Categoría: Politica

Subvenciones escandalosas

El PSOE y el PP recibieron 70 millones € de subvención en 2010, pero esta cantidad se incrementará este año un 33% hasta 131 millones € debido a los 26,5 millones € asignados a los gastos de propaganda electoral de las pasadas elecciones de mayo, y otro porcentaje similar por las elecciones del próximo noviembre.

El contribuyente paga 276,86 € por cada concejal electo, 0,55 € por cada voto municipal, 0,83 € por cada voto en las elecciones generales, 21,633,33 por cada escaño y 0,22 € por cada elector para las elecciones municipales y 0,22 € por elector para las generales. A cambio de estas elevadas cifras de gasto electoral el contribuyente recibirá muy poco. No está pagando una representación política, pues nada puede opinar ni hacer llegar a su inexistente representante político en los próximos cuatro años. Un alto precio para una adhesión incondicional.

Dado que no se eligen personas sino partidos políticos, la propaganda electoral es la venta de la marca, sea PSOE, PP u otras, y poco o nada importa el programa electoral porque es un paquete que hay que aceptar en su conjunto y desentenderse de él los próximos cuatro años en los que los partidos lo aplicarán o lo ignorarán según les convenga en cada momento sin que los ciudadanos puedan influir.

Para vender la marca, el precio a pagar por una campaña de dos semanas es demasiado. Los mítines son reuniones internas de partidarios y no sirven para nada útil. Los viajes, carteles, buzoneos y mailings generan gastos que son innecesarios y poco hacen para mejorar el perfil de las marcas. Bastarían los debates electorales que las televisiones pueden ofrecer sin gasto adicional para el contribuyente. La convocatoria electoral no es la fiesta de la democracia como dicen muchos políticos cursis. Sería en todo caso la fiesta de la partitocracia y para eso lo razonable es que la paguen ellos, es decir sus afiliados.

Si tuviéramos una democracia representativa y cada grupo de ciudadanos eligiera a la persona que quieren que les represente, no haría falta gastar dinero público en vender la marca. La promoción sería una cuestión local de cada circunscripción electoral y no habría que hacerla una vez cada cuatro años sino que sería un proceso continuo derivado de la relación de los electores de cada circunscripción con su representante y con los aspirantes a serlo en el futuro.

Ajuste económico y político al margen de las ideologías

Hay líderes políticos y sindicales que califican las medidas de ajuste económico como política de derechas, mezclando intencionadamente las cuestiones económicas con las ideológicas. Defienden el gasto excesivo, como si los déficits se disolvieran con el tiempo como si fueran simples recuerdos y cuestionan la buena administración porque dicen que es de derechas.

Ignoran, o niegan, que un déficit alto es malo para cualquier posición ideológica porque implica mayor endeudamiento, desconfianza, encarecimiento del dinero, paro,…etc., que acaba por lastar el crecimiento, incrementar la presión fiscal y deteriorar la calidad de vida, presiones que afectan principalmente a los más desfavorecidos, que son a los que parece que dirigen sus palabras.

El Gobierno va haciendo ajustes con cuentagotas porque no quiere defraudar más de la cuenta a todas esas personas e instituciones que ha estado alimentando de declaraciones y medidas demagógicas en los años recientes. Los sindicatos, que siguen estando subvencionados desde la dictadura, tienen un ejército de liberados preparados para salir a la calle cuando se lo ordenen, lo que hace difícil que el Gobierno se atreva a hacer la reforma laboral que necesita la economía y desde luego los parados.

También resulta difícil contener el gasto innecesario que se propaga a lo ancho de las autonomías y del aparato del estado y de las empresas públicas, que han crecido en las tres pasadas décadas hasta el punto de multiplicar por cuatro o cinco el número de funcionarios. Para estos ajustes lo mejor sería que los dos principales partidos se pusieran de acuerdo y actuaran conjuntamente. Son programas de ajuste que en la vida de cualquier empresa tienen lugar cada cierto tiempo.

El problema para que se pongan de acuerdo es que no han parado de insultarse durante siete años. El reciente entendimiento para incluir el equilibrio presupuestario como precepto constitucional abre una puerta a la esperanza de que se entiendan. El país lo necesita para racionalizar la administración del conjunto del Estado y poner freno a los intereses bastardos disfrazados de reivindicaciones nacionalistas.

