presupuestos Archivos - Página 2 de 3

Internet en zonas rurales

Disponer de un buen servicio de Internet en zonas rurales es imprescindible para evitar una nueva migración masiva a las ciudades, pero también es una oportunidad para facilitar el desarrollo rural con actividades económicas que no son posibles sin tener plena disponibilidad de conexión a Internet.

Hay negocios en los que Internet es un eje fundamental, que no son viables en las ciudades pero si lo son en áreas rurales, con costes más reducidos, pero no pueden llevarse a cabo por no ser fiable o no estar disponible la conexión a Internet.

Hace ocho o nueve años hubo un intento de desarrollar Internet en zonas rurales con un programa que pretendía garantizar que la calidad en cualquier punto de España fuera equiparable a la que constituía un estándar en los núcleos urbanos. Estaba basada en antenas parabólicas, pero desde entonces el ADSL en zonas urbanas ha progresado enormemente mientras que la solución de antenas parabólicas ha quedado obsoleta. Cuando se estropea una antena el operador se desentiende de su reparación, como he podido experimentar en casos concretos, y la calidad es muy precaria y el coste elevado.

Ahora la cobertura de Internet en zonas rurales debe de basarse en la red de telefonía móvil que se supone puede llegar más fácilmente a todos los rincones, con independencia de que la fibra óptica vaya extendiéndose. Ahora que se están planteando programas de ayuda a los emprendedores como parte necesaria para relanzar el crecimiento de la economía, el Gobierno debe de poner la atención en asegurar que haya Internet en zonas rurales porque es una contribución muy positiva para emprender nuevas actividades que no son posibles en las grandes ciudades.

Recortes para salir de la crisis

Los recortes para salir de la crisis que el Gobierno está acometiendo parece que son necesarios dadas las circunstancias, pero todo se entendería mejor si por delante se suprimen gastos realmente innecesarios. Está claro que si la minería es deficitaria hay que ir eliminándola y que si las cuentas del Estado tienen alto déficit, los funcionarios tendrán que reducirse, en número y/o en sueldo, como los empleados de cualquier empresa con pérdidas. La cuestión es que antes habría que empezar por recortar el desmadre económico derivado de iniciativas superfluas e irresponsables.

Cualquier ciudadano tiene buen cuidado de administrar prudentemente la parte que le queda del sueldo una vez que paga sus impuestos, pero ve con horror, sin poder hacer nada para evitarlo, que los políticos dilapidan alegremente la otra parte de su sueldo. Ven como en cuanto algún político tiene poder en una zona de España, construye un aeropuerto, promociona un parque temático, crea dos televisiones públicas, construye un museo, crea decenas de empresas públicas innecesarias, inaugura embajadas por el mundo, riega de subvenciones a su entorno de amiguetes, pone en la quiebra a la caja de ahorros con inversiones deficitarias, y ….etc, gastando lo que no tiene y endeudándose sin freno. Los gastos corrientes derivados de estas iniciativas deberían ser los primeros recortes para salir de la crisis, aunque solo sea para mantener la moral ciudadana.

Las televisiones públicas son innecesarias en una sociedad moderna y solo sirven para acumular déficit, subvencionar producciones de amiguetes, colocar a los afines y hacer propaganda ideológica. Muchas subvenciones son prescindibles y especialmente podría prescindirse de las que perciben partidos políticos, sindicatos y patronales. Algunas además de prescindibles son escandalosas. Puestos a suprimir podría prescindirse de Senado, que no sirve para nada útil a los ciudadanos. Y sería bien visto por éstos suprimir radicalmente coches oficiales, cuentas de libre disposición, asesores superfluos, chóferes, guardaespaldas y demás privilegios que en gran medida constituyen pagos en especie libres de impuestos. No son éstos últimos, recortes para salir de la crisis que por si solos resuelvan mucho, pero tienen el gran valor de ser ejemplares para que la ciudadanía pueda tener confianza en quienes gobiernan.

