Politica Archivos - Página 10 de 15

Lo peor fue el largo periodo electoral

largo periodo El año pasado, cuando el anterior gobierno ya sabía que no podía gobernar en la siguiente legislatura, convocó elecciones el mes de junio para el 20 de noviembre con 5 meses de antelación. De esta forma, con 5 meses de interinidad y de derroche, la situación económica se deterioraría hasta límites insostenibles con el agravante de comenzar el ejercicio económico sin presupuestos. A esto hay que añadir el mes largo que se demora la formación del nuevo gobierno, que nadie entiende que sea tan lento.

Es lamentable que el sistema electoral vigente permita estos largos periodos de inactividad. En el Reino Unido, por ejemplo, el primer ministro suele disolver el Parlamento con poco más de una semana de antelación a la convocatoria electoral, y después de realizada ésta, el nuevo gobierno se forma en menos de diez días. Claro que en dicho país la soberanía reside en los ciudadanos mientras que en España los ciudadanos solo pueden echar una papeleta en la urna cuando se lo dicen. En España, la soberanía no reside en los ciudadanos sino en los partidos políticos.

Con el sistema electoral actual, en el que los diputados solo representan a sus partidos, en el que los ciudadanos no están representados ni pueden participar, difícilmente se podrán hacer reformas que siendo necesarias para el país disminuyan los privilegios y el creciente poder de la aristocracia política. Solo con un sistema electoral con circunscripciones uninominales puede garantizarse realmente la soberanía popular y la representación y participación ciudadana. Lo malo es que quienes organizaron el actual sistema tuvieron un buen maestro y dejaron todo atado y bien atado. Poco de separación de poderes y mucho de autocracia, aunque nos distraigan con que unas veces gobierna la derecha y otra la izquierda. Lo que no quieren es ponerse de acuerdo para reformar el sistema y dar el poder a los ciudadanos.

Pacto de los dos grandes partidos políticos

partidos politicos Aunque parezca una ilusión las circunstancias actuales pueden conducir a un pacto de los dos grandes partidos políticos. No tiene sentido que los socialistas gobiernen en Andalucía con el ideario del partido comunista que solo obtuvo un 11% de los votos ni es lógico ni aceptable que en Asturias imponga condiciones un partido de un solo diputado.

Tampoco tiene sentido que las reformas necesarias para remontar la situación económica sean combatidas en la calle contra la mayoría absoluta que apoya al Gobierno. Ni tampoco es lógico que en estos momentos en los que hace falta mucha concordia las minorías nacionalistas se radicalicen en busca de la independencia.

Por otra parte no existen hoy en día grandes diferencias ideológicas entre los dos partidos mayoritarios. Los socialistas entienden que hay restablecer la salud económica y de hecho ya el anterior gobierno adoptó medidas económicas impopulares, rebajando incluso las pensiones. Los populares por otra parte aceptan los programas de ayuda social y de bienestar que puedan financiarse, La justicia social ya no es bandera de nadie porque la apoya toda la sociedad.

Solo queda que los políticos se despojen de toda soberbia y demagogia y hagan lo que todos los seres humanos de buena voluntad tratan de hacer cuando tienen problemas de entendimiento que es precisamente convivir, conocerse mejor y buscar lo que les une en vez de esgrimir lo que les separa. Es hora ya de que se pongan de acuerdo. Los socialistas tienen que aceptar que el Gobierno tiene un apoyo mayoritario y los populares tienen que entender que no deben abusar de su mayoría. Puede ayudar apoyarse en los profesionales que por encima de sus inclinaciones políticas tienen conocimiento y criterio sobre los planteamientos económicos. Los ciudadanos agradecerían un pacto nacional por el verdadero progreso.

Debe gobernar la mayoría

Tanto en las elecciones andaluza la mayoria s como en las de Asturias debe gobernar la mayoría, pero está a punto de cometerse el sinsentido de que el partido más votado no sea el que gobierne. Si en Asturias el partido mayoritario es el socialista, debería gobernar, igual que en Andalucía debería gobernar el parido popular. Las coaliciones electorales deberían ser previas a las votaciones para que los ciudadanos tengan claro el programa que votan y no suceda que un partido que no es el más votado gobierne con las imposiciones extremas de un grupo minoritario que solo tiene un 11% de apoyo popular como es el caso de Andalucía, o que como sucede en Asturias coexistan dos partidos conservadores mas o menos iguales solo para disputarse cual de las dos facciones lidera la coalición.