Un pacto de reforma de la ley electoral dividiendo el país en tantas circunscripciones como diputados, es decir eligiendo un diputado en cada una de ellas, abriría un nuevo periodo de gobiernos con amplias mayorías sin tener que comprar votos a partidos minoritarios oportunistas y sin que por ellos las minorías ciudadanas dejaran de estar amparadas. Sería además una nueva era de participación ciudadana en las tareas políticas, hoy tan imposible como lo era en la dictadura.

Ayudas y subvenciones en cascada

Ciertas ayudas y subvenciones del Estado son necesarias y si se sometieran a aprobación popular contarían con apoyo mayoritario, pero hay muchas otras que son innecesarias porque no añaden nada al bien común y son una carga improductiva para el contribuyente.

Las subvenciones a los partidos políticos son particularmente nocivas. Con el sistema partidista vigente, los ciudadanos tienen que delegar su soberanía en los partidos políticos y además pagarles todos sus gastos. Y lo peor es que no sabemos en qué se gastan el dinero público, porque no hay transparencia y porque los partidos conceden a su vez subvenciones y ayudas en cadena a grupos y asociaciones afines. Es inaceptable que los subvencionados concedan a su vez subvenciones con dinero ajeno, encubriendo además los fines, quizás porque son inconfesables.

Las subvenciones y ayudas a sindicatos y patronales son también prescindibles. No se entiende porque en Alemania los sindicatos se financian con las cuotas de sus miembros y en España los tiene que financiar al 90% el contribuyente. Así los sindicatos, en vez de ser meros representantes de sus afiliados, son básicamente “correas de transmisión” de intereses políticos.

Las subvenciones al cine son prescindibles y desproporcionadas. Tienen su razón de ser en que es un sector controlado por personas afines al gobierno, al que hacen propaganda política. Las ayudas concedidas y las películas producidas crecen mientras que los espectadores y la recaudación disminuye, despropósito que pagamos todos los ciudadanos, nos gusten o no nos gusten las películas que producen.

Las subvenciones no se detallan claramente en los programas de los partidos sino que son materia presupuestaria de cada año que pasa desapercibida para el ciudadano, sobre lo que nada puede hacer. Si cada ciudadano tuviera un representante político concreto (como sucede por ejemplo en Alemania, Francia, EEUU o el Reino Unido), habría un canal permanente de participación política por el que pedir explicaciones y hacer propuestas.

Los ciudadanos estamos marginados

marginadosEn nuestro país, los ciudadanos estamos marginados. Cada cuatro años, en las elecciones generales, municipales o autonómicas, nos dan a elegir entre varias listas de candidatos con nombres casi desconocidos, y una vez cumplido el trámite electoral, ya no podemos tener ninguna otra intervención en el curso de la legislatura ni podemos plantear ninguna propuesta, ni tan siquiera canalizar nuestras opiniones, sobre las materias de interés común o sobre las que particularmente nos afecten.

La participación ciudadana está limitada a dar un «cheque en blanco» a un partido político y a partir de ahí no hay ningún canal de comunicación que permita a los ciudadanos dirigirse a los candidatos electos pues nadie tiene un representante a quien dirigirse. A partir de ahí, los candidatos electos solo tienen que ser fieles a su partido porque solo representan a quien les incluyó en la lista. La soberanía popular reside en los partidos en vez de residir en los ciudadanos y el partido gobernante controla los tres poderes del Estado.

Los políticos de la transición diseñaron para la era «democrática» un sistema lleno de privilegios para la clase política en el que los ciudadanos estamos marginados. Es similar al de la dictadura, aunque ahora haya dos cabezas que se turnan. Pasados casi cuarenta años, va siendo hora de que cambie el sistema y pueda atenderse el derecho natural de cada ciudadano a tener un representante político para poder participar y a disponer de información completa y transparente. En concreto:

1). Reforma del sistema electoral implantando la circunscripción uninominal para que cada ciudadano pueda votar a quien quiere que le represente de forma que el candidato electo se deba a sus representados antes que a la disciplina del partido.

2). Publicación detallada de actas, resoluciones, presupuestos, inversiones, gastos, deuda.…etc. en internet para que los ciudadanos y asociaciones de ciudadanos puedan consultarlas sin tener que depender de las noticias, siempre con algún sesgo, que de vez en cuando aparecen en los medios.

