Régimen de laxitud y decadencia

Cuando los que gobiernan ponen por delante una cortina ideológica para desviar la atención de la realidad, inevitablemente hay laxitud y decadencia y queda demasiado margen para el engaño, la corrupción y el clientelismo.

Cuando un partido político tiene un poder casi absoluto durante cuatro años sin la amenaza de perderlo, inevitablemente hace uso de él anteponiendo sus propios intereses al de los ciudadanos.

Cuando un partido político se nutre de funcionarios de la política, en la que “nacen, se desarrollan y mueren”, inevitablemente hay mucha ignorancia de cómo hay que gobernar, muchos intereses bastardos y un excesivo peso muerto que tienen que pagar los ciudadanos.

Cuando los ciudadanos no saben ni pueden influir en cómo se gasta el dinero público, inevitablemente florecen las subvenciones, los gastos superfluos, los comisionistas y la corrupción.

Cuando se aparca la ética y los dirigentes no dan ejemplo de integridad de valores y principios, inevitablemente la política se convierte en una escuela de laxitud en la que se tiende a rehuir compromisos y a convivir con una moral relajada que desincentiva las iniciativas emprendedoras.

Cuando los nombramientos están basados en el amiguismo y el clientelismo, inevitablemente se viene abajo la confianza y se deteriora gravemente el ambiente social.

Cuando los ciudadanos no tienen su representante político con nombre y apellidos, inevitablemente la distancia entre la sociedad y los políticos se hace cada vez mayor.

Cuando los dirigentes políticos basan su discurso en insultar y descalificar y no dan síntoma de centrarse en resolver los problemas más importantes del estado, inevitablemente se genera desesperanza y crece el odio a la clase política.

Y cuando, además, los que gobiernan sólo velan realmente por continuar en el poder mientras el pueblo continúa empobreciéndose, inevitablemente el mensaje de desconfianza se universaliza y huyen los inversores.

El voto en contra

En las elecciones solo cabe votar a un partido político o abstenerse y durante la legislatura no hay posibilidad alguna de participación.

La fórmula más elemental y de mayor éxito en las democracias consolidadas es votar a una persona en cada circunscripción electoral, para que quien salga elegido represente a los electores y puedan éstos participar canalizando a través suyo sus inquietudes.

Pero lo que tenemos en España son las listas con el bloque de candidatos que deciden los partidos. Votamos en realidad a un partido político y para esto la lista podría estar en blanco, pues tanto da que el partido ponga los nombres antes de las elecciones como que los ponga después. En cualquier caso nadie tiene la responsabilidad de representarnos.

Dado que hay que votar a un partido político, hay que pensar qué es lo que cada uno ofrece y aquí empiezan los problemas, porque cada partido ofrece un paquete de medidas que incluye unas que convencen, otras que no tanto y algunas que hay que rechazar. Votando el paquete completo el partido ganador entiende equivocadamente que ha obtenido un respaldo incondicional para todo su programa, cuando hay materias que votadas una a una serían rechazadas.

Si votáramos a un solo candidato, el representante elegido seguiría estando comprometido con el programa de su partido, pero estaría todavía más comprometido con sus representados. Su apoyo o rechazo a las materias concretas del programa de su partido estaría muy condicionado por el sentimiento de sus representados y por la evolución de los acontecimientos, difícil de prever para la totalidad de la legislatura.

En estas condiciones, ante la necesidad de elegir una de las listas, muchos ciudadanos escogen la opción que consideran menos mala porque consideran que todas son rechazables dada la escasa credibilidad de la clase política en general. Hay políticos concretos que tienen credibilidad, pero cuando un ciudadano ve una lista con 35 nombres la credibilidad se viene abajo.