No es aceptable que ideas comunistas ya obsoletas que solo apoyan un 11% de electores se impongan al partido socialista como pago a la coalición de izquierdas para que pueda gobernar. El partido socialista que a pesar de las veleidades de la última legislatura es una izquierda bastante centrada, se ve ahora en Andalucía obligado a considerar el «banco popular de tierras», la «implantación de la circunscripción electoral única» para Andalucía, la «economía democrática» planificada que hizo fracasar al comunismo, el «no a las bases de EEUU», el «proteccionismo agrícola», la «derogación de la ley antibotellón» y otras medidas que quizás permanezcan por el momento ocultas.

Este despropósito es consecuencia directa de la ley electoral que solo permite votar una lista de nombres previamente cocinados por un partido político, lo que equivale votar a un partido, es decir a una marca, y no votar a una persona que quieres que te represente, sea o no presentada por un partido. La circunscripción electoral uninominal es la que está vigente en las sociedades auténticamente progresistas y permite que cada ciudadano tenga su representante aun en el caso de que no sea a quien ha votado, detalle que el representante no tiene porqué conocer. Dicho representante canaliza las ideas e inquietudes de sus representados, los cuales tienen abierta una vía de participación que puede ser independiente de la militancia en un partido. En nuestro sistema, creado deliberadamente para repartirse el poder los dos grandes partidos, el ciudadano está obligado a delegar su soberanía a un partido político.

El partido comunista defiende la circunscripción única porque anula todavía más la representación y participación ciudadana y les da algunos escaños más para asegurar su posición de partido bisagra que impone políticas minoritarias. El sistema electoral con circunscripciones uninominales, que es el que debería implantarse en España, y que debió de haberlo sido en la transición, garantiza que gobierna el partido que ha alcanzado la mayoría de votos porque produce mayorías amplias que no tienen que comprar votos. Reflejan la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, pero a su vez el gobierno está permanentemente amenazado por la participación activa del pueblo a través de sus representantes que determinan la posición de éstos en las votaciones por encima de la disciplina de voto.

Transparencia del gasto público y de las subvenciones

Hay demasiadas muestras evidentes de obras innecesarias, subvenciones absurdas o interesadas, proliferación de coches oficiales, proliferación de asesores, incremento desproporcionado de funcionarios, corrupción, solape de competencias en las diversas administraciones, ….etc. Bienvenida sea la transparencia del gasto y de las cuentas públicas que está planteando el Gobierno que ya demandábamos el pasado 23 de agosto.

Una vez que las libertades individuales y la justicia social son objetivos ya asumidos por los ciudadanos y los partidos políticos, el mandato prioritario del poder ejecutivo es la honesta, austera y eficiente administración del bien común. Los ciudadanos poco podemos hacer al respecto porque nuestra intervención se limita a votar cada cuatro años, pero vemos que el dinero público se gasta con demasiada alegría, sin la prudencia con la que un padre de familia tiene que administrar su dinero.

Hoy toda la información está informatizada y puede estructurarse de forma que sea fácilmente consultarse a través de internet , pero la información tiene que publicarse sin demora para que su examen no sea una investigación “histórica” como sucede de hecho con los informes del tribunal de cuentas. Especial atención debería dedicarse a las subvenciones, incluyendo las subvenciones “en cascada” que a su vez otorgan los subvencionados. De momento, aun cuando se publiquen en la red los gastos generales del Estado y de las autonomías y ayuntamientos, pocas iniciativas podría tener un ciudadano dado que no tiene representante político, pero dispondremos de datos reales y no simplemente de rumores y con ello el gasto innecesario empezara poco a poco a caer por su propio peso.

El sistema electoral está blindado y es inaceptable

esta blindado El sistema electoral está blindado y el ciudadano no conoce quien es su representante político, sencillamente porque no lo tiene. Los diputados representan a quien les incluyó en la lista y están comprometidos con la disciplina de voto. Ningún ciudadano puede exponer sus puntos de vista ni hacer propuestas porque no tiene a quien dirigirse con el compromiso de ser atendido. Y si no hay representación no puede haber participación.

El Gobierno central, los gobiernos autonómicos, los diputados o senadores, los partidos políticos…etc., no tienen comunicación directa con los ciudadanos y por lo tanto desconocen lo que piensan. Solo les interesa lo que dicen las encuestas y los resultados electorales cada cuatro años sobre las listas y programas que presentan los partidos cocinados a espaldas del pueblo. El sistema vigente garantiza que uno de los dos partidos mayoritarios, en este momento el partido Popular, gobierne durante cuatro años sin participación ni representación ciudadana aglutinando los tres poderes del Estado. Ambos partidos están satisfechos con repartirse el poder alternando sus mandatos según los resultados.

