Estos días uno de los dos grandes partidos políticos ha destituido al director de una de sus fundaciones, financiada con dinero público, por embolsarse miles de euros por columnas periodísticas que él mismo proporcionaba a la fundación bajo seudónimo. Toda la prensa destaca esta pillería, pero nadie comenta la mayor de para que narices los ciudadanos tenemos que pagar con dinero público la existencia y funcionamiento de dicha fundación.
Echando un vistazo en la web a las fundaciones de los partidos políticos uno saca la conclusión, que muy posiblemente sea acertada, de que no sirven para otra cosa que para hacer propaganda y colocar a allegados, familiares y amiguetes de los dirigentes. Además, las fundaciones crecen hacia abajo y al menos una de ellas aglutina a tres institutos que dependen también de las subvenciones de los presupuestos del Estado.
El jefe del sujeto destituido por la pillería antes comentada, se apresuró a indicar que era todo legal, lo que cabe interpretar que si las columnas periodísticas las hubiera facturado un amigo suyo, en lugar de él mismo bajo seudónimo, todo estaría bien hecho y el sujeto hubiera seguido en su puesto. No se le pasó por la cabeza que las fundaciones de los partidos como el suyo no aportan nada relevante al bien común y lo que hacen no justifica dedicar dinero público a su financiación.
La cuestión ética no hay que empezar por aplicarla a pillerías ocasionales, sino a la cuestión mayor de malgasto del dinero público en fundaciones innecesarias de las que se benefician personas del entorno de los dirigentes de los partidos políticos.
No se entiende que en Europa los Estados Miembros hagan grandes esfuerzos en legislar la unidad monetaria, la unidad fiscal, la unidad bancaria…etc., y no se preocupen en absoluto de exigir que en el territorio de la Unión Europea existan las bases democráticas fundamentales sin las cuales no debería permitirse la integración ni la permanencia en el proyecto europeo.
Las subvenciones a partidos políticos, a sindicatos y a patronales, son subvenciones incondicionales que una vez recibidas las aplican a gastos a criterio de quienes las reciben sin ningún control posterior de cuál ha sido su uso o su rendimiento. Cuando se concede una subvención a una asociación con objetivos concretos determinados, siempre queda el recurso de analizar la obra realizada para ver en qué medida la subvención ha sido eficiente para el interés común. Pero un partido político solo tiene como objetivo obtener una cuota de poder político a través de las elecciones.
El Manifiesto que acaba de publicar el 
La historia de los países democráticos deja traslucir que los calvos no son buenos candidatos electorales. No se conoce exactamente porqué, pero los calvos parece que inspiran desconfianza entre los electores cuando tienen que elegir a un líder político. Un calvo en la cabecera de una lista electoral puede penalizar los resultados en torno a un diez por ciento, lo suficiente para estar en la oposición.
Antes de generalizarse el uso de la informática veíamos la escena del Ministro de Hacienda de turno llegando al Congreso con un cargamento de documentos para someter los presupuestos a aprobación. Ahora el ministro enseña simplemente un «pen-drive» en el se supone incluye toda la información. Si en efecto la contabilidad del Estado está totalmente computarizada, podría subirse a la nube y ponerla a disposición de los ciudadanos para que haya transparencia en el gasto público. Con ello los ciudadanos que así lo deseen estarían en condiciones de analizar los presupuestos y de conocer como se gastan el dinero los administradores del erario público.
La Presidenta del partido Popular de Madrid propuso ayer un referéndum sobre subvenciones a los sindicatos, pero puestos a convocar un referéndum habría que incluir en la pregunta las subvenciones a los partidos políticos y a las patronales. Como reciben cuantiosas subvenciones no necesitan concentrarse en defender los derechos de los trabajadores ni que estos se afilien. Administran sobre todo su propio «negocio» y se dedican a las «batallas» ideológicas a favor o en contra del Gobierno, según quien gobierne. A los trabajadores y sobre todo a los parados, que los zurzan. Lo mismo sucede con las patronales, que deberían vivir exclusivamente de sus representados y no del dinero de los ciudadanos, dinero que pasa desapercibido en su caso porque no generan algarabías en la calle.
Economía, ideología y separatismo son prioridades que al parecer son irreconciliables.
En Cataluña han quedado las cosas mas o menos igual con dos mayorías imposibles. Por un lado hay una mayoría de derechas que suma 78 diputados que se rompe porque 50 de ellos son separatistas. Por otro lado hay una mayoría separatista que suma 87 diputados que se rompe porque están divididos en 50 de derechas y 37 de izquierdas.
La pasada huelga general ha escenificado la realidad de unos sindicatos decadentes que pretenden retrotraernos al siglo XIX. Los sindicatos decadentes, llamados sindicatos de clase, tienen solamente una afiliación del 16% y por lo tanto escasa representatividad y las cuotas de sus afiliados no cubren ni el 10% de sus gastos, por lo que se financian con dinero público. Con tan escasa representatividad, los sindicatos decadentes convocaron la huelga con la absurda pretensión de que el Gobierno, que tiene mayoría absoluta, convocara un referendum sobre las reformas en curso.