Una fórmula de compromiso razonable sería que también se pudiera votar en contra. El voto en contra es muy sencillo, simplemente es un voto que no suma sino que resta. Al fin y al cabo es una opción legítima y personal de cada uno. No tiene sentido que un ciudadano vote a un partido del que no le gusta ni su programa ni su credibilidad, solo porque así pone más difícil la elección de otro partido que todavía considera que es peor. Si ningún partido le parece elegible, pero hay uno concreto que considera que es manifiestamente rechazable, creo que sería mucho más representativo optar por el voto en contra. Sigue siendo la fórmula de “una persona un voto” solo que puede ser de reprobación o de aprobación.

El análisis de los resultados sería mucho más rico en la valoración de la voluntad popular y la clase política sería más responsable. Sería una modificación de la ley electoral que contaría probablemente con apoyo popular mayoritario.

Las elecciones generales del 20 N

Las próximas elecciones generales del 20 N constituyen la única intervención en la política que tendremos los ciudadanos hasta dentro de otros cuatro años. Elegiremos la lista de un partido político con nombres en su mayoría desconocidos y durante cuatro años la soberanía estará en manos de los partidos políticos y más concretamente del partido que consiga el poder. Mientras tanto los ciudadanos no tendremos cada uno un representante político a quien dirigirnos ni podremos participar con nuestras opiniones y propuestas en las decisiones, ni tendremos información clara sobre las cuestiones que nos afectan y se deciden a nuestras espaldas.

Los políticos elegidos tienen muy poca motivación para ser transparentes y proporcionar información completa y veraz sobre las decisiones que toman, porque los ciudadanos no tienen ningún canal de comunicación con ellos y da lo mismo lo que opinen, incluso para la siguiente votación dentro de cuatro años, porque lo que en realidad se elige es un partido político. Los políticos electos solo tienen que contentar a su partido.

Esta concentración de la soberanía en los partidos políticos genera rigidez, burocracia, despilfarro y corrupción. Con la excusa de que el pueblo no estaba preparado, los políticos de la transición pusieron en marcha un sistema de poder similar al de la dictadura, aunque el poder tenga ahora básicamente dos cabezas que se turnan. Esto le va muy bien a la sobredimensionada clase política que vive holgadamente disfrutando del mismo tipo de privilegios que la aristocracia de antaño, abusando de los ciudadanos sin que puedan siquiera hacerles llegar formalmente sus opiniones y propuestas.

En la actualidad ya no hay excusas, porque la actitud de la población es ahora razonablemente democrática y los ciudadanos están preparados para opinar y tienen el derecho natural de opinar e influir sobre sus intereses. Solo necesitan que exista el vehículo adecuado y que haya información completa y transparente.

El vehículo para participar en las decisiones es la representación política, reformando el sistema electoral para que cada ciudadano pueda votar a la persona concreta que quiere que le represente, es decir instaurar la circunscripción electoral uninominal. Cada ciudadano podría así hacer llegar sus inquietudes y sus opiniones a su representante y éste, por la cuenta que le tiene, tratará de desenvolverse de acuerdo con la voluntad mayoritaria de sus representados, lo que de entrada rompe la disciplina de voto actualmente existente.

La disponibilidad de la información y la transparencia se consigue siendo obligatoria la publicación detallada de actas, resoluciones, presupuestos, inversiones, subvenciones, gastos, préstamos…etc. en internet para que los ciudadanos y asociaciones de ciudadanos puedan consultarlas sin tener que depender de las noticias, siempre con algún sesgo, que de vez en cuando aparecen en los medios.

Si de produjeran estas condiciones la votación del 20 N podría ser el principio de una nueva y prometedora era, pero como estamos muy lejos de que se produzcan, muchos ciudadanos iremos como de costumbre a “votar en contra” cogiendo la papeleta que pueda neutralizar la menos deseable de los dos grandes partidos.

Indicios autocráticos

Los dos elementos principales de una democracia representativa es la separación de poderes y la representación política de los ciudadanos, elementos que en realidad no existen en nuestro país, donde hay indicios autocráticos.