Entre la peseta y el euro

Peseta El Gobierno afirma que la financiación de la deuda española es insostenible con los intereses que estamos pagando, lo que quiere decir que o bien se reducen pronto dichos intereses o se rompe la situación de forma drástica por algún lado. Según la información en los medios, el Tesoro ha emitido ya el 70% de la deuda que necesita emitir para todo el año, lo que supongo quiere decir que la liquidez llega por lo menos hasta mediados de septiembre. No sabemos por cuanto tiempo podrá el país seguir emitiendo deuda a estos intereses tan elevados pero está claro que si no hay cambios radicales de la situación llegaremos pronto al limite de decidir entre la Peseta y el Euro.

Dicen los políticos de uno y otro bando que la solución es «más Europa», es decir que se produzcan decisiones a nivel europeo que puedan relajar la desconfianza y abaraten la financiación. Lo que pasa es que ni en España se producen reformas suficientemente drásticas para merecer más confianza ni en Europa parece que están por la labor de aplicar decisiones rápidas y contundentes por el hecho de que España tenga problemas. Parece que les importa poco que nos movamos en el filo de la navaja entre la Peseta y el Euro.

En España parece imposible que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo para tomar decisiones conjuntas de alcance, pues las que el Gobierno puede tomar, aún con la mayoría absoluta, son al parecer insuficientes. Los políticos se ocupan en discutir los unos con los otros y sobre todo en conservar sus privilegios y los ciudadanos poco podemos influir porque no sabemos quien es la persona concreta que a cada uno nos representa. Por el lado de las reformas en marcha es obvio que avanzaremos, pero no parece que «el mercado» restablezca la confianza al ritmo necesario para evitar llegar al punto de decisión entre la Peseta y el Euro.

Por otro lado, no está nada claro que Europa nos solucione el problema. La Unión Europea es una maquinaria lenta y pesada que está llena de controversia. Un día alcanza un acuerdo precario a altas horas de la mañana y la Bolsa sube un ocho por ciento, pero a la semana siguiente diversos responsables políticos de varios países cuestionan el acuerdo alcanzado y volvemos al punto de partida. Una simple declaración del Gobernador del Banco Central Europeo hace bajar la Bolsa un cinco por ciento para regocijo de las posiciones cortas. No parece que la estabilidad venga porque vayan a inventar los Eurobonos ni porque el BCE tenga un mandato más orientado a como opera la Reserva Federal.

No tengo ni idea de que significa volver a la peseta, salvo que nos haría a todos mas pobres y tendríamos graves problemas de relación con Europa, pero tampoco parece que lo sepan en detalle los expertos. Los políticos desde luego ni idea, pues son por lo general gente de escasa formación. No estaría mal que los que conocen la materia nos den una idea sobre el asunto, sobre todo porque si llegara a producirse sería una noticia de la noche a la mañana que nos cogerá de improviso.

Nadie vota promesas electorales

Nadie vota promesas electorales. Los medios de comunicación y los partidos de la oposición están continuamente machacando sobre si las decisiones de gobierno están o no están de acuerdo con los programas y promesas electorales como si la tarea de gobierno fuera ajustarse a un plan rígido preconcebido de cuatro años de duración. Es decir un programa de gobierno estático de «piñón fijo» que no tuviera en cuenta los nuevos hechos que acontecen.

Para empezar, en España el ciudadano no puede votar a quien desea que sea su representante político sino que tiene que votar a un partido, es decir a una lista de personas que representan a un partido. Solo cabe esperar que el partido elegido gobierne defendiendo lo mejor posible el bien común, porque a partir de la votación el ciudadano ya no tiene la más mínima participación. Este sistema electoral invita más bien a votar en contra, es decir a votar al partido que puede vencer al que consideramos mas nefasto.

Continuando, me gustaría saber el porcentaje de españoles que lee el programa electoral del partido al que vota, porcentaje que me extrañaría fuera superior al 1%. Pero a lo que si están atentos los ciudadanos es a los mensajes de los políticos, tanto del gobierno como de la oposición, sobre los problemas que afectan al bien común, sobre las medidas que se aplican y sobre los resultados que se consiguen. Quienes tengan criterio propio y puedan liberarse de la contaminación mediática, valorarán las decisiones de gobierno según les parezcan adecuadas y no en función de si figuraban o no en el programa electoral.