Cargos políticos sin formación ni experiencia

experienciaEn pleno siglo XXI, una persona puede acceder a importantes cargos políticos sin formación ni experiencia. Basta con que sea aupada por «correligionarios» de su partido político sindicados en busca del asalto a las prebendas del poder. Y por supuesto sin que el pueblo supuestamente soberano, ajeno a las intrigas internas de los partidos políticos, pueda tener la más mínima participación.

Cuando los ciudadanos son convocados a las urnas ya está todo cocinado y solo cabe elegir una papeleta, que consiste en elegir un partido. Podrían presentar la lista sin nombres, sólo con el nombre del partido, ya que los nombres de los candidatos se cuecen a espaldas de los ciudadanos. Otra cosa sería que los partidos eligieran libremente a sus candidatos, pero que a la hora de votar cada ciudadano votara a un candidato y no a la lista de un partido.

La circunscripción política uninominal y la elección directa del jefe del ejecutivo produciría el efecto de que los partidos elegirían a sus candidatos en función de la valoración real que de ellos hagan sus representados, lo que conduce a un proceso de decantación por el que accede al poder gente preparada y confiable. Además incorpora el vehículo de la participación ciudadana para que la soberanía pueda residir en el pueblo y no en los partidos.

Sindicatos independientes del dinero público

dinero publicoLos tiempos de crisis nos hacen pensar en muchas cosas y nos obligan a revisar cuestiones que aunque fueran controvertidas estaban asumidas como normales. Una de ellas es la representación sindical de los trabajadores y la conveniencia de articularla con sindicatos independientes del dinero público. Hoy la representación está concentrada en dos sindicatos mayoritarios que en realidad operan como si fueran uno solo. Ambos sindicatos viven de subvenciones públicas y defienden más o menos lo mismo, incluso suelen expresar sus mensajes de forma conjunta. Para gran parte de los ciudadanos parecen la misma cosa.

Hay mucha gente que opina que los sindicatos no representan fielmente los intereses del conjunto de la población activa y que se ocupan más en defender los derechos de los que están trabajando, aunque dicha defensa contribuya a dificultar la contratación de los más jóvenes y contribuya también al cierre de negocios en situación de precariedad. Desde luego la posición de los sindicatos es opuesta a flexibilizar determinados aspectos de la contratación laboral que muchos economistas juzgan necesario para relanzar la economía.

Los sindicatos reciben dinero público con el que financian alrededor del 90% de sus presupuestos, cubriendo las cuotas de sus afiliados tan solo un 10%. Esta situación contrasta con la de Alemania, país en el que los sindicatos están sufragados por los afiliados y son independientes del dinero público. En Alemania los sindicatos tienen que defender de forma rigurosa el interés colectivo de sus miembros porque es la razón de ser de las contribuciones que éstos hacen y la forma de que continúen haciéndolas.

Aquí en nuestro país los sindicatos tienen la vida asegurada con dinero público y no tienen que profundizar demasiado en como representan a un colectivo que en realidad es un simple “accionista minoritario”. Tienen que escenificar enfrentamientos con el gobierno pero no pueden llegar muy lejos y desde luego defienden muy bien los intereses corporativos propios. Para ello cuentan con un “ejercito” de 57.000  liberados cuya principal misión es salir a la calle cuando les convoquen.

Especialmente negativo es el impacto de que hagan acuerdos de sector con las organizaciones patronales (con representatividad también discutible) para decidir sobre materias que un empresario debería de poder libremente pactar con sus trabajadores según las posibilidades reales de la marcha del negocio. La verdadera reforma laboral debe de empezar por que los sindicatos sean independientes y se financien con las aportaciones de sus afiliados. Una vez conseguido esto ya se preocuparán los sindicatos de contribuir de forma efectiva a defender a la colectividad que representan.

Máster en corrupción politica

corrupcionUn día, surgió la idea de hacer un máster en corrupción política comentando en una tertulia veraniega sobre las diferentes titulaciones académicas y las oportunidades que ofrecen de desarrollar una carrera profesional de éxito. Debatíamos sobre las oportunidades actuales en las diferentes materias y la posibilidad de hacer una buena carrera profesional y tener un futuro prometedor.