La situación está blindada y es imposible que los dos partidos mayoritarios se pongan de acuerdo para reformar la ley electoral para que haya verdadera representación política y para que cualquiera que lo desee pueda participar a través de su representante. Tampoco es posible que se pongan de acuerdo para reformar la Constitución y garantizar una separación de poderes actualmente inexistente. Tampoco para otras actuaciones necesarias para garantizar la sostenibilidad del Estado hoy amenazada.

Es increíble que nadie levante la voz para denunciar este déficit democrático. Muchos hablan de la regeneración democrática sin reparar en que la única forma de que haya representación y participación es con el sistema mayoritario de circunscripción uninominal que es el que está vigente en los países democráticos desarrollados. Lamentablemente cada vez que se comenta públicamente sobre el sistema electoral se alzan voces pidiendo la proporcionalidad entre votos y escaños, que es todavía peor que lo existente, o las listas abiertas que ya fracasaron en la segunda república y que las tenemos en el Senado sin que sirvan para nada. La presión ciudadana tendría que concentrarse en exigir el sistema electoral con circunscripciones uninominales porque lo demás vendrá por añadidura.

Octavo aniversario de los atentados terroristas del 11-M

Hoy se cumple el octavo aniversario de los atentados terroristas del 11-M que acabaron con la vida de 192 personas y dieron un vuelco electoral, lo que con o sin fundamento da margen para la especulación y la sospecha, sobre todo por el empeño en establecer la versión oficial en vez de dejar que la verdad se abriera camino por sí sola. Recuerdo que entonces un amigo me señalaba que estamos artos de ver en las películas el enfoque ortodoxo de considerar como principal sospechoso del crimen a quien resulta beneficiado.

Para un ciudadano que sea objetivo, hay dudas sobre los atentados que todavía no se han aclarado. El escenario de la tragedia se liquidó en dos días con la destrucción de los trenes, pero ahora, ocho años después aparece uno de ellos. La urgencia con la que se limpio el escenario recuerda al ”fregado¨ de los marqueses de Urquijo tras su asesinato. Parece que también se ocultaron pruebas de los explosivos, a tenor de los testimonios en la causa, con el resultado de excluir un determinado componente que hubiera ampliado la lista de posibles autores.

Los ejecutores materiales, supuestos extremistas islámicos, evitaron suicidarse en el intento, a diferencia de como suelen hacerlo en el 99% de sus atentados, lo que hubiera sido mucho más sencillo, pero sin embargo decidieron suicidarse conjuntamente en fecha posterior. De los sujetos que fueron imputados una parte considerable resulta que eran confidentes de la policía y los que están en la cárcel son personas de escasa entidad que desconocen quien inspiró la actuación.

Son indicios que hacen a muchos ciudadanos dudar de la versión oficial. Convendría dar luz a toda la información disponible y a los testimonios de las personas relacionadas con el suceso para disipar todas las dudas.

Suprimir el Senado

Parece que hay bastante consenso político en que hay que reformar el Senado y dado lo inusual de que haya consenso en algo, no cabe duda de que en él no se hace nada de lo que no se pueda prescindir, es decir que no sirve para nada y se podría suprimir el Senado sin mayor problema.

Sin embargo, no parece que los políticos de uno u otro bando quieran suprimir el Senado, seguramente porque proporciona destinos para afiliados distinguidos y amplia las perspectivas de futuro para los “funcionarios” de la política. Dicen entonces que habría que reconvertirlo en Cámara territorial no se sabe para qué, quizás para construir la torre de babel de las lenguas regionales, de lo que el pasado año ya tuvimos la primera muestra con la traducción simultánea del catalán.

Que sólo tengamos noticia del Senado cuando surgen anécdotas como la del idioma es indicio de que sirve para muy poco. En la práctica, ninguna ley aprobada por el Congreso de los Diputados puede cambiarse substancialmente en el Senado. Aun en el caso hipotético de que no hubiera disciplina de voto y el Senado fuera independiente y representara de forma cierta, genuina y verdadera a los ciudadanos, seguiría siendo inútil. Podemos prescindir de él porque no sirve para nada.

Energía nuclear sin ideología

En un país como el nuestro en el que la dependencia energética del exterior es casi total y el recibo de la luz crece viene creciendo estos últimos años más de dos dígitos, el uso de la energía nuclear tiene más ventajas que inconvenientes. Se abandonó por los problemas de terrorismo en la central de Lemóniz, aunque el abandono se justificase como cuestión ideológica.

Sin embargo, los mismos políticos que condenaron a la energía nuclear no dudaron en comprar dicha energía a Francia, país que produce el 85% de su electricidad en centrales nucleares. España ha venido importando energía eléctrica de Francia desde hace muchos años hasta el año 2010 en el que la producción de electricidad de las centrales hidroeléctricas fue excepcionalmente alta. Francia tiene unos 80 reactores nucleares, todos ellos tan cercanos a nuestro país que a los efectos de posibles accidentes es como si estuvieran en España.