Todos los gobiernos, de uno u otro partido, han tomado decisiones más o menos acertadas sin ajustarse al programa. La tarea de gobierno no es como la de una orquesta que interpreta una obra fija inmortalizada sino mas bien como la de un barco que tiene que seguir un rumbo maniobrando según el estado del mar. Lo que si tenemos que estar los ciudadanos es bien informados.

Transparencia del gasto público y de las subvenciones

Hay demasiadas muestras evidentes de obras innecesarias, subvenciones absurdas o interesadas, proliferación de coches oficiales, proliferación de asesores, incremento desproporcionado de funcionarios, corrupción, solape de competencias en las diversas administraciones, ….etc. Bienvenida sea la transparencia del gasto y de las cuentas públicas que está planteando el Gobierno que ya demandábamos el pasado 23 de agosto.

Una vez que las libertades individuales y la justicia social son objetivos ya asumidos por los ciudadanos y los partidos políticos, el mandato prioritario del poder ejecutivo es la honesta, austera y eficiente administración del bien común. Los ciudadanos poco podemos hacer al respecto porque nuestra intervención se limita a votar cada cuatro años, pero vemos que el dinero público se gasta con demasiada alegría, sin la prudencia con la que un padre de familia tiene que administrar su dinero.

Hoy toda la información está informatizada y puede estructurarse de forma que sea fácilmente consultarse a través de internet , pero la información tiene que publicarse sin demora para que su examen no sea una investigación “histórica” como sucede de hecho con los informes del tribunal de cuentas. Especial atención debería dedicarse a las subvenciones, incluyendo las subvenciones “en cascada” que a su vez otorgan los subvencionados. De momento, aun cuando se publiquen en la red los gastos generales del Estado y de las autonomías y ayuntamientos, pocas iniciativas podría tener un ciudadano dado que no tiene representante político, pero dispondremos de datos reales y no simplemente de rumores y con ello el gasto innecesario empezara poco a poco a caer por su propio peso.

El negocio del sindicalismo confederal

Los dos sindicatos mayoritarios, siempre de la mano, han acordado una estrategia para que la movilización en las calles tenga continuidad. Señalan textualmente en el documento elaborado al efecto que “es necesario gobernar la estrategia de rechazo a la reforma desde el sindicalismo confederal”, lo que delata la preocupación de los dirigentes sindicales y de los que viven del sindicalismo de perder una parte substancial del negocio que tienen entre manos.

Estos días pasados podíamos leer en los medios de comunicación que los sindicatos tienen una red de empresas que generan millones de euros de beneficios, aparte de las subvenciones que reciben del Estado y de las partidas presupuestarias que reciben para cursos de formación. Parece una contradicción dar subvenciones con el dinero de los ciudadanos a entidades que tienen negocios paralelos que generan importantes beneficios. Como también es contradictorio que los subvencionados den a su vez subvenciones.

La reforma laboral en curso es un torpedo en la línea de flotación del negocio del sindicalismo confederal. En las tres reformas laborales de los dos últimos años, los sindicatos “torearon” a su “pareja de baile”, es decir al Gobierno, y lograron mantener la prevalencia de los convenios sectoriales. Mientras tanto, el Banco de España ha señalado que la descentralización de la negociación colectiva supondría reducir en cuatro puntos la tasa de desempleo, es decir dar trabajo a un millón de personas.

Los sindicatos están sin embargo orgullosos de haber acordado tres reformas sindicales que han continuado generando paro los dos últimos años. También, de haber acordado el contrato temporal eternamente renovable, a partir de cuya existencia casi se extinguieron en la práctica los contratos con clausula de 45 días de indemnización por despido. Parece evidente que los sindicatos defienden con prioridad el negocio que tienen entre manos y pretenden que el pueblo salga mayoritariamente a la calle a apoyarles.