El ciudadano no tiene un representante en el Parlamento, por lo que no puede tener otra participación que votar a un partido cada cuatro años con lo que la soberanía no reside en los ciudadanos sino en los partidos políticos. La ley electoral está diseñada de forma que los diputados sólo representan a su partido y más concretamente a quien los incluyó en las listas. Deciden en bloque, con rigurosa disciplina de voto, a pesar de que el mandato imperativo este descartado por la Constitución.

El partido político dominante y de sus dirigentes pueden legislar durante cuatro años al margen de los ciudadanos, imponiendo las leyes que les interesa sin pulsar caso por caso la voluntad del pueblo. En estas condiciones, el autoritarismo resulta privilegiado y la participación menospreciada, concentrándose el poder en la cúpula del partido gobernante.

Lo malo de esa concentración de poder es que no tiene contrapeso porque no existe una separación de poderes efectiva. El partido gobernante controla también el poder legislativo y el Parlamento en su conjunto representa de hecho al partido gobernante y no a los ciudadanos. La cúpula del poder judicial también está controlada por el partido que gobierna, ya que domina la designación de los candidatos para formar parte del Tribunal Constitucional, tribunal que tiene el poder de desautorizar al Tribunal Supremo, lo que no sucede a la inversa.

En España funciona la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de asociación…etc., pero hay indicios autocráticos. Los elementos autocráticos fueron impuestos al diseñar la reforma política, apartándose de los usos y costumbres de los países más avanzados. Hay quienes piensan que la concentración de poder fue diseñada para evitar supuestos riesgos derivados de la falta de cultura democrática, pero en realidad fue el éxito de la clase política de instalarse en el poder por décadas y gobernar y legislar a su criterio y conveniencia.

El cáncer de las subvenciones innecesarias

Las subvenciones innecesarias son un cáncer económico que ahoga poco a poco a la sociedad civil. Cuando las cuentas del estado están equilibradas las subvenciones innecesarias no comprometen el balance económico pero son cuestionables porque encarecen la economía del contribuyente. Y cuando, como ahora, el Estado gasta más de lo que ingresa y el déficit de sus cuentas llega a ser de 11,2% como lo fue en 2009, las subvenciones que no son imprescindibles hay que eliminarlas de forma radical e inmediata.

Empezando por los partidos políticos, en 2010 se subvencionó al PP con 36 m€ y con 34 m€ al PSOE. Aparte de que como principio los partidos políticos deberían financiarse por sí mismos, bastaría con que sus 200.000 miembros, como es el caso del PSOE, abonaran una cuota anual de 170 € que representa mucho menos que el incremento del recibo de la luz. Y si así fuera ya se encargarían los militantes en que no se dilapide el dinero.

Para subvencionar los sindicatos en el año 2010 se presupuestaron 193 m€ para repartirse entre UGT y CCOO, a lo que hay que sumar el gasto de 7574 m€ que el Ministerio de Trabajo presupuestó para el fomento de la inserción y estabilidad laboral, que no es otra cosa que la celebración de cursos para parados normalmente gestionados por los sindicatos con eficacia casi nula según los expertos. Además, parece ser que los sindicatos perciben una comisión del montante de los expedientes de regulación de empleo, al menos en Andalucía. En contraste, en Alemania los sindicatos se financian con las cuotas de sus afiliados.

Las subvenciones que presupuesta el Ministerio de Cultura ascienden a 414 m€, la mitad para el cine y el teatro, entre ceja y ceja. Las subvenciones de cooperación al desarrollo ascienden a 2808 m€ incluyendo millonarias ayudas públicas muy cuestionables. Y lo que resulta escandaloso es que haya una partida presupuestaria de 2094 m€ para imprevistos y funciones no clasificadas, montante un 35% superior al de congelación de las pensiones.

El Ministerio de Industria reparte 4425 m€ en subvenciones, muchas de ellas necesarias, aunque otras cuestionables, como es el caso del sostenimiento de la minería del carbón que no es competitiva y es altamente contaminante, por un valor de 750 m€, además de las partidas dedicadas a desarrollos alternativos e infraestructuras. El Ministerio de Fomento administra 908 m€ de subvenciones en su mayor parte al transporte terrestre.

