Todos los que razonan un poco sobre la situación económica actual entienden que para que aumente el empleo tiene que haber crecimiento económico y que para que haya crecimiento económico tienen que aumentar las iniciativas empresariales y las inversiones. No hay que ser muy listo para entender que el crecimiento económico no es posible si no somos capaces de hacer reformas que generen credibilidad y confianza en el futuro económico.
Partiendo de un déficit que llegó a escalar al 11% y de una deuda total con el exterior en torno al 300% del PIB, empleando el 4% del PIB en aumentar año a año la plantilla del Estado y desplomándose la construcción que suponía el 12% del PIB, es evidente que hay que hacer reformas. Nadie en su sano juicio puede argumentar en contra y de hecho nadie lo hace.
Otra cuestión es qué reformas hay que hacer y quién las hace. Quién las hace está muy claro que tiene que ser el Gobierno que los ciudadanos han elegido por mayoría absoluta. Qué reformas deben hacerse tendrá que ser también el Gobierno y el Parlamento quien las decida, a ser posible con amplia mayoría, después de asesorarse y de escuchar las propuestas de los ciudadanos, aunque esto último no es posible debido a que la soberanía popular está intervenida por los partidos políticos.
Por desgracia los ciudadanos estamos al margen y no podemos opinar. No tenemos otra opción que dejar hacer las reformas al Gobierno que hemos elegido. Desde luego es mejor opción que hacer caso a todos los mequetrefes, chisgarabís, zascandiles y calandracos que se lanzan a la calle para tratar de imponer otra voluntad que la que dieron las urnas. Otra cosa sería si en la calle se pidiera hacer la madre de todas las reformas, base de todas las demás, un sistema electoral con circunscripciones uninominales para articular la representación y participación popular.
La actividad política de los ciudadanos se reduce a echar una papeleta en una urna cada cuatro años para elegir un partido político y su lista de candidatos. A partir de entonces la soberanía popular está intervenida y reside en los partidos políticos. Además, el partido o coalición gobernante controla de una u otra forma los tres poderes del Estado. No existe por tanto ni representación ni participación política ni una justicia realmente independiente.
Los medios de comunicación difunden el pesimismo nacional, las protestas de los profesionales, los funcionarios, los autónomos, los asalariados, los parados, los empresarios, los sindicatos…etc. Parece que todo es negro y que estamos condenados al fracaso. Casi todo es pensamiento negativo y el pensamiento positivo en general brilla por su ausencia. A todos los que protestan les transportaría al tiempo de sus abuelos a vivir como vivían ellos y a meditar sobre lo poco que han contribuido ellos al bienestar actual y sobre el país «de alpargata» que teníamos en tiempos no muy lejanos. Y no digamos si hubieran nacido en ciertos países subdesarrollados.
No está nada claro lo que actualmente defiende el partido socialista aparte de tener la actitud radical negativa de oponerse a todo lo que haga el Gobierno y de apoyar todas las protestas callejeras. Su propuesta política actual considera que no hay que recortar prestaciones sociales para ajustar la economía, aunque lo hizo cuando gobernaba, y que se puede seguir viviendo con gastos que no se pueden pagar, con un déficit como el del 9,4% del pasado año. Es cierto que el Gobierno podría recortar con prioridad otros gastos de menor impacto social y es lamentable que no lo haga, pero muchos de ellos requieren que el partido socialista tenga una actitud positiva, o por lo menos la falta de esta actitud es una escusa para ignorarlos. Tampoco contribuye a la cooperación el recuerdo de que tampoco contaban en el pasado con la actitud positiva de la oposición cuando gobernaban.
Continúan con la cuestión identitaria catalana, porque si se salieran con la suya, la cúpula del poder «levantaría» un negocio del que vivirían holgadamente todas sus sucesivas generaciones. Tenían una pista de que la cuestión identitaria catalana podría embelesar a los más jóvenes, aparte de a los «clientes» aborregados de poco juicio que se apuntan sin reflexionar a todo lo que sea protestar o manifestarse. Pero fue en la época de Aznar cuando «vieron el cielo abierto» con la transferencia de las competencias de educación y sanidad. Entonces empezaron a manejar ingentes cantidades de dinero sin pasar por el rigor del control establecido durante muchas décadas en el gobierno central. El entreguismo de Zapatero aceptando «todo lo que venga de Cataluña» resultó decisivo para trazar planes más ambiciosos.
Hay diferentes clases de líderes políticos según su forma de actuar para llevar a cabo las actividades y proyectos. Los líderes autoritarios anteponen el principio de autoridad y suelen generar tensión y estrés. Los líderes pragmáticos se centran en los objetivos que pretenden alcanzar y procuran guiarse por la razón. Los líderes idealistas se guían más por las ideas que por las razones y tienden a desconectarse de la realidad. Los líderes utópicos se suelen guiar por meras conjeturas y se esfuerzan en objetivos imposibles.
Canalizar el descontento ciudadano es una de las cuestiones imprescindibles en democracia. Tiene que haber cauces organizados para que los ciudadanos, bien de forma individual o agrupados en colectivos, puedan hacer llegar sus puntos de vista, sus propuestas, o sus quejas a quienes se supone representan la soberanía popular. Si no es posible canalizar el descontento ciudadano los ciudadanos tienen que expresar sus opiniones en la calle en primera instancia en lugar de hacerlo como último recurso. Y cuando solo existe el recurso de la calle, es fácil que minorías extremistas inciten a la violencia, de lo que hemos tenido muestra reciente.
Tarradellas pensó que se trataba de una quimera catalana la invitación que le hizo el Sr. Casinello, enviado del presidente Suarez, para regresar a Cataluña como presidente de la Generalitat. Incluso cuando llegó el avión que le iba a trasladar a España, todavía pensaba que era una quimera catalana.
Hay una estrecha relación entre separatismo y ley electoral porque el sistema electoral favorece que haya que «comprar» votos a minorías oportunistas que viven de la propaganda identitaria. El sistema electoral de listas de partidos tiene la carencia fundamental de que el ciudadano no tiene representante político ni puede en consecuencia participar en el desarrollo legislativo, lo que hemos señalado en muchas ocasiones anteriores.
Parece que los hombres de negro ya visitan España para controlar que la restructuración bancaria se realiza correctamente. Algunos de ellos que según lo publicado nos han visitado son expertos de la máxima garantía como 