Repasando las diferentes materias que ofrecen las universidades, alguien señaló que si volviera a estudiar lo que realmente le gustaría cursar es un máster en corrupción política, aunque es una materia en la que hay mucha competencia para abrirse camino ejercitándola. Es una titulación que no se cursa en la universidad, pero hay buena escuela y grandes maestros. Los “títulos” los expiden los medios de comunicación y en contadas ocasiones los tribunales de justicia. La actividad en sí no conoce altibajos y a pesar de la crisis se encuentra en clara expansión.

Mandamientos de gobierno

mandamientosSi los ciudadanos tuviéramos que definir los mandamientos de gobierno, posiblemente llegaríamos a algo así:

Ocuparse prioritariamente de administrar con eficiencia y eficacia los bienes comunes.

Gobernar la economía con austeridad, sin malgastar el dinero del contribuyente, sin saldar las cuentas públicas con déficit y sin incurrir en altos endeudamientos..

Mantener la estructura del Estado lo más reducida posible y reducir los impuestos al mínimo.

Intervenir lo menos posible en las actividades de la sociedad civil.

No imponer preceptos ideológicos que no cuenten con apoyo popular de muy amplia mayoría.

Ponerse de acuerdo con la oposición mayoritaria para decidir las cuestiones más importantes.

Dar buen ejemplo a los ciudadanos. Sin privilegios, ni sueldos desproporcionados, ni coches, ni chóferes, ni guardaespaldas, ni despachos demasiado costosos, ni cuentas de libre disposición, ni gastos superfluos.

Reprimir la corrupción, el nepotismo, la malversación, el fraude y la administración irresponsable.

Dar prioridad a la educación y no contaminarla con doctrina ideológica.

Respetar las tradiciones, la historia y la cultura.

Reprimir la delincuencia y proporcionar paz y seguridad a los ciudadanos.

Impulsar el desarrollo económico y la justicia social.

Mantener buena relación con otros estados.

Evitar la demagogia, la prepotencia, la arrogancia y tener un perfil mediático limitado.

No estar demasiado tiempo gobernando.

Reforma de la ley electoral

Cualquier movimiento ciudadano que pretenda que haya auténtica democracia, tiene que comenzar por demandar una reforma electoral para que los ciudadanos tengan una representación legítima que sea legal, cierta, genuina y verdadera, condiciones que actualmente no se cumplen.

Si lo que realmente reivindica un movimiento ciudadano es que haya una democracia real y no solo aparente, tendría que concentrar su demanda básica y toda la energía desplegada al tema único de reforma de la ley electoral, porque la reforma de la ley electoral es previa a cualquier otra propuesta de ley que pretenda estar legítimamente respaldada.

La propuesta de nueva ley electoral no debe caer en la trampa de limitarse a corregir la proporcionalidad entre votos y escaños de los partidos, o hacer las listas abiertas, porque estas dos reformas mantendrían la situación actual en la que son los partidos y no los ciudadanos quienes están representados en el Parlamento. La reforma tiene que corregir la marginación actual del ciudadano que no tiene otra participación que votar cada cuatro años. El ciudadano tiene que tener un cauce de participación que esté abierto permanentemente y ello sólo es posible si cada ciudadano tiene un representante concreto con nombre y apellidos.

No hay que inventar nada, porque es lo que está vigente en Francia, Alemania, EEUU, Reino Unido y otras democracias avanzadas del mundo occidental. Basta con definir tantas circunscripciones electorales como diputados a elegir, de forma que en cada una de ellas resulte elegido un representante. Los partidos siguen operando, pero queda articulada la participación ciudadana y los diputados representan en primer lugar a los electores de su circunscripción y solo en segundo lugar a su partido, con lo que se rompe la disciplina de voto.

De esta forma los ciudadanos pueden influir en cada una de las leyes concretas y no como ahora que solo pueden dar su voto al paquete global del programa del partido que incluye tanto propuestas aceptables como inaceptables. Con esta representación cada ciudadano puede libremente participar sin tener que ser necesariamente militante de un partido y depender de su dinámica interna. Estando asegurada la representación legítima y los cauces de participación ciudadana, las leyes podrán orientarse de acuerdo con la voluntad popular. La separación de poderes sería una de las primeras metas que un Parlamento genuinamente representativo se plantearía.