En realidad, la energía nuclear no forma parte de la política energética porque se tarda más de 10 años en construir una central nuclear y mientras tanto el partido en el poder tiene que cargar con la impopularidad de la decisión, cosa que los propios políticos han generado. Electoralmente se sale del calendario y no interesa. Mientras, los ciudadanos pagamos cada vez más cara la luz cuando la energía nuclear es mucho más barata y además tenemos reservas de uranio.

La excesiva dependencia energética del exterior, el precio creciente del petróleo y la insuficiencia y el elevado precio de las energías renovables, cuyas subvenciones representan el 22% del recibo de la luz, aconsejan reabrir el debate de la energía nuclear. La economía del país y de los ciudadanos se podrían beneficiar en el futuro de una energía más barata y más independiente.

El negocio del sindicalismo confederal

Los dos sindicatos mayoritarios, siempre de la mano, han acordado una estrategia para que la movilización en las calles tenga continuidad. Señalan textualmente en el documento elaborado al efecto que “es necesario gobernar la estrategia de rechazo a la reforma desde el sindicalismo confederal”, lo que delata la preocupación de los dirigentes sindicales y de los que viven del sindicalismo de perder una parte substancial del negocio que tienen entre manos.

Estos días pasados podíamos leer en los medios de comunicación que los sindicatos tienen una red de empresas que generan millones de euros de beneficios, aparte de las subvenciones que reciben del Estado y de las partidas presupuestarias que reciben para cursos de formación. Parece una contradicción dar subvenciones con el dinero de los ciudadanos a entidades que tienen negocios paralelos que generan importantes beneficios. Como también es contradictorio que los subvencionados den a su vez subvenciones.

La reforma laboral en curso es un torpedo en la línea de flotación del negocio del sindicalismo confederal. En las tres reformas laborales de los dos últimos años, los sindicatos “torearon” a su “pareja de baile”, es decir al Gobierno, y lograron mantener la prevalencia de los convenios sectoriales. Mientras tanto, el Banco de España ha señalado que la descentralización de la negociación colectiva supondría reducir en cuatro puntos la tasa de desempleo, es decir dar trabajo a un millón de personas.

Los sindicatos están sin embargo orgullosos de haber acordado tres reformas sindicales que han continuado generando paro los dos últimos años. También, de haber acordado el contrato temporal eternamente renovable, a partir de cuya existencia casi se extinguieron en la práctica los contratos con clausula de 45 días de indemnización por despido. Parece evidente que los sindicatos defienden con prioridad el negocio que tienen entre manos y pretenden que el pueblo salga mayoritariamente a la calle a apoyarles.

No hay nada que objetar a que los ciudadanos expresen su opinión en la calle o donde quieran. Lo que es objetable es que quienes promueven la agitación social lo hagan para defender sus propios intereses. Si éstos sindicatos se financiaran exclusivamente de las aportaciones de sus afiliados, cualquier posicionamiento sería altamente respetable, porque sería la pura expresión de la voluntad de los representados.

Master en demagogia y agitación social

Hace unos meses comentábamos que, dadas las circunstancias, muchos estudiantes universitarios se matricularían, si pudieran, en un master en corrupción política, aunque señalábamos que había mucha competencia. La corrupción tiene la dificultad de que para hacer “beneficios” hay que manejar presupuestos, y para manejar presupuestos hay que tener poder.

Pero hay otro eslabón perverso de la cadena de la degradación social que se está poniendo de moda y que ofrece oportunidades de notoriedad, poder y últimamente riqueza que es de lo que se trata. Me estoy refiriendo a la demagogia y la agitación social, actividades que están en alza para conseguir apoyo electoral.

El maestro en demagogia y agitación social se especializa en adular al pueblo y llegar a los sentimientos de los ciudadanos para rebelarse en la calle contra el orden civil. Se arroga el derecho de interpretar los intereses de las masas y se expresan tratando de confiscar la representación del pueblo, aun cuando el pueblo haya elegido mayoritariamente una opción diferente a la que predican.

Basta que el agitador salga en televisión diciendo que su lucha es de “sangre y fuego”, que van a “incendiar las calles”, que se declare admirador del régimen cubano y que se desaten actos tumultuosos, para que sea invitado al Parlamento y sea aplaudido por los representantes de los denominados “partidos de izquierdas” más en lucha por recuperar sus privilegios perdidos que por defender ideas. Puede ser el comienzo de una larga y productiva carrera política.