La falta de transparencia impide al ciudadano normal conocer el detalle del gasto en subvenciones y cuando se discute en los medios sobre alguna subvención en concreto suelen afirmar los responsables que se trata “del chocolate del loro” y que no se arregla nada eliminándola, argumento que no se ha aplicado para la miserable cuantía congelada a cada pensionista.

Es importante y urgente que los ciudadanos conozcamos cuanto y a quién se subvenciona. Es una información que existe y está debidamente digitalizada, por lo que se puede dar a conocer en una publicación ad-hoc, o más simplemente a través de internet. Solo requiere la voluntad política de cumplir con la obligación de informar a los ciudadanos en que se gasta su dinero.

350 circunscripciones electorales

El sistema electoral basado en circunscripciones electorales uninominales, es decir, en circunscripciones en las que se elige a un solo diputado, es el que rige en las principales democracias representativas, como por ejemplo: Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda….etc. Cada ciudadano tiene su representante político que es el diputado elegido en su circunscripción y a través de él puede participar en las actividades parlamentarias comunicando sus ideas y propuestas, que pueden ser determinantes en la medida en que el representante político considere que tienen aceptación mayoritaria en su circunscripción.

La aplicación de este sistema electoral en España supone dividir el censo en 350 circunscripciones electorales, de forma que el censo electoral que a fecha 1 de marzo de 2011 era de 35.615.336 (incluyendo residentes en el extranjero), quedaría integrado por 350 circunscripciones electorales de 101.758 electores cada una, en las que se elige a un único representante.

El diputado elegido en cada circunscripción sería directamente responsable ante sus electores de todas y cada una de las acciones y propuestas legislativas que desarrollara en la cámara legislativa así como del uso de su voto como diputado. Si el diputado no es consecuente con la línea de actuaciones que apoyan de forma mayoritaria sus electores, su posición como representante se debilita y o bien no es reelegido o acaba siendo sustituido durante la legislatura si la circunstancia se plantea de forma mayoritaria en la circunscripción. La disciplina de partido no es determinante y queda supeditada al interés de los electores de la circunscripción.

El representante político elegido en cada circunscripción debe mantener un contacto directo con todos los electores de la circunscripción a través de una oficina del diputado, o por e-mail, o directamente por teléfono. Por su propio interés tiene que atender a todos, pues aparte de ser su obligación legal, no sabe de cada ciudadano si es o no es uno de sus votantes ni la influencia que tiene en el vecindario.

Con este sistema de representación y participación, cada ciudadano puede participar si lo desea, por si mismo o asociado con otros electores de la circunscripción, en todas y cada una de las materias que se debatan y voten en el Congreso. También puede desentenderse y limitarse a votar cada cuatro años, que es lo único que actualmente podemos hacer en España ante la falta de representación existente.

Este sistema electoral de circunscripción uninominal es denostado por los partidos que son minoritarios en casi toda la geografía, porque tendrían una representación casi nula, pero los que tienen que estar representados no son los partidos sino los ciudadanos. Para los partidos nacionalistas este sistema es prácticamente neutro porque en sus regiones tendrían también apoyo similar los diputados que presenten.

Con este sistema se consiguen además amplias mayorías para gobernar, pero siempre con la amenaza de poder perder rápidamente ese apoyo mayoritario si se extiende el descontento entre los ciudadanos. Es preferible un gobierno fuerte con una amplia mayoría siempre amenazada, que un gobierno débil que tiene que comprar caras las votaciones y que sin embargo no tiene amenazada su continuidad aunque sea odiado por la mayoría de los ciudadanos.

Con este sistema las minorías están también mejor representadas porque pueden defender sus ideas circunscripción por circunscripción y asunto por asunto, y no como ocurre en la actualidad que las causas minoritarias no son atendidas por nadie, porque los partidos minoritarios defienden sus propias causas y no las puntuales de ciudadanos concretos.

