Cuando el PSOE llegó al poder en 1982 ya estaban funcionando las centrales nucleares de Zorita, Garoña y Vandellós I, inaguradas en 1968, 1970 y 1972 respectivamente. Estaban entonces en avanzado estado de construcción las centrales de Almaraz I y II y Ascó I que comenzarían a operar en 1983 y 1984. Y estaba también en construcción la tristemente célebre central de Lemoniz.
La mayoría de los partidos políticos, incluido el PNV, apoyaban allá por 1980 el desarrollo de la energía nuclear como apuesta de futuro, pero a principios de 1981 la ETA asesinó al ingeniero José María Ryan encargado de la construcción de la central de Lemoniz y un año después, en mayo de 1982, asesinó también a Angel Pascual, ingeniero jefe de dicha central.
Por entonces los partidos políticos estaban perfilando su programa electoral para los comicios de después del verano y el PSOE incluyó en su programa la suspensión del programa de construcción de centrales nucleares anteponiendo a toda consideración la sensibilización de la opinión pública ante los referidos asesinatos de ETA y el interés electoral del partido y posiblemente también para claudicar menos vergonzosamente en Lemoniz.
La energía nuclear pasó entonces a ser cuestión ideológica con la paradoja de que mientras el partido en el gobierno pretendía terminar con la energía nuclear, se producían las inauguraciones de Almaraz I en 1983, Almaraz II y Ascó I en 1984, Ascó II en 1986, Trillo en 1987 y Vandellós II en 1988. En 1984 el gobierno había decretado la moratoria nuclear y posteriormente en 1991 se paralizan otros 6 proyectos de centrales nucleares incluyendo Lemoniz. No se si la paralización definitiva estuvo apoyada en el incidente de grado 3 que se produjo en 1989 en Vandellós I, que condujo a su paralización debido a los altos costes de reparación, pero en cualquier caso la paralización ya estaba programada.
La política socialista produjo el desmantelamiento de cuatro centrales nucleares que estaban ya construidas al 86% y la compensación que hubo que pagar ha supuesto un incremento del recibo de la luz del 3 al 4% durante 20 años. Pero además, los 32 millones de MW/h que hubieran producido esas centrales a 12 €/Mwh cuestan ahora 80 €/Mwh, lo que supone un impacto del 8,4% sobre el recibo de la luz, ya cargado también por otro 9,2 % por el impacto de las subvenciones a las energías renovables.
Actualmente, el entonces Presidente del Gobierno se declara partidario de la energía nuclear y alega que la cosa en 1982 no era ideológica sino que estaba guiada por la seguridad y por el problema de almacenamiento de residuos radioactivos. No se si después de lo del Japón matizará su posición. Lo cierto es que la energía nuclear es indispensable para el crecimiento de la población mundial que se incrementa en 1000 millones de personas cada catorce años. Es además la única solución realmente efectiva para generar “energía verde” y constituye la mejor respuesta al cambio climático.
El incidente de Japón es ciertamente preocupante y está bien que se revise la seguridad de las centrales una vez más, pero hay ya demasiadas centrales nucleares en el mundo para dar marcha atrás y concretamente en España tenemos unas cuantas muy cerca, además de las nuestras. Seguramente la central de Fukushima dará guerra algún tiempo pero es uno de los muchos riesgos que tiene que afrontar la humanidad desde que salió de las cavernas.
La energía nuclear de fisión, que es la problemática, es solo el camino para la futura energía nuclear de fusión, bastante más libre de problemas, aunque es cierto que todavía está por ver que su aplicación industrial llegue a ser una realidad. A pesar de Japón las declaraciones del PSOE sobre la energía nuclear no han sido muy negativas, quizás por la proximidad de las elecciones en las que el PP, defensor de la energía nuclear, tiene una ventaja considerable.
¿Se estará cociendo el fin de la moratoria nuclear? Nuestros nietos lo agradecerían porque mientras tanto nosotros tenemos que seguir pagando caro el capricho “ideológico”.
Sistema electoral y soberanía popular están íntimamente ligados. Salvo cuando se convoca un referéndum, el ciudadano solo puede participar en las decisiones políticas a través de un representante y precisamente para articular esa representación es para lo que se hacen elecciones. Y para que la representación sea legítima, aparte de ser legal, tiene que ser cierta, genuina y verdadera, y si la ley electoral no lo asegura, no hay democracia.
La única participación de un ciudadano en las decisiones políticas es votar cada cuatro años. Sería suficiente si quien lo desee pudiera tener una participación indirecta a través de un representante político, que es para lo que se supone que hay elecciones, pero el voto no sirve para elegir representantes sino para dar el poder a los partidos políticos. Votamos a una “marca” política, a la que deben su designación los candidatos elegidos y a la que se someten en todas las votaciones.
Las subvenciones a Bildu por los votos escrutados, por los representantes elegidos, por los sueldos, las recibidas directamente y las que se concedan ellos mismos en las instituciones que controlen, parece que son cuantiosas y ya lo han comprobado con la presencia en los ayuntamientos. Se presumen superiores a lo que recauda su entorno en clandestinidad, lo que quizás sea el principal ingrediente que ha presidido las supuestas negociaciones.
Estos días los partidos políticos, al margen de la sociedad civil, están componiendo las listas de candidatos para las elecciones del 20-N y lo hacen calculando con las encuestas el número de diputados que pueden conseguir de cada lista. De los nombres que ponen en la lista, unos saldrán elegidos con casi total seguridad, otros serán dudosos y los demás van de relleno sin ninguna oportunidad.