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No está nada claro lo que actualmente defiende el partido socialista aparte de tener la actitud radical negativa de oponerse a todo lo que haga el Gobierno y de apoyar todas las protestas callejeras. Su propuesta política actual considera que no hay que recortar prestaciones sociales para ajustar la economía, aunque lo hizo cuando gobernaba, y que se puede seguir viviendo con gastos que no se pueden pagar, con un déficit como el del 9,4% del pasado año. Es cierto que el Gobierno podría recortar con prioridad otros gastos de menor impacto social y es lamentable que no lo haga, pero muchos de ellos requieren que el partido socialista tenga una actitud positiva, o por lo menos la falta de esta actitud es una escusa para ignorarlos. Tampoco contribuye a la cooperación el recuerdo de que tampoco contaban en el pasado con la actitud positiva de la oposición cuando gobernaban.
Dejando a un lado la cuestión emocional, que genera adhesiones inquebrantables, el ciudadano que reflexiona dejando la pasión a un lado, espera que un partido socialista defienda que la sociedad progrese en igualdad, pero sobre todo en igualdad económica, es decir en ensanchar la clase media, incorporando las capas sociales más desfavorecidas. De poco sirven las «igualdades» puramente ideológicas (que también son dignas de atención) si amplias capas ciudadanas viven bajo el umbral de la pobreza. El ciudadano que piensa un poco, lo que quiere es que los gobernantes administren austera y sabiamente el bien común y que procuren que haya prosperidad y oportunidades y votará «en contra» del partido que no lo haga. Mas allá de esto, los ciudadanos tienen sus preferencias ideológicas y según ellas votarán a unos u a otros, dentro de las deficiencias del sistema electoral actual.

En la actualidad el Gobierno tiene el apoyo mayoritario de la sociedad y hay que asumir que las decisiones que toma tienen por tanto apoyo mayoritario, aunque ciertamente, debido a que el sistema electoral actual impide la participación ciudadana, el verdadero apoyo no se sabrá hasta dentro de cuatro años. Pero es lo que tenemos, en buena parte porque así lo quiso el partido socialista cuando se adoptó el sistema electoral vigente. Hay por lo tanto que dejar al Gobierno que gobierne y hacer oposición con proposiciones alternativas a las decisiones planteadas, para lo que los exabruptos parlamentarios y la algarabía en las calles ayuda muy poco. La estrategia de desatar pasiones y provocar rechazos viscerales buscando el «quítate tu que me pongo yo» es lamentable y deja traslucir que los valores que se defienden no son realmente socialistas sino los de beneficiarse de las prebendas que se consiguen estando en el poder.

Un partido socialista que defendiera el poder adquisitivo de las clases más desfavorecidas, promoviera otros principios ideológicos de igualdad pero defendiera las libertades individuales, hiciera contribuciones positivas para la superación de las dificultades económicas sin dejar de hacer oposición, dejara de apoyar el desorden callejero, y estuviera dispuesto a hacer un pacto con el partido popular para simplificar y abaratar la administración del Estado, para reformar la ley electoral introduciendo la verdadera representación y participación ciudadana, y de paso legislar la total independencia del poder judicial, contaría con un amplio apoyo ciudadano. Además dejaría en evidencia al partido del Gobierno si deja pasar la oportunidad de consensuar materias que puede entenderse que merecen apoyo si son bien explicadas.

La burbuja del gasto público es tan peligrosa o más que la del ladrillo. Un experto economista que opinaba hace un par de días en «El Confidencial «sobre la situación económica lamentándose del silencio respecto a los detalles de las relaciones inconfesables cajas/casta política/promotores corruptos. Parece evidente que estas «relaciones inconfesables» han impulsado al sector de la construcción mucho más lejos de lo razonable al amparo del ciclo de bonanza económica de los últimos años. Estos excesos son los que ahora, en las horas bajas de la economía, han provocado que las cajas tengan créditos incobrables por miles de millones de euros que de una u otra forma tiene que reponerlos la sociedad. Parece obvio que estas operaciones fallidas sean investigadas a fondo, pero no se ve progreso al respecto. Están sin aclarar incluso casos señalados como el de la construcción del aeropuerto que supuso el fin de la Caja Castilla-La Mancha.

La burbuja del ladrillo ha explotado y de una u otra forma la tenemos que pagar los ciudadanos. Sin embargo la burbuja del gasto público no parece que pueda explotar porque depende de los propios políticos y no parece que estén por la labor. La administración está sobredimensionada con autonomías, diputaciones, ayuntamientos, con duplicidades, solapamientos e ineficiencias por falta de unidad, asesores, subvenciones innecesarias e incluso escandalosas, coches oficiales, guardaespaldas, …etc., que es un conjunto insostenible a largo plazo.

La burbuja del gasto público solo puede explotar si deciden hacerlo los propios políticos porque los ciudadanos no podemos hacer nada aparte de votar cada cuatro años para que gobierne uno de los dos partidos mayoritarios. Otra cosa sería si en nuestro país tuviéramos el sistema electoral vigente en los países desarrollados, reforma que es la primera que hay que hacer porque es la llave de todas las demás.

De todas formas si la burbuja del gasto público no explota, la harán explotar los europeos a través del mecanismo de la intervención, o bien volveremos a la antigua divisa y nos empobreceremos todavía más.