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La única participación de un ciudadano en las decisiones políticas es votar cada cuatro años. Sería suficiente si quien lo desee pudiera tener una participación indirecta a través de un representante político, que es para lo que se supone que hay elecciones, pero el voto no sirve para elegir representantes sino para dar el poder a los partidos políticos. Votamos a una “marca” política, a la que deben su designación los candidatos elegidos y a la que se someten en todas las votaciones.

El “sistema” impone la tutela paternalista de los partidos políticos, y el ganador considera que ha obtenido un respaldo incondicional para todo su programa, cuando hay materias que votadas una a una serían rechazadas, por lo que la elección de la “marca” a la que votar se basa muchas veces en escoger la menos mala.

Los propios políticos no resaltan en las campañas electorales sus virtudes sino los defectos de sus oponentes. Van mas bien a la contra a descalificar a los demás. Y si fueran consecuentes deberían hacer posible que, igual que hacen ellos, los ciudadanos pudiéramos también ejercer el voto en contra.

El voto en contra es muy sencillo, simplemente es un voto que no suma sino que resta. Es una opción legítima, que resuelve el sinsentido de que un ciudadano tenga que votar a un partido del que no le gusta ni su programa ni su credibilidad solo para dificultar la elección de otro partido que todavía considera peor.

Si un ciudadano considera que ningún partido le parece elegible, pero está convencido de que uno de ellos es manifiestamente rechazable, sería mucho más representativo optar por el voto en contra. Sigue siendo la fórmula de “una persona un voto” solo que puede ser de reprobación o de aprobación. El análisis de los resultados sería mucho más rico en la valoración de la voluntad popular y la clase política sería más responsable.

Con el sistema electoral vigente no hay representación ni participación. El ciudadano no conoce a su representante político porque no lo tiene. Los diputados sólo representan a quien les puso en la lista y votan en el Congreso lo que les dice el partido. Ningún ciudadano puede hacer propuestas porque no tiene a quien dirigirse y si no hay representación no puede haber participación.

Los partidos hacen sus programas a espaldas de los ciudadanos como un “todo o nada” del que no se pueden separar las partes de su contenido gusten o no gusten. El poder se concentra en uno de los dos partidos mayoritarios y el sistema electoral está blindado porque a ninguno de los dos partidos mayoritarios les interesa cambiarlo. El sistema está atado y bien atado para que los ciudadanos no puedan participar y la soberanía resida en los partidos políticos.

El movimiento de los indignados tiene pocos partidarios y muchos detractores, pero poca gente se extraña de que el descontento se manifieste en la calle. La crisis, el paro, la corrupción, el gasto superfluo, las dificultades de financiación, …etc., han ido deteriorando la situación sin que los ciudadanos puedan hacer otra cosa que votar cada cuatro años a un partido político.

Curiosamente esta situación de ausencia de representación y participación nadie la denuncia. Unos preconizan la proporcionalidad de escaños y votos que no soluciona nada porque la hegemonía de los dos grandes partidos seguiría siendo la misma. Otros las listas abiertas, que ya las tenemos en el Senado sin que resuelvan nada.  Además ya fracasaron en la segunda república.

La forma de que haya representación y participación ciudadana es con el sistema mayoritario de circunscripción uninominal que no en vano está vigente en los países democráticos desarrollados. Con este sistema cada ciudadano tiene su representante y a través de él puede participar tanto como desee y por supuesto también puede si quiere desentenderse de la política y limitarse a votar. Además, el sistema mayoritario produce mayorías sólidas que no tiene que estar siempre comprando votos, pero están también controladas mas de cerca por los ciudadanos.

El PSOE y el PP recibieron 70 millones € de subvención en 2010, pero esta cantidad se incrementará este año un 33% hasta 131 millones € debido a los 26,5 millones € asignados a los gastos de propaganda electoral de las pasadas elecciones de mayo, y otro porcentaje similar por las elecciones del próximo noviembre.