Este sistema no es en vano el que han adoptado las democracias de los países más avanzados, o quizás son los más avanzados por tener este sistema de representación y participación. En España debería ser debatido con urgencia porque es la piedra angular de los problemas de agotamiento político, económico y social que padecemos.

Gobierno de concentración

En las circunstancias actuales las cuestiones ideológicas pasan a segundo plano y lo que hace falta es un gobierno de concentración porque lo que está planteado es la supervivencia. Las decisiones de gobierno tienen que ser necesariamente drásticas y la forma más eficaz de ejecutarlas es con el respaldo de una amplia mayoría, la que solo puede alcanzarse con un gobierno de concentración. La eliminación del déficit, el crecimiento de la economía y el sistema electoral serían las cuestiones más urgentes.

La eliminación del déficit tiene que abordarse con el criterio de no gastar más de lo que se ingresa, no solo legislando en consecuencia sino también recortando lo que haga falta los presupuestos del Estado. No se puede conseguir el objetivo con medidas parciales de simple efecto mediático o con medidas destinadas a dar confianza a los mercados. Es preciso cortar gastos de forma efectiva y contundente para eliminar el déficit con urgencia.

El crecimiento de la economía puede verse comprometido por las medidas de reducción del gasto, por lo que hay que adoptar también medidas urgentes para relanzar las actividades productivas y mercantiles. Un flexibilización total del mercado laboral, aunque de momento fuera por un determinado periodo de tiempo, facilitaría que se emprendieran nuevos negocios.

La disponibilidad de internet con ADSL en todas las zonas rurales facilitaría también el emprendimiento de nuevos negocios que en zonas urbanas no son viables y contendría una nueva ola de migración de gente que no puede prescindir de esta infraestructura. Quizás podría imponerse como medida regulatoria a los concesionarios de servicios telefónicos, en lugar de endosarles cargas ajenas como es la compensación a la televisión estatal por la pérdida de ingresos publicitarios.

La reforma del sistema electoral es un paso previo necesario para la regeneración democrática del sistema político. Un sistema basado en circunscripciones uninominales, que es el que tienen las principales democracias, permitiría que hubiera representación política y participación de los ciudadanos. Proporcionaría además amplias mayorías de gobierno sin que por ello deje de estar el gobierno vigilado e incluso amenazado por los ciudadanos. También es el sistema que mejor garantiza la defensa de los intereses minoritarios.

Estando representados los ciudadanos y existiendo un cauce de participación, las demás reformas legislativas vendrán por añadidura como fruto de la voluntad ciudadana y no como imposiciones del gobierno de turno.

Excesos verbales de altos responsables

De vez en cuando aparecen en los medios declaraciones imprudentes con excesos verbales de altos responsables que tienen a su cargo instituciones importantes. Estas declaraciones no son consideradas por el entorno político-social como opiniones de una determinada persona sino como expresión formal de la institución que dirige de la que es dirigente y portavoz.

Cuando un alto responsable es apartado de la institución que dirige, sus opiniones dejan de tener importancia, igual que les ocurre a ellos mismos. Dicen que el primer síntoma de la irrelevancia en la que cae un cesado es que dejan de sonar los teléfonos. Es decir que ni siquiera les piden ya opinión.

Pero un alto cargo en ejercicio habla por boca de la institución que dirige y tiene que ser responsable de las consecuencias que sus declaraciones pueden generar. Un ejemplo son las conclusiones de la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional de que los riesgos para la economía mundial están aumentando, expresadas en su discurso del pasado día 27 de agosto en Jackson Hole y enfatizadas en unas declaraciones al semanario Der Spiegel advirtiendo del riesgo de una recesión mundial.  Sus palabras fueron en gran medida la causa de un desplome del 5% de los mercados de renta variable.

