En España funciona la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de asociación.…etc., pero el sistema político está diseñado con elementos autocráticos esenciales que lo convierten en una democracia autocrática no representativa. En estos elementos radica el núcleo de nuestros problemas.
Para empezar, no hay separación de poderes. El partido que gobierna controla también el poder legislativo y dispone de influencia suficiente para alinear el poder judicial en las decisiones más importantes, ya que domina la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, tribunal que tiene el poder de desautorizar al Tribunal Supremo.
Tampoco hay representación política de los ciudadanos, porque la soberanía la tienen los partidos políticos que son quienes deciden las listas de diputados. El ciudadano no tiene un representante en el Parlamento y su participación se reduce a votar a un partido político cada cuatro años. La ley electoral está diseñada de forma que los diputados sólo representan a quien los incluyó en las listas y votan en el Parlamento con rigurosa disciplina de voto. El partido político dominante puede legislar durante cuatro años al margen de los ciudadanos, imponiendo las leyes que le interesa sin pulsar caso por caso la voluntad del pueblo. Es decir con autoritarismo y sin participación.
La democracia autocrática no representativa fue impuesta por los dos partidos políticos dominantes (la derecha y la izquierda) al diseñar la concentración de poderes y el sistema electoral con largas listas, renunciando a inspirarse en lo que hacen los países más avanzados. Hay quienes todavía dicen que la concentración de poder fue diseñada para evitar los riesgos derivados de la falta de cultura democrática, pero en realidad el diseño responde al interés de la clase política de aprovechar la oportunidad histórica de tener el poder absoluto, como el que existía en la Dictadura, aunque tuvieran que aceptar de vez en cuando alternarse.
El Gobierno afirma que la financiación de la deuda española es insostenible con los intereses que estamos pagando, lo que quiere decir que o bien se reducen pronto dichos intereses o se rompe la situación de forma drástica por algún lado. Según la información en los medios, el Tesoro ha emitido ya el 70% de la deuda que necesita emitir para todo el año, lo que supongo quiere decir que la liquidez llega por lo menos hasta mediados de septiembre. No sabemos por cuanto tiempo podrá el país seguir emitiendo deuda a estos intereses tan elevados pero está claro que si no hay cambios radicales de la situación llegaremos pronto al limite de decidir 
Los Diputados tienen un 
Las agencias de calificación valoran todo lo que les pongan por delante, ya sean países, bancos, empresas, activos, fondos de inversión, productos derivados….etc., y sus calificaciones suelen ser noticia de primera plana mas cuando rebajan un rating que cuando lo elevan, sobre todo cuando lo rebajan en tres escalones. Esta autoridad de decir lo que es bueno y lo que es malo no proviene de su ciencia infusa ni de disponer de información suficientemente extensa y relevante, sino que se edifica sobre las disposiciones legales que desautorizan a los fondos de pensiones invertir en activos de baja calificación.
La burbuja del gasto público es tan peligrosa o más que la del ladrillo. Un experto economista que opinaba hace un par de días en «El Confidencial «sobre la situación económica lamentándose del silencio respecto a los detalles de las relaciones inconfesables cajas/casta política/promotores corruptos. Parece evidente que estas «relaciones inconfesables» han impulsado al sector de la construcción mucho más lejos de lo razonable al amparo del ciclo de bonanza económica de los últimos años. Estos excesos son los que ahora, en las horas bajas de la economía, han provocado que las cajas tengan créditos incobrables por miles de millones de euros que de una u otra forma tiene que reponerlos la sociedad. Parece obvio que estas operaciones fallidas sean investigadas a fondo, pero no se ve progreso al respecto. Están sin aclarar incluso casos señalados como el de la construcción del aeropuerto que supuso el fin de la Caja Castilla-La Mancha.
La Presidenta de la Comunidad de Madrid comunicó ayer que se proponía reducir de 129 a 65 el número de diputados de la Asamblea de Madrid. Es sin duda una decisión acertada pero tendría que estar acompañada de otra forma de elegir a los diputados, concretamente en 65 circunscripciones. De esta forma cada ciudadano de la Comunidad de Madrid sabría que diputado le representa y podría dirigirse a él cuantas veces considere oportuno.
Grecia tiene un sistema electoral en el que se eligen 238 escaños en 56 circunscripciones (48 de ellas plurinominales) con distribución proporcional, con distribución de restos también proporcional. Otros 12 escaños se distribuyen proporcionalmente a escala nacional y otros 50 escaños se otorgan al partido que obtenga mayor número de votos. El voto es obligatorio para los ciudadanos mayores de edad hasta los 70 años.
Indignación es lo que lleva a la calle a los ciudadanos como única forma de protesta que prevé nuestro sistema político. La participación política del ciudadano se reduce a delegar en un partido político votando cada cuatro años y a manifestarse de cuando en cuando para desahogarse. No existe forma de canalizar sistemáticamente ideas y propuestas para su debida consideración porque los ciudadanos no tienen representante a quien dirigirse.
Nadie vota promesas electorales. Los medios de comunicación y los partidos de la oposición están continuamente machacando sobre si las decisiones de gobierno están o no están de acuerdo con los programas y promesas electorales como si la tarea de gobierno fuera ajustarse a un plan rígido preconcebido de cuatro años de duración. Es decir un programa de gobierno estático de «piñón fijo» que no tuviera en cuenta los nuevos hechos que acontecen.
Protestas callejeras inútiles tienen lugar después de que hace unos meses elegimos en España un gobierno que tiene el respaldo ciudadano de una mayoría absoluta. Esta por ver si fue una buena elección o si esa mayoría se equivocó, pero entretanto es el gobierno que tiene que dirigir el país y administrar el bien común. El sistema electoral da un margen de cuatro años para que los ciudadanos voten otra vez y decidan mantener el gobierno o cambiarlo.