El contribuyente paga 276,86 € por cada concejal electo, 0,55 € por cada voto municipal, 0,83 € por cada voto en las elecciones generales, 21,633,33 por cada escaño y 0,22 € por cada elector para las elecciones municipales y 0,22 € por elector para las generales. A cambio de estas elevadas cifras de gasto electoral el contribuyente recibirá muy poco. No está pagando una representación política, pues nada puede opinar ni hacer llegar a su inexistente representante político en los próximos cuatro años. Un alto precio para una adhesión incondicional.

Dado que no se eligen personas sino partidos políticos, la propaganda electoral es la venta de la marca, sea PSOE, PP u otras, y poco o nada importa el programa electoral porque es un paquete que hay que aceptar en su conjunto y desentenderse de él los próximos cuatro años en los que los partidos lo aplicarán o lo ignorarán según les convenga en cada momento sin que los ciudadanos puedan influir.

Para vender la marca, el precio a pagar por una campaña de dos semanas es demasiado. Los mítines son reuniones internas de partidarios y no sirven para nada útil. Los viajes, carteles, buzoneos y mailings generan gastos que son innecesarios y poco hacen para mejorar el perfil de las marcas. Bastarían los debates electorales que las televisiones pueden ofrecer sin gasto adicional para el contribuyente. La convocatoria electoral no es la fiesta de la democracia como dicen muchos políticos cursis. Sería en todo caso la fiesta de la partitocracia y para eso lo razonable es que la paguen ellos, es decir sus afiliados.

Si tuviéramos una democracia representativa y cada grupo de ciudadanos eligiera a la persona que quieren que les represente, no haría falta gastar dinero público en vender la marca. La promoción sería una cuestión local de cada circunscripción electoral y no habría que hacerla una vez cada cuatro años sino que sería un proceso continuo derivado de la relación de los electores de cada circunscripción con su representante y con los aspirantes a serlo en el futuro.

En nuestro país, los ciudadanos estamos marginados. Cada cuatro años, en las elecciones generales, municipales o autonómicas, nos dan a elegir entre varias listas de candidatos con nombres casi desconocidos, y una vez cumplido el trámite electoral, ya no podemos tener ninguna otra intervención en el curso de la legislatura ni podemos plantear ninguna propuesta, ni tan siquiera canalizar nuestras opiniones, sobre las materias de interés común o sobre las que particularmente nos afecten.

La participación ciudadana está limitada a dar un «cheque en blanco» a un partido político y a partir de ahí no hay ningún canal de comunicación que permita a los ciudadanos dirigirse a los candidatos electos pues nadie tiene un representante a quien dirigirse. A partir de ahí, los candidatos electos solo tienen que ser fieles a su partido porque solo representan a quien les incluyó en la lista. La soberanía popular reside en los partidos en vez de residir en los ciudadanos y el partido gobernante controla los tres poderes del Estado.

Los políticos de la transición diseñaron para la era «democrática» un sistema lleno de privilegios para la clase política en el que los ciudadanos estamos marginados. Es similar al de la dictadura, aunque ahora haya dos cabezas que se turnan. Pasados casi cuarenta años, va siendo hora de que cambie el sistema y pueda atenderse el derecho natural de cada ciudadano a tener un representante político para poder participar y a disponer de información completa y transparente. En concreto:

1). Reforma del sistema electoral implantando la circunscripción uninominal para que cada ciudadano pueda votar a quien quiere que le represente de forma que el candidato electo se deba a sus representados antes que a la disciplina del partido.

2). Publicación detallada de actas, resoluciones, presupuestos, inversiones, gastos, deuda.…etc. en internet para que los ciudadanos y asociaciones de ciudadanos puedan consultarlas sin tener que depender de las noticias, siempre con algún sesgo, que de vez en cuando aparecen en los medios.

En las elecciones solo cabe votar a un partido político o abstenerse y durante la legislatura no hay posibilidad alguna de participación.

La fórmula más elemental y de mayor éxito en las democracias consolidadas es votar a una persona en cada circunscripción electoral, para que quien salga elegido represente a los electores y puedan éstos participar canalizando a través suyo sus inquietudes.

Pero lo que tenemos en España son las listas con el bloque de candidatos que deciden los partidos. Votamos en realidad a un partido político y para esto la lista podría estar en blanco, pues tanto da que el partido ponga los nombres antes de las elecciones como que los ponga después. En cualquier caso nadie tiene la responsabilidad de representarnos.