Reconsideración de la energía nuclear

Cuando el PSOE llegó al poder en 1982 ya estaban funcionando las centrales nucleares de Zorita, Garoña y Vandellós I, inauguradas en 1968, 1970 y 1972 respectivamente. Estaban entonces en avanzado estado de construcción las centrales de Almaraz I y II y Ascó I que comenzarían a operar en 1983 y 1984. Y estaba también en construcción la tristemente célebre central de Lemoniz.

La mayoría de los partidos políticos, incluido el PNV, apoyaban allá por 1980 el desarrollo de la energía nuclear como apuesta de futuro, pero a principios de 1981 la ETA asesinó al ingeniero José María Ryan encargado de la construcción de la central de Lemoniz y un año después, en mayo de 1982, asesinó también a Ángel Pascual, ingeniero jefe de dicha central.

Por entonces, los partidos políticos estaban perfilando su programa electoral para las elecciones de después del verano y el PSOE incluyó en su programa la suspensión del programa de construcción de centrales nucleares. Lo hizo anteponiendo a cualquier otra consideración la sensibilización de la opinión pública ante los referidos asesinatos de ETA, el interés electoral del partido, y quizás también para claudicar menos vergonzosamente en Lemoniz.

La energía nuclear pasó entonces a ser cuestión ideológica con la paradoja de que mientras el partido en el gobierno pretendía terminar con la energía nuclear, se producían las inauguraciones de Almaraz I en 1983, Almaraz II y Ascó I en 1984, Ascó II en 1986, Trillo en 1987 y Vandellós IIen 1988 . En 1984 el gobierno había decretado la moratoria nuclear y posteriormente en 1991 se paralizan otros 6 proyectos de centrales nucleares incluyendo Lemoniz. No se sabe si la paralización definitiva estuvo apoyada en el incidente de grado 3 que se produjo en 1989 en Vandellós I, que condujo a su paralización debido a los altos costes de reparación, pero en cualquier caso la paralización ya estaba programada.

La política socialista produjo el desmantelamiento de cuatro centrales nucleares que estaban ya construidas al 86% y la compensación que hubo que pagar ha supuesto un incremento del recibo de la luz del 3 al 4% durante 20 años. Pero además, los 32 millones de MW/H que hubieran producido esas centrales a 12 €/MWH cuestan ahora 80 €/MWH, lo que supone un impacto del 8,4% sobre el recibo de la luz, ya cargado también por otro 9,2 % por el impacto de las subvenciones a las energías renovables.

Ahora, el entonces Presidente del Gobierno se declara partidario de la energía nuclear y alega que la cosa en 1982 no era ideológica sino que estaba guiada por la seguridad y por el problema de almacenamiento de residuos radioactivos. Lo cierto es que la energía nuclear es indispensable para el crecimiento de la población mundial que se incrementa en 1000 millones de personas cada catorce años. Es además la única solución realmente efectiva para generar “energía verde” y constituye la mejor respuesta al cambio climático.

El incidente de Japón es ciertamente preocupante y está bien que se revise la seguridad de las centrales una vez más, pero hay ya demasiadas centrales nucleares en el mundo para dar marcha atrás y concretamente en España tenemos unas cuantas muy cerca, además de las nuestras. Seguramente la central de Fukushima dará guerra algún tiempo pero parece que el problema de radiación está bajo control. Es uno de los muchos riesgos que tiene que afrontar la humanidad desde que salió de las cavernas.

La energía nuclear de fisión, que es la problemática, es solo el camino para la futura energía nuclear de fusión, bastante más libre de problemas, aunque es cierto que todavía está por ver que su aplicación industrial llegue a ser una realidad. A pesar de Japón, las declaraciones del PSOE sobre la energía nuclear no son hoy más negativas de lo que lo fueron en tiempos pasados. Vuelve a producirse la circunstancia de que hay unas elecciones muy próximas y que el PP, defensor de la energía nuclear, tiene una ventaja considerable.

La crisis económica invita a considerar seriamente acabar con la moratoria nuclear para tener energía mucho más barata y menos dependiente del exterior. Los dos partidos dominantes podrían ponerse de acuerdo igual que lo han hecho para incluir en la Constitución el equilibrio presupuestario. Nuestros nietos lo agradecerían, porque mientras tanto nosotros tenemos que seguir pagando caro que la energía nuclear sea de «derechas».