempo todas sus iniciativas.

Es oportuno comenzar por reformar el sistema electoral en la Comunidad de Madrid, donde hay una amplia mayoría que parece inclinarse por hacerlo más liberal y representativo. En paralelo, o después, tendría que extenderse a todo el país. Con ello se pondría la primera piedra de la regeneración democrática porque sin esta primera piedra no se puede edificar nada más.