Dado que hay que votar a un partido político, hay que pensar qué es lo que cada uno ofrece y aquí empiezan los problemas, porque cada partido ofrece un paquete de medidas que incluye unas que convencen, otras que no tanto y algunas que hay que rechazar. Votando el paquete completo el partido ganador entiende equivocadamente que ha obtenido un respaldo incondicional para todo su programa, cuando hay materias que votadas una a una serían rechazadas.

Si votáramos a un solo candidato, el representante elegido seguiría estando comprometido con el programa de su partido, pero estaría todavía más comprometido con sus representados. Su apoyo o rechazo a las materias concretas del programa de su partido estaría muy condicionado por el sentimiento de sus representados y por la evolución de los acontecimientos, difícil de prever para la totalidad de la legislatura.

En estas condiciones, ante la necesidad de elegir una de las listas, muchos ciudadanos escogen la opción que consideran menos mala porque consideran que todas son rechazables dada la escasa credibilidad de la clase política en general. Hay políticos concretos que tienen credibilidad, pero cuando un ciudadano ve una lista con 35 nombres la credibilidad se viene abajo.

Una fórmula de compromiso razonable sería que también se pudiera votar en contra. El voto en contra es muy sencillo, simplemente es un voto que no suma sino que resta. Al fin y al cabo es una opción legítima y personal de cada uno. No tiene sentido que un ciudadano vote a un partido del que no le gusta ni su programa ni su credibilidad, solo porque así pone más difícil la elección de otro partido que todavía considera que es peor. Si ningún partido le parece elegible, pero hay uno concreto que considera que es manifiestamente rechazable, creo que sería mucho más representativo optar por el voto en contra. Sigue siendo la fórmula de “una persona un voto” solo que puede ser de reprobación o de aprobación.

El análisis de los resultados sería mucho más rico en la valoración de la voluntad popular y la clase política sería más responsable. Sería una modificación de la ley electoral que contaría probablemente con apoyo popular mayoritario.

Las próximas elecciones generales del 20 N constituyen la única intervención en la política que tendremos los ciudadanos hasta dentro de otros cuatro años. Elegiremos la lista de un partido político con nombres en su mayoría desconocidos y durante cuatro años la soberanía estará en manos de los partidos políticos y más concretamente del partido que consiga el poder. Mientras tanto los ciudadanos no tendremos cada uno un representante político a quien dirigirnos ni podremos participar con nuestras opiniones y propuestas en las decisiones, ni tendremos información clara sobre las cuestiones que nos afectan y se deciden a nuestras espaldas.

Los políticos elegidos tienen muy poca motivación para ser transparentes y proporcionar información completa y veraz sobre las decisiones que toman, porque los ciudadanos no tienen ningún canal de comunicación con ellos y da lo mismo lo que opinen, incluso para la siguiente votación dentro de cuatro años, porque lo que en realidad se elige es un partido político. Los políticos electos solo tienen que contentar a su partido.

Esta concentración de la soberanía en los partidos políticos genera rigidez, burocracia, despilfarro y corrupción. Con la excusa de que el pueblo no estaba preparado, los políticos de la transición pusieron en marcha un sistema de poder similar al de la dictadura, aunque el poder tenga ahora básicamente dos cabezas que se turnan. Esto le va muy bien a la sobredimensionada clase política que vive holgadamente disfrutando del mismo tipo de privilegios que la aristocracia de antaño, abusando de los ciudadanos sin que puedan siquiera hacerles llegar formalmente sus opiniones y propuestas.

En la actualidad ya no hay excusas, porque la actitud de la población es ahora razonablemente democrática y los ciudadanos están preparados para opinar y tienen el derecho natural de opinar e influir sobre sus intereses. Solo necesitan que exista el vehículo adecuado y que haya información completa y transparente.

El vehículo para participar en las decisiones es la representación política, reformando el sistema electoral para que cada ciudadano pueda votar a la persona concreta que quiere que le represente, es decir instaurar la circunscripción electoral uninominal. Cada ciudadano podría así hacer llegar sus inquietudes y sus opiniones a su representante y éste, por la cuenta que le tiene, tratará de desenvolverse de acuerdo con la voluntad mayoritaria de sus representados, lo que de entrada rompe la disciplina de voto actualmente existente.