No se entiende como puede ser tan radical una persona que acaba de llegar al cargo y se supone no tiene por lo tanto maestría suficiente para ser tan concluyente ni para endosar las opiniones e informes que le suministren. Pero aunque tuviera firme convencimiento de sus conclusiones, tendría que guardarlas para sí y expresarse con moderación y prudencia, como suelen hacerlo los responsables de los bancos centrales. Igual que si tiene exceso de gases los contiene sin evacuarlos en público.

Se supone que una persona de este nivel no actúa por interés personal, pero también tendría que tener en cuenta lo de la mujer del César, máxime si tiene cuestiones pendientes con la justicia.

Las Ideologías

Las ideologías están orquestadas por centros de poder para servir a sus intereses. Están destinadas a colonizar la inteligencia emocional de la gente para que no piensen en los problemas de la vida diaria con criterio propio. Utilizan como vehículo de sus mensajes la formación desde edades tempranas, la comunicación mediática y la demagogia política.

Sin embargo, la realidad de la vida diaria de las personas está muy alejada de las cuestiones ideológicas y los problemas que los ciudadanos tienen a diario no se resuelven con idearios políticos, salvo que se trate de un político que vive de ellos. Máxime si la única intervención política que puede tener un ciudadano es votar cada cuatro años.

Las cosas que realmente afectan de forma determinante la vida de las personas son las cuestiones económicas y sociales. La ideología que debe de seguir de forma prioritaria un gobernante es ser austero, honrado, administrar prudentemente el bien común, desarrollar proyectos que cuenten con muy amplia mayoría, practicar la justicia social y no perpetuarse en el poder.

Salirse de estos parámetros es entrar en el juego de los intereses de los partidos, y en los negocios que se cuecen en sus alrededores, que no benefician al ciudadano sino a los que viven de medrar en la política.

Equilibrio presupuestario

Es una vergüenza que se tenga que reformar la Constitución para que en España haya equilibrio presupuestario. Mas vergüenza todavía es que los partidos regionalistas, los de Izquierda comunista, los sindicatos, los indignados y otros grupos marginales, consideren que lo normal
es gastar más de lo que se puede y que para tener equilibrio presupuestario tiene que aprobarse en referéndum.

El referéndum lo tenían que haber convocado en su día para que los ciudadanos aprobaran gastar más de lo que se puede y acumular tanto déficit y tanta deuda.

Los dos sindicatos más importantes están en contra de la reforma constitucional , seguramente porque barruntan que el ajuste presupuestario les pueda recortar las generosas subvenciones que reciben. Critican que sea Alemania el promotor de la reforma, quizás porque pueden llegar a pedir que los sindicatos españoles sean como los alemanes, que se financian exclusivamente con las cuotas de sus miembros.

Tanto los sindicatos como lo partidos de izquierda comunista señalan que el equilibrio presupuestario es ideología de derechas, cuando el alto déficit y la deuda elevada conducen al encarecimiento del crédito, al paro, a subidas de impuestos y a recortes sociales, todo ello afectando a los sectores más débiles de la sociedad como hemos podido comprobar. El equilibrio no tiene ideología, como tampoco la tiene la ley de la gravedad o el ángulo recto.

Vergüenza dan también los partidos nacionalistas que consideran que no hay que hacer la reforma pero están dispuestos a considerarla positiva si se la compran. Los canarios quieren un régimen especial, los catalanes decidir ellos el déficit y limitar la solidaridad entre comunidades autónomas, los vascos autodeterminación. No les importa que sea bueno o malo para España y sus ciudadanos.

Menos mal que por una vez se han puesto de acuerdo los dos partidos mayoritarios. A España le conviene tener gobiernos mayoritarios y todo cambiaría en esa dirección si el sistema electoral estuviera basado en circunscripciones uninominales. Además estaría garantizada la representación y participación de los ciudadanos y los intereses minoritarios estarían mucho mejor defendidos. Aquí sí que tendría que haber un referéndum para dar la oportunidad a los ciudadanos de aprobar este sistema electoral.