No hay nada que objetar a que los ciudadanos expresen su opinión en la calle o donde quieran. Lo que es objetable es que quienes promueven la agitación social lo hagan para defender sus propios intereses. Si éstos sindicatos se financiaran exclusivamente de las aportaciones de sus afiliados, cualquier posicionamiento sería altamente respetable, porque sería la pura expresión de la voluntad de los representados.

Democracia interna en partidos políticos y sindicatos

En el sistema electoral vigente, en el que los ciudadanos no tienen representante político ni cauces de participación, la soberanía popular está delegada en los partidos políticos, que a su vez la delegan en sus líderes. Es paradójico que haya quienes están preocupados por la democracia interna de los partidos para elegir a sus líderes y sin embargo no les preocupe la falta de democracia representativa y participativa.

Es en la práctica imposible que haya democracia interna en organizaciones que están subvencionadas por el Estado. En ellas la soberanía reside en el presupuesto y en quienes lo controlan que es un grupo inaccesible para los militantes de base. Los congresos en los que se encumbra al líder son ceremonias litúrgicas para legitimar los que ya está cocinado, aunque pueda haber dos opciones para elegir, ambas equivalentes. Ningún candidato puede surgir al margen del poder si se requiere para ello un número elevado de avales de representantes del aparato de control.

En los sindicatos sucede lo mismo, pero además emplean el dinero público para actuaciones que no cuentan con la mayoría popular. Por ejemplo, la reforma laboral decidida por el Gobierno puede ser mejor o peor, pero está avalada hace tres meses con mayoría absoluta. Los dos grandes sindicatos, juntos como si fueran solo uno como antaño, deciden que no hay que reformar nada y lanzan a la calle su ejercito de liberados y afines sin saber si realmente representan a la clase trabajadora y a los parados. No se si la reforma es buena o mala, pero no entiendo como los mismos que movilizan hoy la calle estaban tan contentos con que la mayoría de contratos laborales de los dos últimos años sean eventuales y puedan prorrogarse indefinidamente.

La verdadera democracia interna de una organización depende de que sean sus integrantes quienes la sufraguen. Si un partido político o un sindicato se financiara exclusivamente con las aportaciones de sus miembros, éstos tendrían buen cuidado en hacer valer sus derechos. Si a pesar de todo no consiguen que haya democracia interna, sería su problema y no un problema público si cada ciudadano tuviera su representante político y pudiera a través de él tener participación.

Ayudas y subvenciones en cascada

Ciertas ayudas y subvenciones del Estado son necesarias y si se sometieran a aprobación popular contarían con apoyo mayoritario, pero hay muchas otras que son innecesarias porque no añaden nada al bien común y son una carga improductiva para el contribuyente.

Las subvenciones a los partidos políticos son particularmente nocivas. Con el sistema partidista vigente, los ciudadanos tienen que delegar su soberanía en los partidos políticos y además pagarles todos sus gastos. Y lo peor es que no sabemos en qué se gastan el dinero público, porque no hay transparencia y porque los partidos conceden a su vez subvenciones y ayudas en cadena a grupos y asociaciones afines. Es inaceptable que los subvencionados concedan a su vez subvenciones con dinero ajeno, encubriendo además los fines, quizás porque son inconfesables.

Las subvenciones y ayudas a sindicatos y patronales son también prescindibles. No se entiende porque en Alemania los sindicatos se financian con las cuotas de sus miembros y en España los tiene que financiar al 90% el contribuyente. Así los sindicatos, en vez de ser meros representantes de sus afiliados, son básicamente “correas de transmisión” de intereses políticos.

Las subvenciones al cine son prescindibles y desproporcionadas. Tienen su razón de ser en que es un sector controlado por personas afines al gobierno, al que hacen propaganda política. Las ayudas concedidas y las películas producidas crecen mientras que los espectadores y la recaudación disminuye, despropósito que pagamos todos los ciudadanos, nos gusten o no nos gusten las películas que producen.