La disponibilidad de la información y la transparencia se consigue siendo obligatoria la publicación detallada de actas, resoluciones, presupuestos, inversiones, subvenciones, gastos, préstamos…etc. en internet para que los ciudadanos y asociaciones de ciudadanos puedan consultarlas sin tener que depender de las noticias, siempre con algún sesgo, que de vez en cuando aparecen en los medios.

Si de produjeran estas condiciones la votación del 20 N podría ser el principio de una nueva y prometedora era, pero como estamos muy lejos de que se produzcan, muchos ciudadanos iremos como de costumbre a “votar en contra” cogiendo la papeleta que pueda neutralizar la menos deseable de los dos grandes partidos.

El sistema electoral basado en circunscripciones electorales uninominales, es decir, en circunscripciones en las que se elige a un solo diputado, es el que rige en las principales democracias representativas, como por ejemplo: Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda….etc. Cada ciudadano tiene su representante político que es el diputado elegido en su circunscripción y a través de él puede participar en las actividades parlamentarias comunicando sus ideas y propuestas, que pueden ser determinantes en la medida en que el representante político considere que tienen aceptación mayoritaria en su circunscripción.

La aplicación de este sistema electoral en España supone dividir el censo en 350 circunscripciones electorales, de forma que el censo electoral que a fecha 1 de marzo de 2011 era de 35.615.336 (incluyendo residentes en el extranjero), quedaría integrado por 350 circunscripciones electorales de 101.758 electores cada una, en las que se elige a un único representante.

El diputado elegido en cada circunscripción sería directamente responsable ante sus electores de todas y cada una de las acciones y propuestas legislativas que desarrollara en la cámara legislativa así como del uso de su voto como diputado. Si el diputado no es consecuente con la línea de actuaciones que apoyan de forma mayoritaria sus electores, su posición como representante se debilita y o bien no es reelegido o acaba siendo sustituido durante la legislatura si la circunstancia se plantea de forma mayoritaria en la circunscripción. La disciplina de partido no es determinante y queda supeditada al interés de los electores de la circunscripción.

El representante político elegido en cada circunscripción debe mantener un contacto directo con todos los electores de la circunscripción a través de una oficina del diputado, o por e-mail, o directamente por teléfono. Por su propio interés tiene que atender a todos, pues aparte de ser su obligación legal, no sabe de cada ciudadano si es o no es uno de sus votantes ni la influencia que tiene en el vecindario.

Con este sistema de representación y participación, cada ciudadano puede participar si lo desea, por si mismo o asociado con otros electores de la circunscripción, en todas y cada una de las materias que se debatan y voten en el Congreso. También puede desentenderse y limitarse a votar cada cuatro años, que es lo único que actualmente podemos hacer en España ante la falta de representación existente.

Este sistema electoral de circunscripción uninominal es denostado por los partidos que son minoritarios en casi toda la geografía, porque tendrían una representación casi nula, pero los que tienen que estar representados no son los partidos sino los ciudadanos. Para los partidos nacionalistas este sistema es prácticamente neutro porque en sus regiones tendrían también apoyo similar los diputados que presenten.

Con este sistema se consiguen además amplias mayorías para gobernar, pero siempre con la amenaza de poder perder rápidamente ese apoyo mayoritario si se extiende el descontento entre los ciudadanos. Es preferible un gobierno fuerte con una amplia mayoría siempre amenazada, que un gobierno débil que tiene que comprar caras las votaciones y que sin embargo no tiene amenazada su continuidad aunque sea odiado por la mayoría de los ciudadanos.

Con este sistema las minorías están también mejor representadas porque pueden defender sus ideas circunscripción por circunscripción y asunto por asunto, y no como ocurre en la actualidad que las causas minoritarias no son atendidas por nadie, porque los partidos minoritarios defienden sus propias causas y no las puntuales de ciudadanos concretos.

Este sistema no es en vano el que han adoptado las democracias de los países más avanzados, o quizás son los más avanzados por tener este sistema de representación y participación. En España debería ser debatido con urgencia porque es la piedra angular de los problemas de agotamiento político, económico y social que padecemos.