Las subvenciones no se detallan claramente en los programas de los partidos sino que son materia presupuestaria de cada año que pasa desapercibida para el ciudadano, sobre lo que nada puede hacer. Si cada ciudadano tuviera un representante político concreto (como sucede por ejemplo en Alemania, Francia, EEUU o el Reino Unido), habría un canal permanente de participación política por el que pedir explicaciones y hacer propuestas.

Equilibrio presupuestario

Es una vergüenza que se tenga que reformar la Constitución para que en España haya equilibrio presupuestario. Mas vergüenza todavía es que los partidos regionalistas, los de Izquierda comunista, los sindicatos, los indignados y otros grupos marginales, consideren que lo normal
es gastar más de lo que se puede y que para tener equilibrio presupuestario tiene que aprobarse en referéndum.

El referéndum lo tenían que haber convocado en su día para que los ciudadanos aprobaran gastar más de lo que se puede y acumular tanto déficit y tanta deuda.

Los dos sindicatos más importantes están en contra de la reforma constitucional , seguramente porque barruntan que el ajuste presupuestario les pueda recortar las generosas subvenciones que reciben. Critican que sea Alemania el promotor de la reforma, quizás porque pueden llegar a pedir que los sindicatos españoles sean como los alemanes, que se financian exclusivamente con las cuotas de sus miembros.

Tanto los sindicatos como lo partidos de izquierda comunista señalan que el equilibrio presupuestario es ideología de derechas, cuando el alto déficit y la deuda elevada conducen al encarecimiento del crédito, al paro, a subidas de impuestos y a recortes sociales, todo ello afectando a los sectores más débiles de la sociedad como hemos podido comprobar. El equilibrio no tiene ideología, como tampoco la tiene la ley de la gravedad o el ángulo recto.

Vergüenza dan también los partidos nacionalistas que consideran que no hay que hacer la reforma pero están dispuestos a considerarla positiva si se la compran. Los canarios quieren un régimen especial, los catalanes decidir ellos el déficit y limitar la solidaridad entre comunidades autónomas, los vascos autodeterminación. No les importa que sea bueno o malo para España y sus ciudadanos.

Menos mal que por una vez se han puesto de acuerdo los dos partidos mayoritarios. A España le conviene tener gobiernos mayoritarios y todo cambiaría en esa dirección si el sistema electoral estuviera basado en circunscripciones uninominales. Además estaría garantizada la representación y participación de los ciudadanos y los intereses minoritarios estarían mucho mejor defendidos. Aquí sí que tendría que haber un referéndum para dar la oportunidad a los ciudadanos de aprobar este sistema electoral.

Déficit cero y reforma constitucional

No es fácil de entender porque los dirigentes políticos acostumbran a administrar el dinero de los ciudadanos gastando más de lo que ingresan, es decir gastando lo que no se tiene. Esta práctica lleva a un endeudamiento creciente que encarece cada vez más la financiación y puede llegar a hacerla insostenible.

Tampoco se entiende que haya políticos, sobre todo los de izquierdas, que defiendan tener déficit porque lo identifican como la base del llamado estado de bienestar. Precisamente el déficit presupuestario continuado acaba empobreciendo a los ciudadanos por un encarecimiento general de los productos y servicios y a través de subidas de impuestos y obligados recortes de prestaciones.

Llevar a la Constitución la obligación de déficit cero es ahora necesario porque a pesar de ser un principio elemental no será nunca respetado si no lo impone la carta magna. Y para imponer este principio no hay que hacer ningún referéndum, más bien habría que haberlo hecho para que los ciudadanos autorizaran eventualmente violar este principio natural de no gastar lo que no se tiene.

La flexibilidad que propone el partido en el gobierno de que no figuren límites de déficit en la Constitución y que se fijen por ley significa seguir igual que estamos porque las leyes las “arregla” el gobierno de turno mientras que modificar la Constitución requiere mayorías cualificadas.

Más bien, una vez incorporada a la Constitución la obligación de déficit cero, habría que complementarla con una ley de estabilidad presupuestaria que exigiera responsabilidades a los responsables políticos que generen déficit en las cuentas públicas. Creo que algo de esto se legisló en Brasil y acabaron con el problema.